Las medidas económicas del libertario han sumido en la pobreza a casi dos terceras partes de la población.
Recortes y ajuste, dos palabras que se asocian con Javier Milei desde su irrupción en la política argentina, tras ser un invitado recurrente en platós de televisión para criticar las políticas gubernamentales de la gestión de turno.
Antes de alcanzar la primera magistratura, prometió reducir sustancialmente el tamaño del Estado para disminuir el gasto público, liberalizar la economía a niveles nunca antes vistos, aplicar un severo programa de ajuste fiscal inédito, dolarizar y eliminar la moneda local, estrategia que aglutinó bajo la frase «la motosierra».
En menos de un año de gestión, el Estado es efectivamente más pequeño, al tiempo que su programa económico ultraortodoxo ha sido alabado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticado por amplios sectores de la sociedad, pues sin bien ha logrado domeñar la inflación, un flagelo que azota al país hace décadas, ello ha sido a condición de hundir en la pobreza a cerca del 73 % de los hogares, como reveló un reciente análisis del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica (CELAG).
No obstante, si bien es cierto que gran parte de su plan se ha ejecutado con asombrosa rapidez, conviene examinar hasta qué punto ha sido exitosa su «motosierra» y, sobre todo, qué consecuencias ha tenido para la población, a la que se le había prometido que el ajuste lo pagaría «la casta», es decir, los políticos de oficio.
Estado chico
«Lo primero que vamos a hacer es una reforma del Estado para bajar el gasto público. Y eso lo vamos a iniciar achicando la cantidad de ministerios, llevándola a ocho. Nos vamos a quedar con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Infraestructura, con Relaciones Exteriores, el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y, además, vamos a tener Justicia y Ministerio del Interior. Así vamos a empezar con la motosierra», declaraba Milei en un video de TikTok fechado en febrero de 2022.
En agosto de 2023, cuando ya se daba por descontada su participación en los comicios presidenciales de ese año, especificó las carteras que serían eliminadas si se convertía en jefe de Estado.
En una teatral escena, donde arrancó nombres de una cartelera, anunció el fin de los ministerios de Turismo y Deporte, Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mujeres, Género y Diversidad, Obras Públicas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación –al que tachó de «adoctrinamiento»– , Transporte, Salud y Desarrollo Social.
«Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, es el problema. […]. La gran raviolada es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina es el Estado», aseguraba. En su decir, esos trabajos no correspondían a las necesidades nacionales sino eran producto «de la política» y de allí la necesidad de eliminarlos.
Salvo por la permanencia de la cartera de Educación, este aspecto de su plan de gobierno se ha cumplido sin altibajos, a pesar de las numerosas protestas y reclamos, tanto de los miles de despedidos, como en términos de las implicaciones prácticas de la desaparición de instancias públicas estratégicas que han cesado funciones bajo el reiterado argumento de que no son rentables.
En interés de acelerar el plan, el pasado 5 de julio, Milei designó a Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El funcionario es conocido por haber negociado un millonario préstamo con el FMI mientras ejercía como presidente del Banco Central de la República Argentina en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Lo anterior ha sido aderezado con el anuncio de privatizaciones aún no concretadas pero en proceso, como las de Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, centrales hidroeléctricas y la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), contempladas dentro de la controvertida Ley de Bases, un instrumento aprobado en junio que le otorgará facultades extraordinarias por un año.
Tras arduas negociaciones en el Congreso, quedaron fuera de la ‘razzia’ el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre otras entidades.
Sin embargo, el Gobierno anunció a principios de junio que su meta es despedir a 75.000 trabajadores públicos en los próximos meses. «En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000», presumió Milei durante su intervención en el Latam Economic Forum 2024, realizado en Buenos Aires.
De conformidad con este objetivo, tras la aprobación de la Ley de Bases, se comunicó la disolución de cerca de 60 entidades públicas todavía no especificadas.
En la mira
Bajo ese paraguas, se ha justificado la extinción de las políticas culturales, de las instancias de lucha contra la discriminación en todos los niveles de gestión estatal y los recortes a la educación pública, por citar solo tres de los casos que mayor malestar social han generado. Pese a las quejas, se trata de decisiones tomadas que no parecen tener vuelta atrás.
Empero, en la esfera de las eliminaciones pretendidamente justificadas a partir de la disciplina fiscal, es claro que las políticas dirigidas a las mujeres y con enfoque de género estuvieron siempre en la mira del líder libertario por ser contrarias a su postura ideológica.
«El Ministerio de la Mujer lo voy a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque se convirtió en un arma de persecución ideológica. Además, es fuertemente denigrante para las mujeres porque implica algo que se llama ‘affirmative action’, o sea, una discriminación positiva. Es decir, están menospreciando a las mujeres. Y como que si todo esto fuera poco, se convirtió en un despilfarro de recursos en una economía que está en una situación miserable», anunciaba el gobernante en febrero de 2022, cuando todavía era diputado nacional en el Congreso.
Ahora, a propósito del escándalo por violencia de género que salpica al expresidente Alberto Fernández (2019-2023), la administración libertaria ha pretendido argumentar el criticado cierre a partir de la ineficacia que, en su decir, tendría esa instancia para atender casos de agresiones contra las mujeres, como establecerían «estudios científicos» en la materia.
«Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios», sostuvo Milei en su cuenta de X cuando se hizo pública la denuncia de la expareja de Fernández.
Promesas incumplidas
Además del recorte del Estado, la oferta electoral de Milei pivotó en torno a la eliminación de la moneda local (peso) y a la dolarización de la economía, lo que haría innecesaria la existencia del Banco Central. Con posterioridad, en varias oportunidades ha matizado sus dichos y ha optado por precisar que se trata de «una competencia de monedas».
«Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión y, por lo tanto, no se negocia bajo ningún punto de vista. […]. No se negocia la dolarización, no se negocian ninguno de los puntos de mi política económica», decía a la prensa a inicios de noviembre de 2023.
Lo cierto es que pese a que esas medidas se plantearon como estructurales dentro de la estrategia económica que planeaba seguir la gestión libertaria, a la fecha no se han dado pasos concretos para levantar el cepo cambiario y menos todavía para eliminar el Banco Central.
Antes bien, a mediados del pasado julio, el titular de Economía, Luis Caputo, vertió en X opiniones que pueden estimarse contrarias a la dolarización y a la desaparición del ente regulador monetario: «El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte«, expresó entonces.
De igual modo se han quedado en el tintero las promesas de no pechar a las personas de menos ingresos con impuestos y controlar la suba de las tarifas de los servicios esenciales. Los argentinos siguen pagando el Impuesto al Valor Agregado y durante el Gobierno mileísta, las facturas de gas, electricidad, agua, internet, telefonía móvil y transporte, han sufrido incrementos significativos.
Sin embargo, pese a los reveses legislativos que caracterizaron los primeros seis meses de su gestión y los evidentes retrocesos en materia socioeconómica, Milei ha agarrado nuevos aires.
Las alarmantes cifras de pobreza y precarización de la vida, no han impulsado a su administración a aliviar las condiciones de los más desposeídos, incluso a pesar de los escándalos, como el que sacudió al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, por el reparto de alimentos destinados a comedores populares.
Pese al revuelo y a los fallos judiciales, el Gobierno ha sido consistente consigo mismo y ha mirado a otra parte, una conducta que se repite, sin importar el sector que proteste.
actualidad.rt.com
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