Por una ciudadanía responsable
Las plazas de nuestras ciudades son mucho más que simples porciones de tierra con pasto, bancos y faroles. Son el termómetro de nuestra salud civil, el punto de encuentro democrático donde coinciden el niño que aprende a andar en bicicleta, el trabajador que busca un respiro y el anciano que contempla el atardecer. Sin embargo, con alarmante frecuencia, estos espacios comunitarios se convierten en el blanco de conductas incomprensibles. Personas desadaptadas, movidas por un nihilismo destructivo, ensañan su frustración contra los bienes públicos pateando y manchando carteles, quebrando basureros, pintando monumentos y destrozando juegos infantiles.
Ante este panorama, suele escucharse una excusa peligrosa y reduccionista: «Es solo un banco de madera, no tiene tanto valor económico». Este argumento es una trampa moral. El verdadero valor de un bien público no se calcula mediante un inventario contable ni se mide en guaraníes; se mide en su función social. Cuando se destruye una hamaca en una plaza de barrio, no se están perdiendo unos pocos miles de guaraníes en hierro y pintura; se le está robando el derecho a la recreación a decenas de niños de la zona. Cuando se rompe una luminaria, lo que se destruye es la seguridad de los vecinos que transitan por allí de noche, regalándole ese espacio a la delincuencia. El daño material es mínimo comparado con la fractura del tejido social.
El verdadero costo del vandalismo: Destruir lo público es una contradicción social absoluta. Quien daña una plaza se daña a sí mismo, pues está destruyendo su propio patrimonio y el de su familia. Los fondos para reparar cada destrozo no caen del cielo: salen directamente de los impuestos de los contribuyentes.
Es hora de que las autoridades paraguayas dejen atrás la tibieza y la indiferencia que muchas veces caracterizan la gestión municipal y estatal. La legislación existe: el Código Penal castiga el daño a cosas de interés común y las ordenanzas municipales contemplan multas. Lo que falta es voluntad política, control riguroso y una aplicación ejemplar de la ley. No podemos seguir permitiendo que las reparaciones de las plazas céntricas de Asunción o de cualquier comunidad del interior se dilaten en burocracias eternas, dejando impunes a quienes las destruyen o las ocupan de forma violenta.
Las autoridades deben ser drásticas. Ser estrictos no significa únicamente llenar las cárceles; significa aplicar el principio de justicia restaurativa y ejemplaridad. Quien sea sorprendido vandalizando una plaza debe pagar el costo de la reparación de su propio bolsillo y, además, ser condenado a realizar trabajos comunitarios en ese mismo espacio: barriendo, plantando árboles o pintando lo que destruyó, bajo la mirada de la comunidad a la que ofendió. La impunidad solo alimenta el círculo vicioso del abandono. Si el ciudadano desadaptado no respeta el espacio común por educación, debe aprender a respetarlo por el temor a una sanción inevitable y severa. Cuidar nuestras plazas es defender nuestra propia dignidad colectiva.
En la ciudad de Asunción, la protección de las plazas y del mobiliario urbano está regulada principalmente a través de la Ordenanza Municipal Nº 219/19 (que regula los Juzgados de Faltas y el régimen general de sanciones), en concordancia con normativas específicas sobre medio ambiente, aseo urbano y patrimonio.
A continuación, se detallan los montos de las multas vigentes y un análisis crítico sobre su efectividad real en las calles de la capital.
El esquema de multas en Asunción
Para el municipio de Asunción, los actos de vandalismo o destrucción de infraestructura pública no reciben una tarifa fija única, sino que se categorizan según la gravedad del daño, el valor histórico del bien afectado y el grado de intencionalidad. Las sanciones se calculan en Jornales Mínimos Legales.
| Categoría de la Falta | Tipo de Daño Asociado | Rango de la Multa (en Jornales) | Monto Estimado (en Guaraníes) |
| Falta Leve | Descuido menor, desecho inadecuado de residuos en los canteros, maltrato leve de plantas sin destrucción. | Hasta 3 jornales | Hasta ~G. 320.000 |
| Falta Grave | Daños moderados al mobiliario, rotura intencional de bancos de madera, grafitis o pintatas en paredes secundarias. | De 4 a 10 jornales | De ~G. 430.000 a G. 1.070.000 |
| Falta Gravísima | Destrucción de monumentos, quema de cableados o luminarias, robo de rejas, o vandalismo en plazas del casco histórico. | De 11 a 20 jornales (pudiendo llegar a topes más altos según agravantes) | De ~G. 1.180.000 a G. 2.150.000+ |
Nota sobre la reincidencia: Según el reglamento de faltas de la comuna, si una persona vuelve a ser sancionada por el mismo hecho dentro de un plazo de dos años, la ordenanza estipula un recargo que va desde el 25% hasta el 100% del valor original de la multa.
¿Qué tan efectivas son estas ordenanzas?
A pesar de que los marcos regulatorios existen y contemplan sumas de dinero considerables, la percepción ciudadana y la realidad de los espacios públicos demuestran que la efectividad de estas multas es críticamente baja. Esto se debe a tres factores principales:
1. El dilema de la identificación (La falta de flagrancia)
Para que el Juzgado de Faltas Municipal pueda procesar a un infractor y aplicar la multa, este debe ser identificado plenamente o capturado en flagrancia (en el acto). Las plazas de Asunción sufren una notable carencia de sistemas de videovigilancia interconectados y de personal de la Policía Municipal de Vigilancia. Si un banco se rompe a la madrugada, no hay a quién notificar la multa.
2. Insolvencia de los infractores
En muchos casos, quienes producen destrozos severos o roban elementos de bronce y cables en las plazas son personas en situación de vulnerabilidad extrema o adicción. Al carecer de cuentas bancarias, bienes registrables o ingresos formales, las multas económicas se vuelven inaplicables e inútiles como mecanismo disuasorio.
3. Falta de articulación con el sistema penal
Históricamente, los destrozos municipales se trataban meramente como «faltas administrativas». Al no existir una comunicación fluida y automatizada entre la Municipalidad y la Fiscalía de Turno para derivar los casos de vandalismo directamente al plano penal (por daño a cosas de interés común), los infractores asumen que sus acciones no tendrán consecuencias reales.
La ley y las multas en papel no recuperan los espacios públicos; la impunidad crónica en las calles las convierte en letra muerta. Mientras destrozar lo que es de todos siga saliendo gratis debido a la falta de vigilancia y a la inacción de las autoridades, nuestras plazas seguirán pagando el precio del abandono. Proteger el patrimonio común exige pasar de la burocracia de los papeles a la rigurosidad de las sanciones ejemplares y el control efectivo en el terreno. Cuidar la plaza es defender la ciudad.
Desde mi punto de vista, las penas debieran ser más efectivas, y deberían incluir penas como venir a limpiar la plaza durante un año, todos los sábados y domingos, con control de la Comisión Vecinal, y en caso de incumplimiento se deberían iniciar sanciones más drásticas.
Wolfgang A. Streich
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ACERCA DEL CORRESPONSAL
WOLFGANG A. STREICH
Lic. en Periodismo - Lambaré, Paraguay
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