Mientras el Mercosur celebra el primer mes de vigencia de su acuerdo con la Unión Europea, en el Palacio de Justicia de Luxemburgo un proceso judicial de consecuencias potencialmente determinantes para el futuro del tratado avanza con la discreción propia de los procedimientos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El 21 de enero de 2026, apenas cuatro días después de la firma del acuerdo en Asunción, el Parlamento Europeo adoptó una resolución pidiendo una opinión jurídica del TJUE sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados europeos. La votación fue de 334 a favor y 324 en contra, con 11 abstenciones, un margen de apenas diez votos que ilustra perfectamente la fragilidad política sobre la que descansa el mayor logro diplomático del bloque sudamericano. Aunque la referencia al TJUE no bloquea legalmente la aplicación provisional del acuerdo — que entró en vigor el 1.º de mayo por decisión de la Comisión Europea — la decisión de la Comisión de proceder con la aplicación provisional a pesar de la revisión judicial pendiente ha expuesto las divisiones institucionales dentro de la UE sobre el calendario, las salvaguardias legales y el control democrático del proceso de ratificación.
El Parlamento Europeo planteó al TJUE dos preguntas legales concretas y técnicas. La primera: si es legalmente válido dividir el acuerdo en dos instrumentos separados — el Acuerdo de Asociación (EMPA) y el Acuerdo Comercial Interino (ITA) — cuando el mandato original de negociación del Consejo de la UE preveía un único acuerdo comprehensivo. La segunda: si el llamado «mecanismo de reequilibrio», que permite a los países del Mercosur tomar medidas compensatorias si futuras leyes ambientales europeas reducen sus exportaciones, restringe la competencia de la UE para establecer sus propias políticas ambientales. Los procedimientos de opinión ante el TJUE típicamente demoran entre 16 y 25 meses. La Opinión 2/15 del TJUE sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur fue emitida en 22 meses. Esto significa que la opinión del TJUE sobre el acuerdo Mercosur-UE no se esperaría antes de mediados de 2027, lo que deja al acuerdo en un estado de limbo jurídico durante más de un año.
Para los exportadores del Mercosur que están tomando decisiones de inversión basadas en el nuevo marco arancelario, este limbo jurídico tiene consecuencias prácticas que ningún análisis oficial ha cuantificado de manera completa. El acuerdo provisional está en vigor y sus beneficios arancelarios son legalmente exigibles ante las aduanas europeas desde el 1.º de mayo. Pero para los proyectos de inversión de mediano y largo plazo — plantas de procesamiento de minerales, ampliación de capacidad de frigoríficos, certificación de nuevas líneas de producción según estándares europeos — la incertidumbre sobre el estado legal definitivo del acuerdo reduce el apetito inversor y puede generar demoras en la toma de decisiones que tienen costos económicos reales aunque invisibles en las estadísticas. Francia, Polonia, Irlanda, Austria y Hungría continúan oponiéndose al acuerdo políticamente y aunque no pueden detener la implementación provisional, el nuevo Reglamento de Salvaguardias de la UE — adoptado el 10 de febrero de 2026 — permite a la Comisión Europea suspender las preferencias arancelarias si los volúmenes de importaciones agrícolas superan determinados umbrales.
La estrategia más inteligente disponible para el Mercosur en este escenario de incertidumbre jurídica es exactamente la que está siguiendo: aprovechar al máximo el período de aplicación provisional para construir cadenas de valor con socios europeos que tengan interés en defender la vigencia del acuerdo, y avanzar simultáneamente con otros acuerdos — Canadá, Emiratos, Japón — que reduzcan la dependencia de cualquier resultado jurídico específico. Un bloque que tiene múltiples acuerdos comerciales en vigor simultáneamente es más resiliente ante cualquier revés jurídico o político que uno que depende de un único tratado para su inserción global. El Mercosur está construyendo esa resiliencia en tiempo real, y esa es quizás su mayor fortaleza estratégica en este momento histórico.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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