Intendencia de Maldonado pagó multa de US$ 40 mil por destruir el humedal del arroyo
La intendencia de Maldonado fue multada por verter escombros en un humedal protegido, detectado tras una inspección del Ministerio de Ambiente del actual gobierno nacional.
La Intendencia Municipal de Maldonado (IDM) fue sancionada con una multa de U$S 40 mil debido al vertido de escombros generado en el ex asentamiento Kennedy, ubicado en un humedal de la zona.
La situación no fue supervisada inicialmente por el Ministerio de Ambiente del gobierno de Luis Lacalle Pou, sin embargo, en meses posteriores, la actual gestión del ministerio, bajo la presidencia de Yamandú Orsi, inspeccionó el lugar, detuvo el traslado del material y aplicó la sanción a la intendencia.
La inspección, llevada a cabo por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se realizó en marzo en la zona del humedal del arroyo Maldonado, que ha sido declarado por la autoridad como un área de protección absoluta bajo la denominación de “Ecoparque Metropolitano del Humedal de los Arroyos Maldonado y San Carlos”.
Este espacio forma parte de un territorio protegido en la región, destinado a conservar su biodiversidad y ecosistemas frágiles. La presencia de restos del asentamiento, además de indicar un acto de depósito ilegal de residuos, representó una amenaza a la integridad del ecosistema, lo que motivó la intervención del Ministerio de Ambiente en meses posteriores.
Posteriormente, en el mes de abril, el periodista Eduardo Preve informó que la intendencia, que en ese entonces lideraba la administración de Enrique Antía, cumplió con el pago de la multa, entregando los U$S 40 mil al Ministerio de Ambiente.
La sanción fue impuesta por Edgardo Ortuño, actual ministro de Ambiente, tras detectar que los restos provenientes del asentamiento se habían destinado —por orden de la administración anterior— al relleno de antiguas piletas ubicadas en la zona del humedal, específicamente en áreas en que anteriormente se volcaba material contaminante y chapas metálicas.
La utilización de estos residuos y escombros en un espacio protegido generó preocupación en los organismos ambientales y en la comunidad local.
En ese contexto, se difundió también que la intendencia negó en un inicio haber colocado residuos en el humedal, pero posteriormente, la evidencia en la página oficial de la Intendencia de Maldonado confirmó la realización de esos movimientos de tierra y residuos en el área protegida.
Como respuesta a la irregularidad, los ediles del Frente Amplio, Joaquín Garlo y Juan Urdangaray, presentaron un pedido formal de informes a la Junta Departamental en el primer trimestre del año, en el cual solicitaban detalles sobre la autorización ambiental, los responsables del depósito de residuos y los estudios de impacto ambiental que hubiesen sido realizados previamente.
La solicitud también hacía referencia a la posible construcción de una pista de picadas en ese sector, proyecto que había sido puesto en duda y finalmente desestimado por la administración anterior.
Antecedentes en la gestión de Enrique Antía
En el período previo, en el último gobierno de Enrique Antía, fue objeto de polémica la intención del gobierno departamental de Maldonado de realizar acciones que afectarían ecosistemas delicados. En esa fecha, el propio intendente anunció un plan para construir una pista de picadas en un área que, de acuerdo con informes de los ediles opositores, corresponde a un humedal.
La decisión de avanzar con esa iniciativa provocó rechazo en diferentes sectores de la comunidad y en organizaciones ambientalistas, que consideran que el área en cuestión tiene la categoría de reserva departamental, según lo establecido en normativas previas.
El 23 de enero, la intendencia comunicó oficialmente el cierre del asentamiento Kennedy —que fue reubicado en años recientes— y aprovechó para informar que procederían a retirar ocho camiones de escombros del predio que anteriormente ocupaba el barrio. La explicación oficial fue que el espacio sería utilizado para rellenar antiguas piletas situadas sobre el Anillo Perimetral, con el objetivo de construir allí una pista de picadas. La finalidad del proyecto, según la administración, era reducir los riesgos asociados a ciertos deportes automovilísticos y agradecer así la seguridad vial en las calles, además de incentivar un turismo diferente en la zona.
No obstante, estas acciones generaron una reacción adversa por parte de la oposición y organizaciones protectoras del medio ambiente. La Junta Departamental recibió un pedido formal por parte de los ediles del Frente Amplio, quienes solicitaron información sobre las autorizaciones sustentables del proyecto y la compatibilidad de la construcción con el régimen de protección del área natural en cuestión. La oposición advirtió que la construcción de la pista podría tener efectos nocivos tanto para la fauna como para la biodiversidad.
lr21.com.uy
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