El Mercosur tiene hoy, a semanas de su Cumbre presidencial más importante en décadas, un expediente abierto que ningún comunicado técnico del GMC puede resolver y que solo la voluntad política de los cinco presidentes del bloque puede encarar con la seriedad que requiere: la solicitud de Colombia para ingresar como miembro pleno y el pedido de Venezuela para que se levante su suspensión decretada en 2017 por violación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de X: «Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur.» El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 pero en 2017 el bloque invocó la «cláusula democrática», es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el gobierno de Nicolás Maduro. El tuit de Petro, que fue publicado el 14 de marzo de 2026, generó en pocas horas decenas de miles de reacciones en los cinco países del bloque. En las semanas transcurridas desde entonces, lejos de apagarse, el debate se ha intensificado con nuevas declaraciones de presidentes, analistas, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos que ven en esta decisión un momento definitorio para la identidad institucional del Mercosur. MERCOSUR
Desde un punto de vista formal, los dos países actualmente ostentan posiciones distintas en el bloque. Colombia es un estado asociado del Mercosur, un estatus concedido bajo la Decisión del Consejo del Mercado Común 44/2004 y todavía reflejado en la documentación oficial del bloque. Venezuela, por el contrario, permanece suspendida de todos los derechos y obligaciones inherentes a su estatus de Estado Parte, bajo la decisión de 2017 adoptada a través del Protocolo de Ushuaia. Los estados parte actuales del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, mientras Venezuela permanece suspendida. Eso importa porque la declaración de Petro implica dos movimientos institucionales diferentes: en el caso de Venezuela, una solicitud para revertir la suspensión, y en el de Colombia, una solicitud para pasar de estado asociado a miembro pleno. Esta distinción jurídica es fundamental para entender por qué la propuesta de Petro tiene una complejidad institucional que va mucho más allá del gesto político con que fue anunciada. Revertir la suspensión venezolana requiere unanimidad de los cuatro miembros fundadores —incluyendo a Argentina bajo Milei y a Paraguay bajo Peña, dos gobiernos que han sido históricamente los más exigentes en materia de condicionamiento democrático para Venezuela. La adhesión colombiana, en cambio, requeriría un proceso negociador propio pero tiene condiciones políticas más favorables dentro del bloque. Prensa Mercosur
El presidente Petro viajó a Caracas el 24 de abril para lo que fue descrito como la primera reunión oficial entre un jefe de Estado y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La suspensión de Venezuela le excluyó del Acuerdo de Residencia del Mercosur, el bloque de asentamiento supranacional a través del cual los ciudadanos de los estados participantes pueden obtener la residencia en los otros con un historial delictivo limpio. Esta última consecuencia de la suspensión venezolana —la exclusión del Acuerdo de Residencia del Mercosur— es uno de los impactos más concretos que los ciudadanos venezolanos han sufrido por la decisión de su gobierno de violar la cláusula democrática del bloque. Millones de venezolanos que emigraron a países del Mercosur —principalmente Argentina y Uruguay— no pudieron utilizar los canales simplificados del acuerdo de residencia porque su país estaba suspendido, lo que añade una dimensión social y humanitaria al debate que raramente aparece en los análisis políticos. Ámbito
La posición de los cuatro miembros fundadores frente a la solicitud de Petro es matizada y compleja. La posible expansión del Mercosur surge en medio de presiones internas para mejorar su funcionamiento económico antes de que el acuerdo comercial con la Unión Europea se vuelva plenamente efectivo. Durante las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo celebradas esta semana en Asunción, Paraguay, funcionarios de los países del bloque reconocieron que el Mercosur todavía enfrenta obstáculos importantes para lograr una verdadera integración económica. Uno de los problemas principales es que, a diferencia de la Unión Europea, el bloque sudamericano mantiene controles aduaneros y regulaciones distintas entre sus miembros, lo que puede generar demoras en el transporte de mercancías y costos adicionales para las empresas. Esta confesión de los propios funcionarios del bloque es reveladora: reconocer que el Mercosur tiene pendiente una agenda profunda de integración interna antes de expandirse con nuevos miembros es el tipo de honestidad institucional que pocas veces se escucha en los comunicados oficiales. Brasil, con Lula, mantiene una postura de condicionamiento democrático que en la práctica es más exigente de lo que sus aliados ideológicos de Caracas quisieran. Uruguay, bajo Orsi, está más abierto al diálogo. Argentina y Paraguay son los más resistentes. La Cumbre presidencial de julio tendrá que navegar esta división con una habilidad diplomática que será una prueba definitiva de la madurez institucional del bloque. El Cronista
El presidente Petro añadió que iba a abogar para que se levanten las sanciones internacionales contra Venezuela para que ingrese a Mercosur, y que esperaba el levantamiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos como condición previa al pleno reingreso venezolano. Esta mención explícita de las sanciones estadounidenses introduce un elemento geopolítico complejo que conecta el debate interno del Mercosur con la rivalidad global entre Washington y los gobiernos de izquierda latinoamericana. Para Argentina, que acaba de firmar un acuerdo bilateral con la administración Trump y que depende de la buena voluntad de Washington para su programa con el FMI, defender dentro del Mercosur el levantamiento de las sanciones de la OFAC sobre Venezuela sería una contradicción política de difícil gestión interna. El dilema democrático del Mercosur es también, inevitablemente, un dilema geopolítico: lo que el bloque decide sobre Venezuela envía señales simultáneas a Washington, a Bruselas y a toda América Latina sobre qué tipo de comunidad política quiere ser en el siglo XXI. TIBA
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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