Una advertencia de alto calibre lanzó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al alertar sobre un posible apagón que pondría en jaque el suministro eléctrico de más de diez millones de personas en Colombia, especialmente en la región Caribe. La causa, según el funcionario, radica en el persistente incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de los subsidios destinados a las empresas prestadoras del servicio de energía.
Rodríguez encendió las alarmas durante su intervención en un foro especializado sobre los riesgos tarifarios en los sectores de energía y gas. Allí detalló que la falta de desembolsos por parte del Ministerio de Minas y Energía ha desencadenado una grave crisis financiera para las compañías encargadas de mantener el sistema eléctrico en funcionamiento, especialmente en zonas históricamente vulnerables como la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño, en el Vichada.
“La Contraloría ha sido la primera entidad en manifestar públicamente que esta situación podría derivar en un racionamiento inminente o, incluso más grave, en una interrupción total del servicio eléctrico”, señaló Rodríguez. Y no es una alerta menor: en la última década, la demanda de subsidios ha aumentado un 44%, lo que ha puesto una presión creciente sobre las finanzas del Estado. La mora en los pagos está asfixiando a las empresas, muchas de ellas públicas, y debilitando gravemente la estabilidad del sistema.
El jefe del ente de control fue enfático en que la continuidad del servicio está en juego. Las advertencias no son nuevas: desde 2024 la Contraloría ha emitido múltiples alertas sobre las consecuencias de estas demoras, alertas que apuntan a un deterioro progresivo del sistema, que no solo podría colapsar en zonas aisladas, sino escalar hasta convertirse en una crisis energética de alcance nacional.
Para enfrentar este escenario crítico, la Contraloría participa en una mesa de trabajo conjunta con la Procuraduría General de la Nación y los ministerios de Minas y Hacienda. El objetivo: encontrar salidas urgentes que garanticen los pagos pendientes y eviten un desenlace que podría tener efectos devastadores, en especial para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de los subsidios para acceder a un servicio esencial como la electricidad.
La advertencia es clara y contundente: si no se actúa con rapidez y responsabilidad, el país podría enfrentar un apagón de dimensiones sin precedentes, que afectaría a millones de colombianos y pondría en entredicho la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la energía.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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