Un estudio internacional realizado por investigadores de la Universidad ORT Uruguay concluye que la violencia letal no es una consecuencia automática del crimen organizado. El nivel de homicidios asociado a los mercados ilegales depende, entre otros factores, de la necesidad de controlar territorios, las rutas utilizadas, la organización del negocio y de si matar perjudica o favorece la actividad criminal.

La investigación fue elaborada por Gonzalo Croci y Joaquina Pérez, del Centro de Criminología y Seguridad Internacional de la Universidad ORT Uruguay, y analizó información correspondiente a 95 países entre 2021 y 2025. Los investigadores utilizaron diferentes modelos estadísticos para estudiar la relación entre los mercados ilegales y las tasas de homicidio.

El principal hallazgo modifica una idea extendida sobre el crimen organizado: no todos los negocios ilegales producen el mismo nivel de violencia. Algunos necesitan disputar territorios, rutas y puntos estratégicos, mientras que otros pueden funcionar mediante redes comerciales, corrupción, engaño o explotación sin recurrir sistemáticamente al asesinato.

El tráfico de armas fue el mercado que presentó la asociación más fuerte y consistente con los homicidios en los países y períodos analizados. Su importancia no se limita a la violencia generada directamente por el propio negocio, ya que la disponibilidad de armas puede aumentar la letalidad de los conflictos producidos por otros mercados criminales.

El narcotráfico de cocaína también aparece estrechamente relacionado con mayores niveles de violencia. Según el estudio, una de las razones es la estructura geográfica del negocio: la cocaína necesita conectar zonas de producción, corredores de tránsito, puertos y centros de distribución, lo que convierte determinados puntos estratégicos en espacios de disputa entre organizaciones.

Cuando diferentes grupos criminales compiten por el control de esas rutas o territorios, la violencia puede convertirse en un mecanismo para imponer condiciones, eliminar competidores o resolver disputas.

Este patrón ayuda a explicar por qué el narcotráfico puede producir niveles de homicidio mucho mayores que otros mercados ilegales. No se trata solamente de que la actividad sea ilegal, sino de cómo está organizada y de los recursos que necesita controlar para funcionar.

El estudio encontró, en cambio, una relación diferente en los mercados de heroína y drogas sintéticas, que presentaron una asociación negativa con los homicidios dentro de los modelos analizados. Los investigadores plantean que estos mercados pueden operar mediante estructuras que requieren menos disputas territoriales abiertas.

En el caso de la heroína, los autores señalan que algunas rutas pueden mantenerse mediante relaciones comerciales estables y mecanismos de gobernanza apoyados en la corrupción, reduciendo la necesidad de enfrentamientos violentos por el control territorial.

Las drogas sintéticas presentan otra característica. Su producción puede realizarse en laboratorios móviles o instalaciones pequeñas, incluso en viviendas o galpones, lo que reduce la necesidad de controlar grandes extensiones de territorio para mantener la actividad.

El resultado no significa que estos mercados sean menos dañinos para la sociedad. Significa que su impacto puede manifestarse de otra manera y no necesariamente mediante homicidios.

Esta distinción es uno de los aspectos centrales del estudio. Si los gobiernos evalúan exclusivamente la seguridad mediante las estadísticas de asesinatos, existe el riesgo de que determinadas actividades criminales permanezcan fuera de las prioridades porque generan menos sangre, pero pueden producir enormes ganancias y daños sociales.

Entre los mercados que no mostraron una asociación sistemática con la violencia letal aparecen la trata de personas, el tráfico de migrantes y la extorsión. En estos casos, los investigadores consideran que matar puede ser incluso perjudicial para el propio negocio.

En la trata de personas, por ejemplo, la organización criminal necesita mantener con vida y bajo control a las víctimas para continuar obteniendo beneficios. Un homicidio puede eliminar precisamente el recurso humano del que depende la actividad criminal y, además, aumentar la posibilidad de una respuesta policial y judicial.

Esto no significa que la trata, la extorsión o el tráfico de migrantes sean actividades pacíficas. Pueden incluir amenazas, coerción, explotación, violencia física y corrupción, aunque no necesariamente produzcan las mismas tasas de homicidio que una disputa territorial entre organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El estudio propone analizar el fenómeno mediante un concepto denominado “gobernanza de mercado”, que permite observar cómo funcionan internamente las diferentes economías criminales y qué condiciones determinan el uso de la violencia.

