Corte penal Internacional, Imagen WEBP
La ofensiva de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional ha entrado en una nueva fase y comienza a proyectarse con fuerza sobre América Latina. Washington no solo ha impuesto sanciones contra altos funcionarios del tribunal, sino que ahora está instando directamente a gobiernos de la región a tomar distancia de la CPI, en una disputa que pone sobre la mesa el futuro del multilateralismo y que podría obligar a Colombia a definir una posición.
El origen de esta escalada puede rastrearse hasta un documento elaborado en Israel. El 10 de mayo de 2024, durante una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el entonces embajador israelí ante la organización, Gilad Erdan, protagonizó una de las escenas más llamativas de aquella jornada al introducir una copia de la Carta de Naciones Unidas en una pequeña trituradora eléctrica instalada frente al podio.
Erdan protestaba contra una resolución que pedía al Consejo de Seguridad reconsiderar la solicitud de membresía plena de Palestina en Naciones Unidas y acusaba a los países que respaldaban la iniciativa de mantener una posición hostil hacia Israel. La resolución terminó siendo aprobada por 143 votos a favor y nueve en contra, entre ellos los de Estados Unidos e Israel.
Más de dos años después, el nombre de Erdan vuelve a aparecer en el centro de una controversia internacional, esta vez como uno de los autores de un documento que plantea una transformación radical de la relación de Estados Unidos con Naciones Unidas y con varias instituciones del sistema multilateral.
El 17 de junio de 2026, el Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, con sede en Jerusalén, publicó un informe de 52 páginas titulado “From UN Bureaucracy to American Global Leadership: A Strategy for Advancing American Interests by Disengaging from a Failed UN”. El documento propone una estrategia de ruptura progresiva con buena parte de la arquitectura internacional construida alrededor de Naciones Unidas.
El informe fue elaborado por Asher Fredman, director ejecutivo del instituto y antiguo responsable para Israel del Abraham Accords Peace Institute, y por Gilad Erdan, quien fue embajador de Israel ante Naciones Unidas entre 2020 y 2024 y también representante ante Estados Unidos.
Aunque el Misgav Institute se define como un centro de estudios independiente y no partidista, su dirección está en manos de Meir Ben Shabbat, quien ocupó el cargo de jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel durante el Gobierno de Benjamin Netanyahu. De acuerdo con registros citados por el diario israelí Haaretz, el instituto recibió más de dos millones de dólares en donaciones anónimas procedentes de Estados Unidos entre 2024 y 2025.
El documento no se limita a cuestionar a Naciones Unidas. Plantea una hoja de ruta que denomina “Disengage, Withdraw, and Replace”, es decir, desconectarse, retirarse y reemplazar. La propuesta contempla reducir o eliminar el financiamiento estadounidense a Naciones Unidas, abandonar buena parte de sus organismos y crear estructuras alternativas para desarrollar funciones que actualmente cumplen instituciones multilaterales.
Entre sus recomendaciones figura establecer en el Congreso estadounidense una presunción de financiamiento cero para Naciones Unidas, aceptar incluso la pérdida del voto estadounidense en la Asamblea General si ello permite reducir aportes a organismos considerados contrarios a los intereses de Washington, crear un grupo interinstitucional para organizar un eventual retiro y construir mecanismos alternativos en áreas como asistencia humanitaria, salud, tecnología y cooperación internacional.
El informe también propone utilizar la ayuda exterior y determinados beneficios diplomáticos como instrumentos de presión sobre otros gobiernos en función de su comportamiento dentro de las organizaciones internacionales.
Es precisamente allí donde aparece uno de los puntos más sensibles para América Latina: la Corte Penal Internacional.
El documento recomienda que Estados Unidos anime a otros países a abandonar, desfinanciar o enfrentarse a organismos internacionales que considera sesgados o corruptos, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos, la UNRWA y la Corte Penal Internacional. También plantea que Washington deje claro que la posición que adopten terceros países dentro de las organizaciones internacionales puede tener consecuencias.
Existe, sin embargo, una precisión jurídica fundamental. La Corte Penal Internacional no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Fue creada mediante el Estatuto de Roma, un tratado internacional independiente del que Estados Unidos nunca ha sido parte. Aun así, el informe la incorpora dentro de los mecanismos internacionales que, según sus autores, deben ser objeto de una estrategia de presión y replanteamiento.
La propuesta adquiere mayor relevancia porque coincide con una ofensiva que ya dejó de ser exclusivamente documental para convertirse en política oficial de Washington.
Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y contra el abogado litigante senior de la Fiscalía, el senegalés Abdoulaye Seye. La decisión fue anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio y contempla el congelamiento de cualquier activo que ambos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
Con esta nueva medida, Washington ha ampliado una campaña de sanciones que ya alcanza a varios integrantes de la Corte. La institución ha denunciado lo que considera un ataque directo contra su independencia, mientras gobiernos europeos han expresado su respaldo al tribunal.
La Casa Blanca ha defendido, por su parte, una política mucho más agresiva frente a la CPI, a la que acusa de actuar contra los intereses estadounidenses y de sus aliados.
La disputa dio un salto particularmente significativo el 12 de agosto, cuando el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se dirigió en Panamá a los países integrantes de la Americas Counter Cartel Coalition, una alianza de seguridad que reúne a gobiernos de América Latina y el Caribe.
Durante ese encuentro, Hegseth instó a los países participantes a retirarse de la Corte Penal Internacional y cuestionó el papel del tribunal al considerar que puede afectar la soberanía de los Estados.
Colombia ingresó esa misma semana a la coalición como su decimonoveno miembro.
El dato adquiere especial importancia porque Colombia es uno de los países latinoamericanos con una relación histórica particularmente estrecha con el sistema internacional de justicia. El país es Estado parte del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional forma parte del entramado jurídico internacional al que Colombia se encuentra vinculada.
Por ahora, Bogotá no ha hecho pública una respuesta frente al llamado estadounidense.
La ausencia de una posición oficial deja abierta una pregunta que puede adquirir mayor peso en los próximos meses: ¿hasta dónde está dispuesto Colombia a acompañar la estrategia de seguridad de Washington si esta implica apartarse de instituciones multilaterales de las que el país forma parte?
La discusión no es solamente jurídica. También es diplomática y política.
Para Estados Unidos, la CPI representa un organismo que, según la actual Administración, ha excedido sus competencias y ha actuado contra Washington y sus principales aliados. Para los defensores del tribunal, en cambio, la independencia de la Corte constituye precisamente una de las garantías centrales para investigar crímenes internacionales cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
El debate llega ahora a una región históricamente vinculada con la defensa del multilateralismo y con una larga tradición de respaldo al derecho internacional.
Y Colombia, por su posición estratégica en América Latina, su relación con Estados Unidos y su condición de Estado parte del Estatuto de Roma, podría convertirse en uno de los países donde esa tensión se haga más visible.
La pregunta que comenzó en Washington y Jerusalén ya está llegando a Bogotá. No se trata únicamente de decidir si Colombia respalda o rechaza una política estadounidense frente a la CPI. El verdadero dilema es mucho más amplio: definir qué lugar quiere ocupar el país frente al futuro del orden internacional y hasta dónde está dispuesto a llegar para preservar sus alianzas estratégicas sin renunciar a los compromisos multilaterales que ha asumido ante el mundo.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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