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La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente de tensión con la Corte Penal Internacional. En un encuentro de seguridad celebrado en Panamá, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a los países que integran la Coalición de las Américas contra los Cárteles a retirarse del tribunal y a rechazar lo que calificó como una amenaza contra la soberanía de los Estados.
“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y sus tribunales de su soberanía”, afirmó Hegseth durante su intervención ante representantes de defensa y seguridad de la región.
La declaración se produjo en un momento especialmente sensible para Washington. Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares contra organizaciones que identifica como redes de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, mientras la administración Trump busca ampliar la cooperación militar con gobiernos latinoamericanos para combatir lo que denomina “narcoterrorismo”.
La incorporación de Colombia a la coalición convirtió al país en su decimonoveno integrante. El anuncio fue realizado durante la reunión en Panamá, donde Hegseth también señaló que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella solicitó cooperación estadounidense para desarrollar operaciones militares conjuntas contra grupos armados y organizaciones criminales.
Los países que integran la coalición y a los que Washington dirigió su llamado son Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, además de Estados Unidos.
El reclamo de Hegseth tiene como telón de fondo la histórica posición de Washington frente a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma y no ha aceptado la jurisdicción general de la CPI. El propio Gobierno estadounidense ha sostenido durante años que el tribunal no puede ejercer autoridad sobre ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento, una posición que se mantiene frente a las investigaciones relacionadas con Afganistán y otros escenarios.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada para investigar y juzgar a personas acusadas de los crímenes internacionales más graves, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Su sistema se basa en el principio de complementariedad, por el cual los tribunales nacionales tienen la responsabilidad primaria de investigar y juzgar estos delitos y la CPI interviene en determinadas circunstancias cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo.
La confrontación entre Washington y la Corte no es nueva. Durante la administración Trump, Estados Unidos adoptó medidas contra funcionarios de la CPI en respuesta, entre otros asuntos, a investigaciones que involucraban a ciudadanos estadounidenses y a las actuaciones del tribunal relacionadas con Israel. En 2025, Washington volvió a endurecer su posición y anunció nuevas medidas contra la institución, al considerar que estaba excediendo sus competencias.
Ahora el enfrentamiento adquiere una dimensión regional. Hegseth sostiene que la CPI no debe tener capacidad para cuestionar las decisiones militares adoptadas por Estados Unidos ni las operaciones desarrolladas conjuntamente con sus aliados latinoamericanos.
La discusión cobra mayor relevancia por las operaciones estadounidenses contra embarcaciones que Washington identifica como vinculadas al tráfico de drogas. Según reportes recientes, esos ataques han dejado más de 200 muertos y han generado cuestionamientos sobre la legalidad de utilizar fuerza letal contra presuntos narcotraficantes sin procesos judiciales.
El Gobierno estadounidense defiende la estrategia como parte de una ofensiva contra organizaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional. Hegseth ha comparado a los grupos dedicados al narcotráfico con organizaciones terroristas y ha defendido el uso de capacidades militares para combatirlos. En abril, ante el Congreso estadounidense, afirmó que Washington estaba trabajando con 18 países del hemisferio para combatir a estas organizaciones.
La postura estadounidense, sin embargo, enfrenta críticas de sectores jurídicos y de derechos humanos que advierten sobre los límites del uso de la fuerza y sobre la necesidad de determinar las circunstancias concretas de cada operación. La discusión también alcanza a la Corte Penal Internacional, aunque hasta ahora no existe una denuncia formal ante el tribunal relacionada específicamente con los ataques a las embarcaciones mencionados en este contexto.
La petición de Hegseth coloca así a los gobiernos latinoamericanos ante una decisión política y jurídica de enorme alcance. Para Washington, abandonar la CPI significaría reforzar la autonomía de los Estados frente a un tribunal que considera extralimitado. Para los países que forman parte del Estatuto de Roma, en cambio, una eventual salida supondría romper con un sistema internacional de justicia al que se han comprometido mediante un tratado.
Colombia ocupa una posición particularmente relevante en esta nueva disputa. Su ingreso a la coalición impulsada por Washington coincide con un giro en la relación bilateral y con el anuncio de una cooperación militar más estrecha para enfrentar a grupos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
La presión de Estados Unidos sobre la CPI abre, de esta manera, un nuevo capítulo en la política de seguridad del continente. Lo que comenzó como una alianza para combatir a los cárteles se ha convertido también en un escenario de confrontación sobre soberanía, justicia internacional y los límites que deben regir las operaciones militares en América Latina.
La pregunta que queda sobre la mesa es si los 19 países de la coalición seguirán vinculados al sistema de justicia internacional creado por el Estatuto de Roma o si la presión de Washington terminará provocando una fractura regional alrededor de la Corte Penal Internacional.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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