La investigación considera especialmente importantes tres elementos: el grado de control territorial necesario, la organización logística del negocio y la exposición a la persecución del Estado.

Esta perspectiva puede resultar especialmente relevante para Uruguay, un país que en los últimos años ha enfrentado una creciente preocupación por el vínculo entre narcotráfico, crimen organizado y homicidios.

Un diagnóstico del propio Ministerio del Interior había señalado que aproximadamente una quinta parte de los homicidios registrados durante el último trienio estaba directamente asociada al tráfico de estupefacientes, mientras otro porcentaje presentaba características similares aunque sin un móvil esclarecido.

El informe oficial también había advertido sobre la expansión de redes criminales y mercados ilegales, así como sobre el uso de la violencia para resolver disputas, controlar territorios o disciplinar socialmente a determinados sectores.

El nuevo estudio de la ORT aporta una perspectiva complementaria: combatir el crimen organizado no debería significar únicamente reducir los homicidios, sino también identificar las actividades que sostienen financieramente a las organizaciones criminales.

Esto puede cambiar la manera en que se diseñan las políticas de seguridad. Una operación que reduzca los asesinatos en determinada zona puede ser positiva, pero no necesariamente significa que la economía criminal haya desaparecido.

Una organización puede disminuir la violencia visible y, al mismo tiempo, mantener actividades relacionadas con lavado de activos, corrupción, trata de personas, contrabando, extorsión o tráfico de mercancías.

El dinero generado por esos mercados puede posteriormente financiar otras actividades criminales.

Los investigadores advierten precisamente sobre esa posibilidad: los mercados menos violentos pueden convertirse en una parte silenciosa de la economía criminal, porque generan importantes beneficios sin producir necesariamente las imágenes de violencia que dominan la agenda pública.

El lavado de activos constituye uno de los ejemplos más importantes. Puede facilitar que las ganancias obtenidas por diferentes actividades ilegales ingresen al sistema económico formal y sean utilizadas posteriormente para financiar nuevas operaciones.

El estudio menciona el caso de Panamá, donde existe una elevada exposición a flujos financieros ilícitos que pueden sostener otras economías criminales sin que necesariamente se traduzcan directamente en homicidios.

En este sentido, la ausencia de cadáveres no significa ausencia de crimen organizado.

Esta conclusión tiene especial importancia para América Latina, donde la discusión sobre seguridad suele concentrarse en los homicidios, los ajustes de cuentas y las disputas entre bandas.

El problema es que una economía criminal puede adaptarse. Si aumenta la presión policial sobre un determinado mercado, las organizaciones pueden modificar sus métodos, trasladar operaciones o concentrarse en actividades menos visibles.

Por eso, el estudio plantea la necesidad de ampliar la mirada sobre el fenómeno criminal y analizar tanto las actividades violentas como aquellas que generan grandes beneficios sin recurrir permanentemente al asesinato.

La investigación también aporta elementos para comprender por qué determinadas zonas geográficas se convierten en escenarios de violencia. Cuando un mercado necesita controlar un territorio, una ruta de transporte, un puerto o un punto de distribución, ese espacio adquiere un valor estratégico para las organizaciones criminales.

La disputa por ese valor puede generar enfrentamientos que terminan afectando no solamente a los delincuentes involucrados, sino también a comunidades enteras.

En el caso de la cocaína, por ejemplo, los corredores internacionales pueden convertirse en puntos de presión entre organizaciones que buscan controlar el tránsito de la droga.

Esto explica por qué la geografía del crimen organizado es tan importante como su dimensión económica.

Uruguay ocupa una posición particular dentro de las rutas regionales debido a su infraestructura portuaria y su ubicación entre grandes mercados sudamericanos. Las autoridades han advertido en diferentes oportunidades sobre la utilización del país como territorio de tránsito y sobre el crecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Pero el estudio de la ORT plantea que la respuesta no puede concentrarse exclusivamente en interceptar cargamentos o perseguir a los autores materiales de los homicidios.

