Piden remover a juez de Curuguaty por irregularidades en causa ambiental

El Fiscal Acusador del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Celso Ayala, solicitó la remoción del juez Penal de Garantías de Curuguaty Ramón Alberto Florentín al sostener que incurrió en graves irregularidades durante la tramitación de una causa por delitos ambientales relacionada con la deforestación de casi 50 hectáreas.

El pedido fue formulado durante los alegatos finales del proceso disciplinario impulsado de oficio por el JEM. Durante su exposición, el acusador refutó el descargo presentado por la defensa y sostuvo que la ausencia de objeciones de las partes en el proceso original no convierte en legales las actuaciones que contravengan las normas procesales. Aclaró que el cuestionamiento no apunta a la facultad del magistrado para modificar la calificación jurídica de un hecho, sino a que ese cambio y las posteriores salidas procesales fueron dictados, según afirmó, en abierta inobservancia del artículo 125.

Añadió que las actuaciones documentadas en el expediente, sumadas al reconocimiento del propio juez sobre incumplimientos de plazos procesales, constituyen elementos suficientes para acreditar el mal desempeño.

Múltiples causales atribuidas al magistrado

La acusación encuadró la conducta de Florentín en el artículo 14, incisos b y g, de la Ley 6814/2021, al atribuirle un grave y reiterado incumplimiento de obligaciones y garantías constitucionales y procesales, además de una manifiesta parcialidad e inobservancia de la ley durante el ejercicio de la función jurisdiccional.

Para fundamentar la remoción prevista en el artículo 34 de la misma norma, el Fiscal Acusador estructuró su argumentación sobre tres ejes: gravedad, reiteración y reprochabilidad.

Respecto a la gravedad, sostuvo que las decisiones cuestionadas afectaron directamente la administración de justicia y comprometieron el juzgamiento y la reparación del daño ocasionado por la deforestación de casi 50 hectáreas.

En cuanto a la reiteración, calificó el caso como «prácticamente inédito», al afirmar que en un mismo expediente se verificaron múltiples causales de mal desempeño, reflejadas —según su exposición— en un «colapso total del hilo lógico» y una «incongruencia absoluta» entre las resoluciones dictadas.

Sobre la reprochabilidad, argumentó que el nivel es particularmente elevado debido a que el magistrado conocía plenamente sus obligaciones legales y, aun así, habría omitido voluntariamente su cumplimiento.

El proceso disciplinario se originó a partir de una investigación iniciada de oficio por el JEM tras recibir antecedentes sobre la actuación del magistrado en una causa ambiental. Entre los cuestionamientos figuran la modificación de la calificación jurídica del hecho durante la audiencia preliminar y la adopción de salidas procesales que, según la acusación, fueron concedidas sin respetar las exigencias legales aplicables.