La pobreza en Paraguay no solo condiciona el acceso a la salud, la educación o el empleo; también influye directamente en la competencia política. Un análisis basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de las declaraciones juradas presentadas ante el Observatorio Nacional de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) revela una enorme brecha entre los recursos disponibles para las campañas en los municipios más pobres y los de mayor desarrollo económico. Mientras en los distritos con mayor pobreza multidimensional los candidatos prevén invertir, en promedio, 24,5 millones de guaraníes, en los municipios con mejores indicadores socioeconómicos el promedio asciende a 500 millones de guaraníes, una diferencia superior a veinte veces.

El estudio compara los cinco distritos con mayor incidencia de pobreza multidimensional de la Región Oriental con los cinco municipios que presentan los menores niveles de pobreza. La diferencia resulta contundente: en los distritos más vulnerables existen candidatos que proyectan campañas con presupuestos de apenas 1,5 millones de guaraníes, mientras que en las ciudades más desarrolladas algunos postulantes disponen de hasta 3.000 millones de guaraníes para financiar actividades proselitistas, publicidad, logística y movilización electoral.

Uno de los casos más representativos es el de Itacuá, en el departamento de Concepción, considerado el distrito con mayor incidencia de pobreza multidimensional de la Región Oriental, donde este indicador alcanza el 61,2 %. Allí, los principales candidatos a la Intendencia declararon presupuestos extremadamente reducidos para sus campañas, reflejando las limitaciones económicas de una población con bajos ingresos y escasa capacidad de financiamiento político.

En el extremo opuesto aparece Fernando de la Mora, en el departamento Central, identificado por el INE como uno de los municipios con menor nivel de pobreza. Allí los candidatos cuentan con recursos considerablemente superiores y desarrollan campañas mucho más visibles, con mayor presencia en medios de comunicación, redes sociales, cartelería, actividades públicas y equipos de campaña. La diferencia evidencia cómo el poder económico también condiciona las posibilidades de comunicación política durante los procesos electorales.

Los especialistas en sistemas electorales señalan que una campaña con mayores recursos no garantiza automáticamente la victoria, pero sí ofrece ventajas importantes. Un candidato con un presupuesto elevado puede contratar consultores, realizar estudios de opinión, invertir en publicidad digital, producir material audiovisual, organizar eventos, recorrer más comunidades y disponer de una estructura territorial más amplia. En cambio, quienes compiten en municipios con escasos recursos suelen depender del trabajo voluntario de simpatizantes y de campañas de contacto directo con los electores.

La situación también refleja las profundas desigualdades territoriales existentes en Paraguay. Los distritos con mayores índices de pobreza presentan menores niveles de actividad económica, menor recaudación tributaria y presupuestos municipales mucho más limitados. Como consecuencia, el financiamiento privado de campañas también resulta significativamente inferior. Este fenómeno genera un círculo complejo: los municipios más necesitados cuentan con menos recursos para elegir a sus autoridades y, posteriormente, esas mismas autoridades administran gobiernos locales con capacidades financieras muy reducidas.

Otro aspecto relevante es la relación entre el gasto electoral y el presupuesto municipal. En varios distritos pequeños, el monto invertido en una campaña puede representar una proporción considerable de los ingresos anuales de una familia promedio. En contraste, en ciudades de mayor desarrollo económico los recursos movilizados durante las campañas son mucho más elevados y provienen de una base empresarial y comercial más amplia, lo que facilita la captación de aportes privados dentro de los límites establecidos por la legislación electoral.

Expertos en transparencia consideran que la publicación de las declaraciones juradas de ingresos y gastos constituye un avance importante para el control ciudadano. El Observatorio Nacional de Financiamiento Político permite conocer cuánto prevé gastar cada candidato, quiénes financian las campañas y si posteriormente esos recursos fueron utilizados conforme a la legislación vigente. No obstante, organizaciones de la sociedad civil sostienen que aún es necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar que todos los aportes sean declarados y que no existan recursos provenientes de actividades ilícitas.

Desde una perspectiva más amplia, el estudio también plantea un debate sobre la igualdad de oportunidades en la competencia democrática. Aunque el voto de cada ciudadano tiene el mismo valor, las posibilidades de difundir propuestas, llegar al electorado y desarrollar una estructura política continúan estando estrechamente vinculadas a la capacidad económica de cada candidatura. Esta realidad no es exclusiva de Paraguay, pero adquiere especial relevancia en un país donde las diferencias de desarrollo entre municipios siguen siendo muy marcadas.

Con las elecciones municipales de 2026 en marcha, los datos muestran que la desigualdad económica también se refleja en la política. Mientras algunos candidatos deberán construir sus campañas con presupuestos mínimos y un fuerte apoyo comunitario, otros disponen de recursos suficientes para desplegar estrategias de comunicación mucho más sofisticadas. El desafío para el sistema democrático paraguayo será garantizar que esas diferencias económicas no limiten la pluralidad política ni reduzcan las oportunidades de representación de las comunidades con mayores niveles de pobreza.