La fractura europea: Francia, los agricultores y los ecologistas mantienen su resistencia pese a la entrada en vigor del acuerdo

La aplicación provisional arranca hoy con el rechazo declarado de cinco países de la UE y de organizaciones ambientales que denuncian riesgo de deforestación y competencia desleal.

El día que Ursula von der Leyen celebraba el inicio de la era libre-comercial con el Mercosur, en campos de Francia, Polonia, Irlanda y Austria los tractores seguían encendidos. La oposición agrícola y política al acuerdo Mercosur–UE no se ha disuelto con la entrada en vigor provisional del texto; antes bien, ha encontrado nuevos focos en la batalla por la ratificación definitiva que deberá pasar por el Parlamento Europeo y, en última instancia, por los 27 parlamentos nacionales para la vigencia plena del EMPA. El panorama político europeo continúa profundamente fracturado en torno a un texto que el propio Parlamento Europeo decidió, el 21 de enero de 2026 por 334 votos contra 324, referir al Tribunal de Justicia de la UE para un dictamen sobre su legalidad, en un voto inédito que refleja cuán disputado es el acuerdo incluso entre los legisladores europeos. Francia, Polonia, Hungría, Irlanda y Austria votaron en contra del acuerdo en el Consejo, y sus agricultores ven en el texto una amenaza existencial para su modelo de producción.

Las críticas del sector agrícola europeo se articulan principalmente en torno al concepto de competencia desleal. Los productores europeos están sometidos a estrictos marcos regulatorios en materia medioambiental, de bienestar animal, de uso de fitosanitarios y de condiciones laborales que encarecen sus costes de producción. Los productores del Mercosur, argumentan los críticos, operan bajo estándares significativamente más laxos. La federación sindical europea EFFAT señaló en un informe reciente que «más de 30 sustancias activas aprobadas para uso en caña de azúcar en Brasil han sido prohibidas para uso en remolacha azucarera en la UE» y que el «52% de las sustancias autorizadas para uso en el maíz en el Mercosur no se encuentran permitidas en la UE». La organización denunció que las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo son «prácticamente imposibles de activar» y que el texto «no ofrece protección real contra los desequilibrios estructurales del mercado».

Las organizaciones ecologistas añaden otra dimensión a la crítica. Greenpeace alertó, desde el momento de la firma, que el acuerdo podría acelerar la deforestación en el Amazonas y en otros ecosistemas clave de la región —el Cerrado, el Pantanal y el Chaco— al incrementar la demanda europea de soja, carne y azúcar producidos en tierras que, en muchos casos, han sido desbrozadas ilegalmente. La organización Climate Action Network (CAN) Europa fue más radical en su denuncia: calificó el acuerdo como «neocolonialismo disfrazado» que condena a Sudamérica al papel perpetuo de exportador de materias primas mientras la UE exporta bienes de alto valor añadido. Es justo señalar, sin embargo, que el acuerdo incluye una cláusula que establece el Acuerdo de París como elemento esencial, cuyo incumplimiento podría servir como fundamento para suspender el tratado. Además, a finales de 2026 entrará en vigor el Reglamento europeo de Productos sin Deforestación, que exigirá certificar que los productos importados —soja, carne, cacao, café, aceite de palma, madera— no han contribuido a la destrucción de bosques.

El Gobierno de Francia, que lideró la oposición durante décadas bajo el argumento de que el acuerdo era «de otra época» —en palabras del propio presidente Macron—, se encontró políticamente debilitado para bloquearlo tras la derrota de su voto en el Consejo de enero. Sin embargo, París no ha renunciado a su estrategia de presión: busca que el Parlamento Europeo rechace la ratificación definitiva del EMPA cuando llegue a votación, y que los parlamentos nacionales de los países opositores hagan lo propio. En este escenario, el acuerdo podría quedar atrapado indefinidamente en su fase de aplicación provisional del iTA, sin alcanzar nunca la vigencia plena del tratado más amplio. La batalla jurídica en el Tribunal de Justicia —cuya opinión sobre la legalidad del procedimiento adoptado no se espera antes de finales de 2027— añade otra capa de incertidumbre. Por ahora, el acuerdo avanza, pero sus detractores están lejos de haber dicho su última palabra.

Para aliviar las tensiones, la Comisión Europea tomó medidas inéditas. Comprometió un fondo especial de 6.300 millones de euros para compensar a los agricultores europeos que puedan resultar perjudicados por el acuerdo, más allá de los 45.000 millones de euros anticipados del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC). El nuevo Reglamento de Salvaguardias, adoptado formalmente el 5 de marzo de 2026, permite a la Comisión activar suspensiones de preferencias arancelarias con «una velocidad sin precedentes —estamos hablando de plazos de días», según el comisario Šefčovič— cuando los datos monitorizados indiquen que las importaciones superan en un 5% los umbrales de volumen o generan caídas de precio que amenacen a los productores europeos. Italia, que llegó a bloquear su voto favorable hasta último momento, cambió de postura tras obtener estas garantías y concesiones adicionales sobre exenciones en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para fertilizantes. La fractura europea persiste, pero el acuerdo avanza.