La salud no se niega: el giro de Argentina frente a turistas y no residentes expone una fractura en la integración sanitaria del Mercosur

La discusión sobre el acceso a la salud en Argentina dejó de ser un debate administrativo y pasó a convertirse en una cuestión ética, regional y humanitaria. En mayo de 2025, el Gobierno argentino oficializó por decreto que los establecimientos públicos pueden cobrar la atención a extranjeros que no habitan establemente en el país, aunque mantuvo la prestación en situaciones de emergencia “por razones humanitarias”. El mismo decreto justificó la medida con el argumento de evitar una “desmesurada demanda” de servicios por parte de extranjeros y de proteger la sostenibilidad financiera del sistema. Meses antes, el vocero presidencial ya había anunciado el “fin de la gratuidad” para extranjeros no residentes y había enmarcado la decisión en un discurso de endurecimiento migratorio. Ese cambio no es menor: aunque la emergencia siga formalmente protegida, la señal política y simbólica es que el extranjero deja de ser visto como sujeto de cuidado y pasa a ser presentado como carga, sospecha o costo.

Conviene hacer una precisión central, porque en un tema tan sensible no sirve exagerar ni inventar casos. En la pesquisa que hice para esta nota no encontré, entre fuentes públicas y verificables de alta calidad, una serie sólida de relatos documentados de turistas en Argentina que hubieran tenido que recurrir a su embajada para pagar atención médica en hospitales públicos. Y hay un dato importante que explica por qué ese tipo de ayuda tiene límites muy concretos: la propia información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Argentina indica que la embajada puede ayudar a localizar atención adecuada o contactar familiares, pero también aclara expresamente que no paga facturas médicas; además, recomienda contar con seguro porque muchos prestadores exigen pago en efectivo. Dicho de otro modo: la idea de una embajada resolviendo de forma ordinaria la cuenta hospitalaria del turista no aparece respaldada como práctica normal en la documentación oficial consultada.

Eso no debilita la crítica; al contrario, la vuelve más precisa. El problema principal no es solo si ya existen muchos casos públicos de turistas que quedaron atrapados entre una guardia y una factura. El problema es que la política argentina está construyendo un marco donde esa posibilidad se vuelve más probable, más aceptable y más normalizable. El decreto 366/2025 habilita el cobro a quienes estén en el país de manera transitoria y, al mismo tiempo, exige que quienes ingresen declaren contar con seguro de salud. En términos prácticos, eso desplaza el principio de hospitalidad sanitaria hacia una lógica de capacidad de pago o previsión individual. La salud, bajo esa lógica, deja de ser un piso mínimo garantizado para cualquier persona que pisa el territorio y pasa a depender crecientemente del estatus migratorio y del respaldo económico del paciente.

La fractura es todavía más visible cuando se mira el problema en clave regional. Una vieja revisión de La Nación sobre acuerdos de reciprocidad sanitaria en países limítrofes señalaba que en Paraguay y Brasil los hospitales públicos atendían a extranjeros no residentes y, en el caso paraguayo, el entonces cónsul argentino en Asunción afirmaba que cualquier persona de cualquier país que tuviera una urgencia médica sería atendida sin pagar y “en condiciones de igualdad” con un ciudadano paraguayo. La misma nota recogía además que en Uruguay no existía acuerdo de reciprocidad con Argentina, pero que el consulado argentino en Montevideo decía intervenir muchas veces para gestionar que no se cobrara a sus nacionales. La comparación deja un punto incómodo para Argentina: mientras otros países de la región resolvían el acceso urgente desde una lógica de igualdad o de flexibilidad consular, Buenos Aires se movió en dirección contraria, hacia el arancelamiento y la desconfianza.

El discurso oficial argentino agrava el problema porque no se limita a hablar de financiamiento; también construye un relato moral sobre quién merece ser atendido. En diciembre de 2024, al presentar los cambios, Manuel Adorni no solo habló del cobro a no residentes, sino que celebró el fin de los llamados “tours sanitarios” y mezcló el tema con una narrativa más amplia sobre “malandras”, “ocupas” y “oportunistas”. Ese lenguaje importa. Cuando el acceso a la salud se discute con categorías de sospecha y hostilidad, el extranjero enfermo deja de ser percibido como persona vulnerable y pasa a ser imaginado como aprovechador. Esa operación discursiva puede no derogar formalmente la atención de emergencia, pero sí genera un clima político en el que el endurecimiento parece legítimo y cualquier restricción posterior puede presentarse como sentido común.

Los defensores de esta política exhiben números de ahorro y caída de demanda para justificarla, pero esos datos merecen una lectura crítica. En Salta, por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz celebró que el cobro a extranjeros redujo 95% la atención de personas de otros países y dijo que solo un hospital había ahorrado más de 2.300 millones de pesos, recursos que serían reinvertidos en ambulancias. Sin embargo, ese mismo reporte también consignó que, según el propio gobierno salteño, en casos urgentes o de riesgo de vida no se negaría la atención a extranjeros. La pregunta de fondo entonces no es solo cuánto se ahorra, sino qué tipo de sistema se está premiando: uno que descomprime costos porque ordena mejor, o uno que reduce demanda porque levanta barreras y desalienta a quienes no pueden pagar. Una baja drástica de consultas extranjeras puede significar eficiencia; también puede significar miedo, exclusión o postergación de cuidados.

Además, la política no afecta solamente a extranjeros. En Villa Carlos Paz, por ejemplo, desde enero de 2025 se aranceló la atención pública no solo para extranjeros sino también para argentinos no residentes en la ciudad. Ese dato es relevante porque muestra que la lógica del cobro ya no se dirige solo al “otro” nacional, sino también al turista interno. La frontera real no es únicamente entre nacional y extranjero: es entre quien pertenece plenamente al padrón local y quien llega de afuera, aunque sea compatriota. Eso revela una transformación más profunda del sistema público: del hospital como institución universal de cuidado al hospital como servicio crecientemente territorializado y condicionado por domicilio, residencia y caja fiscal.

Mi conclusión crítica es clara: esta política es regresiva para la idea misma de integración regional y éticamente problemática para cualquier concepción seria del derecho a la salud. Es cierto que ningún sistema sanitario tiene recursos infinitos y que los Estados pueden discutir mecanismos de financiamiento, compensaciones interestatales o seguros de viaje obligatorios. Pero una cosa es ordenar costos y otra muy distinta es instalar que el no residente es, por definición, una amenaza presupuestaria. La salud no debería ser el primer lugar donde se ensaya una política de selección moral entre quienes merecen cuidado y quienes deben demostrar solvencia. Si el Mercosur quiere ser algo más que un acuerdo comercial, necesita avanzar hacia reciprocidad, facturación interestatal transparente y protocolos regionales de emergencia, no hacia el repliegue nacionalista del hospital.

En ese punto, la frase final no es un eslogan: es un principio civilizatorio. La salud no se niega. Puede facturarse entre Estados, puede ordenarse administrativamente, puede exigir seguros para ciertos tratamientos programados. Pero frente a la enfermedad, al dolor y a la urgencia, la respuesta no puede depender de la nacionalidad, del acento o de la billetera. Cuando un país empieza a correr esa línea, incluso si mantiene formalmente la emergencia, erosiona algo más profundo que una norma sanitaria: erosiona la idea de comunidad humana que debería sostener a cualquier sistema público de salud.