La agenda de derecho e igualdad en el Mercosur volvió a moverse en los últimos días con señales concretas desde Brasil y Uruguay, dos países que están mostrando una línea relativamente activa en políticas públicas de género, formación e inclusión. En Brasil, el Ministerio de las Mujeres abrió esta semana una convocatoria para proyectos de justicia climática con foco en autonomía económica y participación política de las mujeres, en alianza con ONU Mujeres, con apoyo financiero de hasta R$ 150 mil por propuesta. Además, días antes lanzó un protocolo inédito para proteger a mujeres en contextos de emergencias climáticas, articulando prevención, gestión de riesgo y reconstrucción posterior. En Uruguay, Inmujeres presentó avances en los compromisos oficiales de igualdad de género asumidos por el gobierno y reportó que 82% de las acciones están cumplidas o en proceso, mientras la campaña 8M 2026 volvió a poner en el centro la necesidad de más mujeres y niñas en áreas STEM.
Lo más relevante de estas medidas no es solo su contenido, sino el tipo de problema que intentan abordar. En Brasil, la igualdad dejó de presentarse únicamente como una cuestión simbólica o de conmemoración y empieza a cruzarse con temas más duros y contemporáneos, como la crisis climática, la vulnerabilidad territorial y la autonomía material. Eso cambia la escala del debate, porque reconoce que las desigualdades no se expresan solo en salarios o representación política, sino también en quién queda más expuesta cuando hay inundaciones, desplazamientos, pérdidas de vivienda o ruptura de redes de cuidado. El nuevo protocolo brasileño justamente parte de esa idea: que las mujeres enfrentan riesgos específicos en contextos adversos y que el Estado necesita instrumentos diferenciados para responder.
La otra señal fuerte del caso brasileño está en la formación y en la construcción de liderazgo social. El Ministerio de las Mujeres mantiene abiertas hasta el 24 de abril las inscripciones al programa nacional de formación “Lélia Gonzalez, Presente!”, orientado a empoderamiento, interseccionalidades, género y justicia climática. Y ya en marzo había lanzado, junto con la Red Federal, una iniciativa nacional de formación popular en derechos de las mujeres para capacitar a más de mil mujeres a lo largo de 2026. La lógica de fondo es clara: sin información, liderazgo territorial y organización, la igualdad queda reducida a norma escrita y no se convierte en poder real.
Uruguay, por su parte, muestra una aproximación más institucional y más ligada a seguimiento de compromisos. Inmujeres informó en el marco del 8 de marzo que el gobierno viene trabajando sobre 90 compromisos de igualdad de género asumidos en 2025 y que una parte sustantiva ya está cumplida o en proceso. A la vez, la campaña oficial subrayó que la participación de mujeres y niñas en STEM no debe leerse como un asunto sectorial menor, sino como una estrategia para reducir brechas en áreas decisivas para innovación, empleo y desarrollo. Ese enfoque es importante porque desplaza el eje desde la reparación simbólica hacia la competitividad y el futuro productivo. No se trata solo de proteger derechos, sino de disputar presencia en los sectores donde se define buena parte del poder económico del siglo XXI.
La lectura regional deja una conclusión útil y también incómoda. Útil, porque muestra que en el Mercosur todavía hay margen para políticas concretas y actualizadas en derecho e igualdad. Incómoda, porque la actividad visible no es homogénea: Brasil y Uruguay están comunicando mejor y con mayor continuidad, mientras en otros países la señal pública reciente es más débil o más difícil de rastrear en fuentes oficiales abiertas. Esa asimetría importa. Cuando una política de igualdad no se comunica, pierde alcance, reduce su capacidad de convocatoria y deja a muchas personas sin saber qué derecho tienen, qué programa existe o dónde pueden pedir apoyo. En esta agenda, comunicar no es un detalle de prensa: es parte de la política pública misma.
La noticia de fondo, entonces, es que el derecho e igualdad en el Mercosur sigue siendo un terreno en disputa, pero no inmóvil. Brasil está empujando una agenda que conecta género con clima, liderazgo y financiamiento. Uruguay insiste en metas verificables, institucionalidad y reducción de brechas en educación y tecnología. La deuda regional sigue siendo pasar de las islas de avance a una conversación más integrada, donde la igualdad no dependa solo de la voluntad de cada gobierno, sino de estándares más compartidos dentro del bloque. Porque mientras el Mercosur discute comercio, fronteras y competitividad, también debería asumir algo más básico: sin igualdad efectiva, la integración regional siempre queda incompleta.
Fuentes: Ministerio de las Mujeres de Brasil, Inmujeres/MIDES y MEC de Uruguay.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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