Uruguay: el INBA busca una reforma para fortalecer su capacidad de sancionar el maltrato animal

El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) impulsa una reforma de su estructura y funcionamiento con el objetivo de contar con mayor autonomía, recursos y capacidad efectiva para hacer cumplir las normas de protección animal. El presidente del organismo, Esteban Vieta, sostiene que el actual sistema presenta dificultades para ejecutar las sanciones y que una parte del problema está en que las multas pueden quedar sin cobrar. La reforma busca modificar esa situación y darle al instituto herramientas que permitan que las infracciones tengan consecuencias concretas.

El planteo se produce en medio de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del INBA, creado para desarrollar políticas de protección, bienestar y tenencia responsable de animales. La propuesta de Rendición de Cuentas plantea transformar al organismo en una persona jurídica de derecho público no estatal, manteniendo su vínculo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero otorgándole mayores instrumentos para administrar recursos y ejecutar sus políticas.

Uno de los principales cambios está relacionado con el financiamiento. El proyecto contempla que determinados recursos que actualmente pasan por otras estructuras puedan ser administrados directamente por el INBA. Entre ellos aparece la tasa del 4% sobre la venta de raciones, cuyos fondos serían utilizados para fortalecer políticas de control de la población canina y felina y transferir recursos con mayor rapidez a intendencias y organizaciones vinculadas al bienestar animal.

La necesidad de contar con recursos propios está directamente relacionada con la capacidad de fiscalización. El INBA recibe denuncias por situaciones de maltrato y tenencia irresponsable, pero la existencia de una sanción económica no garantiza por sí misma que la persona infractora efectivamente la pague. La reforma pretende mejorar precisamente esa cadena entre denuncia, investigación, resolución y cobro.

Actualmente, la legislación uruguaya contempla distintas sanciones frente a las infracciones vinculadas con la protección animal. Pueden aplicarse apercibimientos, multas de entre 1 y 500 unidades reajustables, confiscación de animales, suspensión o cancelación de habilitaciones y prohibiciones temporales o definitivas de tenencia. La gravedad, la reincidencia y determinadas circunstancias de crueldad pueden actuar como agravantes.

El problema señalado por Vieta es que una multa que no se ejecuta pierde buena parte de su capacidad disuasoria. El objetivo de la reforma no es solamente aumentar las sanciones, sino conseguir que el Estado pueda hacer efectivo el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la autoridad competente.

La discusión también incluye una mayor presencia territorial. El INBA planteó incorporar 25 funcionarios en régimen de pase en comisión desde otros organismos públicos, con la intención de ampliar su capacidad operativa y llegar con mayor presencia a distintos puntos del país. Para un organismo que debe responder ante denuncias y controlar situaciones que ocurren fuera de Montevideo, la disponibilidad de personal constituye uno de los principales desafíos.

La reforma, sin embargo, generó cuestionamientos entre organizaciones protectoras de animales. Algunas entidades consideran que los cambios modifican de manera profunda la institucionalidad del INBA y cuestionan que las organizaciones protectoras puedan perder representación dentro de la estructura directiva. El debate, por lo tanto, no se limita al dinero o a las multas, sino también a quiénes participan en las decisiones sobre las políticas de bienestar animal.

Vieta también ha defendido una modificación más profunda del sistema de sanciones. Ante distintos casos de crueldad registrados en Uruguay, sostuvo que el maltrato animal debería ser incorporado como delito al Código Penal, porque considera insuficiente que determinados episodios graves terminen únicamente en una sanción administrativa.

La discusión tiene además una dimensión práctica. Uruguay cuenta con un sistema para recibir denuncias relacionadas con infracciones a la normativa de bienestar animal y tenencia responsable, y esas denuncias pueden ser presentadas ante las autoridades correspondientes. El desafío aparece después: investigar cada caso, reunir pruebas, determinar responsabilidades y garantizar que las decisiones puedan ejecutarse.

La reforma del INBA busca, en definitiva, transformar un organismo con competencias legales en una estructura con mayor capacidad real para ejercerlas. El objetivo es que una denuncia no termine simplemente en un expediente y que una multa no quede solamente como una resolución administrativa. Para eso, el instituto necesita recursos, funcionarios, mecanismos de fiscalización y herramientas jurídicas capaces de garantizar el cumplimiento de sus decisiones.

El debate continuará en el Parlamento dentro del tratamiento de la Rendición de Cuentas. Allí deberán definirse tanto la nueva estructura del INBA como sus mecanismos de financiamiento, su composición institucional y el alcance de sus facultades. El resultado determinará si Uruguay consigue fortalecer efectivamente su sistema de protección animal o si las dificultades de fiscalización y cobro de sanciones continúan limitando la aplicación de las normas existentes.