También es necesario investigar quién financia las operaciones, cómo se mueve el dinero, qué empresas o estructuras pueden ser utilizadas para lavar ganancias y qué redes permiten que las organizaciones mantengan sus actividades.

La investigación también llama la atención sobre la trata de personas. Según datos citados en el artículo, el Informe sobre la Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Uruguay en el Nivel 2 y registró 286 víctimas identificadas durante 2024, frente a 208 en 2023.

El aumento de víctimas identificadas demuestra que la ausencia de homicidios asociados a un mercado no significa ausencia de víctimas.

Por el contrario, determinadas actividades pueden producir daños humanos profundos y prolongados, aunque no generen una ola visible de asesinatos.

Esta es precisamente la diferencia entre violencia letal y daño criminal. Un mercado puede ser extremadamente rentable y perjudicial para la sociedad sin convertirse en una fuente importante de homicidios.

La conclusión obliga a pensar la seguridad pública de una manera más amplia.

Reducir los asesinatos es indispensable, pero no suficiente para desarticular el crimen organizado.

Las autoridades también necesitan atacar las estructuras económicas que permiten que las organizaciones criminales sobrevivan, se financien y se expandan.

Esto incluye fortalecer las investigaciones financieras, combatir el lavado de activos, mejorar el intercambio de información entre organismos y profundizar la cooperación internacional.

En América del Sur, donde las organizaciones criminales pueden operar simultáneamente en varios países, la cooperación regional resulta especialmente importante.

Una red puede producir, transportar, almacenar, vender y lavar dinero en diferentes jurisdicciones. Una política de seguridad limitada a un solo territorio puede tener dificultades para desarticular una estructura de ese tipo.

El análisis de los investigadores de la ORT también permite comprender por qué algunas organizaciones optan por la corrupción en lugar de la violencia abierta.

Cuando un grupo criminal consigue garantizar rutas, protección o acceso a determinados mercados mediante sobornos y relaciones clandestinas, puede tener menos incentivos para utilizar la fuerza.

Desde el punto de vista del Estado, esto plantea un desafío diferente: la corrupción puede ser menos visible que un homicidio, pero puede permitir que una estructura criminal funcione durante años.

El estudio sostiene, por ello, que las políticas contra el crimen organizado deben considerar tanto los mercados que generan violencia como aquellos que producen ganancias, corrupción y explotación con menor visibilidad pública.

Para Uruguay, la discusión resulta particularmente relevante porque el país busca enfrentar simultáneamente el problema de los homicidios y la expansión de las economías criminales.

El narcotráfico continúa siendo una de las principales preocupaciones debido a su relación con la violencia. Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado no puede terminar cuando disminuyen los homicidios.

También será necesario medir la capacidad del Estado para impedir que las organizaciones acumulen dinero, penetren instituciones, controlen mercados o exploten personas.

El verdadero desafío consiste en desarticular la economía criminal, no solamente sus manifestaciones más sangrientas.

El estudio realizado por investigadores uruguayos aporta así una conclusión que puede resultar útil para toda la región: el crimen organizado no tiene una única forma de operar.

Algunas estructuras necesitan armas, territorios y rutas; otras dependen de redes financieras, corrupción, engaño o explotación.

Todas pueden producir daños, pero no necesariamente dejan el mismo rastro de violencia.

Por eso, observar solamente los homicidios puede ofrecer una imagen incompleta de la dimensión real del crimen organizado.

El mercado ilegal que no dispara también puede ser una amenaza. Puede lavar dinero, corromper funcionarios, explotar personas, financiar otras organizaciones y sostener una economía criminal que permanece fuera de los titulares.

La investigación de la Universidad ORT Uruguay plantea precisamente la necesidad de mirar ese “lado silencioso” del crimen organizado, donde el daño puede ser profundo aunque la sangre no llegue a las calles.

Para las autoridades, el desafío será desarrollar políticas capaces de perseguir simultáneamente la violencia visible y las estructuras económicas invisibles que permiten que el crimen organizado continúe funcionando.

En Uruguay y en el resto de América Latina, esa mirada puede ser determinante para pasar de una política centrada en reaccionar ante los homicidios a una estrategia destinada a prevenir, desarticular y debilitar las economías criminales desde su origen financiero y logístico.