BOLIVIA EN CRISIS Y EL MERCOSUR EN ALERTA: EL PROTOCOLO DE USHUAIA EN SUSPENSO Y EL PROCESO DE ADHESIÓN AMENAZADO

La crisis política y social que Bolivia atraviesa desde inicios de mayo — con bloqueos de carreteras, protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz y un desabastecimiento creciente de alimentos y combustibles en varias regiones del país — entró esta semana en una nueva y más grave dimensión regional con la activación formal del mecanismo de seguimiento del Protocolo de Ushuaia por parte del Parlasur. Bolivia está atravesando una crisis de gobernabilidad de creciente intensidad: campesinos afines al expresidente Evo Morales, la Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales protestan y bloquean carreteras en distintos puntos del país exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos están generando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales en varias regiones del país, afectando gravemente la vida cotidiana de miles de ciudadanos bolivianos y poniendo a prueba la capacidad del Estado de garantizar el orden público sin recurrir a la represión que deslegitimaría al gobierno ante la comunidad regional e internacional.

El Parlasur, reunido en sesión ordinaria el 1 de junio en la Cámara de Diputados de Paraguay, emitió una declaración de repudio ante los hechos de violencia en Bolivia y activó el mecanismo de seguimiento del Protocolo de Ushuaia, la cláusula democrática del Mercosur que establece consecuencias institucionales para los estados que no garanticen el pleno ejercicio de la democracia representativa. El organismo hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes. El presidente del Parlasur, Rodrigo Gamarra, fue explícito: el organismo enfatiza su rol como celoso custodio de la democracia y la paz en la región. Esta declaración no es retórica vacía: es el primer paso formal de un proceso que puede llevar, si la crisis boliviana escala hasta comprometer el orden constitucional, a la convocatoria del Consejo del Mercado Común para considerar sanciones.

Para Bolivia, la crisis llega en el peor momento posible desde la perspectiva de su proceso de adhesión plena al Mercosur. El presidente Rodrigo Paz había comprometido en Asunción, apenas meses antes, los cambios institucionales necesarios para completar la adhesión plena antes de 2028 y había ratificado su compromiso con los valores democráticos del bloque como condición de esa adhesión. Una crisis de gobernabilidad que el Parlasur califica como amenaza al orden democrático no solo activa el Protocolo de Ushuaia: también lanza una señal de alarma sobre la solidez institucional del país que aspira a convertirse en el quinto miembro pleno del Mercosur. Si Bolivia necesita varios meses para resolver su crisis interna, el cronograma de adhesión plena para 2028 se vuelve técnicamente más difícil de cumplir.

Paraguay, como Presidencia Pro Tempore del Mercosur, mantuvo una postura de equilibrio difícil pero necesario: envió ayuda humanitaria a Bolivia como expresión de solidaridad fraternal sin posicionarse políticamente en el conflicto interno, y alojó en Asunción las sesiones del Parlasur donde se debatió la situación boliviana sin convertir esas sesiones en un escenario de presión explícita sobre el gobierno de Paz. Esta postura — solidaridad humanitaria más neutralidad política — es la que el Mercosur habitualmente adopta ante crisis internas de sus miembros mientras la situación no supera el umbral del quiebre constitucional que activaría plenamente el Protocolo de Ushuaia.