Imagen la JEP
En una declaración que ha estremecido los cimientos de la política colombiana, el excongresista Álvaro Ashton relató ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una compleja red de alianzas entre políticos, empresarios, miembros de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares que, según él, moldearon la vida política y económica de la Costa Caribe durante años. Sus revelaciones describen cómo el poder se tejió a través de pactos económicos, manipulación electoral y control institucional que favorecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a los intereses de ciertos sectores políticos.
Ashton, quien comparece de manera voluntaria ante la JEP, explicó con detalle la forma en que los paramilitares lograron infiltrarse en el aparato estatal a través de acuerdos con dirigentes regionales y nacionales. Habló de cómo se consolidaron alianzas que garantizaban apoyo electoral y la aprobación de partidas presupuestales para financiar proyectos vinculados a frentes paramilitares, especialmente el José Pablo Díaz del Bloque Norte. Según su testimonio, desde el Congreso se habrían respaldado iniciativas que beneficiaban directamente a las estructuras ilegales, en una dinámica que unió a congresistas, empresarios y autoridades locales bajo un mismo propósito: preservar el poder y el control territorial.
El excongresista mencionó nombres que durante décadas han sido protagonistas de la política en el Caribe. Entre ellos, señaló a Efraín Cepeda, David Char Navas, Jorge Alberto Gerlein Echeverría, Mario Enrique Varón Olarte y Jaime Cervantes Várelo, a quienes relacionó con acuerdos electorales y apoyo indirecto de grupos armados. También hizo referencia al papel del entonces congresista Armando Benedetti, a quien atribuyó la promoción de artículos favorables a las AUC durante el debate de la Ley de Justicia y Paz en 2005, particularmente aquellos que buscaban beneficios jurídicos para los combatientes de esos grupos.
Las revelaciones no se limitaron al ámbito político. Ashton implicó a figuras empresariales y funcionarios públicos que, según dijo, sirvieron de puente entre el capital privado, la administración pública y los intereses de las autodefensas. Entre ellos mencionó al empresario David Name Terán, propietario de la firma Consultores del Desarrollo S.S.A. (Condesa), así como al exgobernador de Magdalena Trino Luna Correa y a Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como “La Sombrerona”. También aludió al exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, y a la exalcaldesa de Soledad, Rosa Stella Ibáñez, señalando que varias dependencias municipales, como las secretarías de Educación y Planeación, fueron utilizadas para canalizar recursos públicos y sostener pactos de poder.
El exsenador aseguró que las alianzas alcanzaron incluso a instituciones estratégicas, como el Gaula Militar, la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa Triple A, que habrían sido instrumentalizadas para consolidar control político y legitimar socialmente a los actores armados. Según Ashton, la infiltración fue tan profunda que transformó el sistema electoral, condicionó la contratación pública y garantizó la supervivencia de un modelo de poder basado en la connivencia entre la clase dirigente y los grupos armados ilegales.
Durante su intervención, Ashton reconoció haber sido parte activa de ese entramado. Admitió que sus decisiones políticas contribuyeron a la expansión y consolidación del paramilitarismo en la región, y ofreció disculpas públicas a los ciudadanos de Barranquilla y del Caribe colombiano. “Tengo que reconocer, nuevamente, mi responsabilidad personal y política. Y no fue indirectamente, fue conscientemente. Ratifico que fue una decisión deliberada mía”, expresó con tono de arrepentimiento.
El excongresista también explicó cómo reformas clave, como la de 2003, fueron diseñadas para favorecer los intereses de la parapolítica. De esa modificación surgieron movimientos como Colombia Viva, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, formaciones políticas que, según su versión, sirvieron como plataformas para la expansión del poder paramilitar en el Congreso y en las administraciones locales.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP valoró sus aportes de verdad y dispuso remitir copias de las declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que determinen si procede abrir investigaciones penales contra los mencionados. Mientras tanto, Ashton continúa su proceso de sometimiento en el sistema transicional, comprometiéndose a participar en proyectos de reparación, memoria y reconciliación con las víctimas del conflicto.
Sus palabras, más allá de los nombres y las fechas, reabren una herida profunda: la del poder político sostenido por la violencia. Lo que ante la JEP parece un acto de confesión individual, podría transformarse en una de las más reveladoras exposiciones sobre cómo la parapolítica moldeó buena parte de la historia reciente del Caribe colombiano.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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