Los balances financieros de los principales partidos políticos de Uruguay correspondientes a 2025 quedaron por primera vez sometidos a una auditoría del Tribunal de Cuentas bajo el nuevo esquema de control establecido por la legislación de financiamiento político, y el resultado dejó un panorama desigual: el Frente Amplio cerró con un superávit de 25 millones de pesos uruguayos, el Partido Nacional terminó con 1,3 millones de pesos positivos, Identidad Soberana declaró un superávit de 1,9 millones y Cabildo Abierto cerró con 349.169 pesos a favor, mientras que el Partido Colorado informó un déficit de 327.000 pesos. Sin embargo, el dato institucional más relevante no está solamente en quién ganó o perdió dinero, sino en que el Tribunal de Cuentas se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros del Partido Colorado porque no pudo acceder a los registros contables necesarios para comprobar los saldos y transacciones declarados. Al mismo tiempo, el organismo detectó incumplimientos formales en todos los partidos analizados, entre ellos la falta de libros contables y de donaciones autenticados por la Corte Electoral.
La importancia de esta revisión radica en que 2025 fue el primer ejercicio completo en el que los partidos políticos uruguayos quedaron sometidos al nuevo sistema de control financiero derivado de la Ley 20.292, aprobada en junio de 2024. La reforma modificó sustancialmente el régimen anterior y otorgó mayores facultades de auditoría a la Corte Electoral, que puede requerir el apoyo del Tribunal de Cuentas para revisar los estados financieros de las organizaciones políticas. La legislación establece además plazos concretos para la presentación, auditoría y publicación de las cuentas partidarias.
El cambio representa una evolución importante respecto del modelo anterior. Durante años, el control sobre las finanzas partidarias estuvo concentrado principalmente en la Corte Electoral, mientras que el nuevo esquema incorpora al Tribunal de Cuentas de la República como actor relevante de fiscalización. La propia Corte Electoral mantiene en su portal público las rendiciones históricas de los partidos, lo que permite comparar la evolución financiera de las organizaciones políticas a través del tiempo.
Pero la primera experiencia práctica mostró que pasar de un sistema de declaración y control administrativo a una auditoría financiera más profunda no resulta sencillo. Fuentes del Tribunal de Cuentas citadas por El Observador señalaron que era la primera vez que el procedimiento se aplicaba de esta manera y que los plazos disponibles eran muy ajustados, particularmente porque las auditorías debían ser remitidas a la Corte Electoral antes de junio. El organismo también advirtió sobre una tradición de registros financieros partidarios que no siempre presentan un elevado nivel de orden y sobre el riesgo de subdeclaraciones.
El Frente Amplio: 223 millones de pesos de ingresos y un nuevo superávit
El Frente Amplio, actualmente en el gobierno, declaró ingresos por aproximadamente 223 millones de pesos durante 2025. Según la información presentada ante la Corte Electoral, el dinero procedió de cuatro grandes fuentes: 26 millones de pesos de financiamiento permanente del Estado, casi 99 millones correspondientes al financiamiento público electoral, cerca de 98 millones bajo el concepto de “otros ingresos” y aproximadamente 391.000 pesos por venta de materiales.
Uno de los puntos más observados fue una transferencia de 17 millones de pesos realizada por el comando electoral de Yamandú Orsi al Frente Amplio el 28 de abril de 2025, después de la campaña electoral. Según la información publicada, el partido sostuvo que esa transferencia estaba incluida dentro de sus ingresos declarados.
La operación adquirió relevancia porque estuvo relacionada con el tratamiento del Renault Stepway donado por Car One durante la campaña electoral de Orsi y posteriormente utilizado como parte de una operación vinculada a la adquisición de un vehículo personal del actual presidente. El episodio se convirtió en uno de los casos que alimentaron el debate público sobre la diferencia entre los bienes de una campaña electoral, los recursos de un partido y el patrimonio personal de un candidato.
A pesar de las controversias políticas que rodearon el episodio, el Tribunal de Cuentas no formuló reparos sobre esa transferencia cuando analizó la auditoría del Frente Amplio. El partido terminó el ejercicio con 25 millones de pesos de superávit, manteniendo una situación financiera positiva.
Partido Nacional: números positivos, pero una deuda millonaria pendiente
El Partido Nacional declaró un superávit de aproximadamente 1,3 millones de pesos al cierre de 2025. Sin embargo, su situación financiera presenta una particularidad importante: los ingresos descendieron desde unos 56 millones de pesos en 2024 hasta aproximadamente 40 millones en 2025.
El principal punto de preocupación aparece relacionado con la Intendencia de Montevideo. El partido incluyó una previsión de aproximadamente 26,5 millones de pesos vinculada a un litigio por multas acumuladas debido a infracciones relacionadas con cartelería política instalada en espacios públicos.
La deuda no constituye un episodio aislado. Según la información difundida, el Partido Nacional mantiene dos embargos formales inscritos, uno registrado en 2021 y otro en 2023, relacionados con esos procesos ejecutivos tributarios. Esto significa que, aunque el balance anual termine formalmente en positivo, existe una obligación potencialmente significativa que afecta la lectura real de la situación patrimonial de la organización.
Además, el Tribunal de Cuentas señaló al Partido Nacional, al igual que al Partido Colorado, por el incumplimiento relacionado con la obligación de contar con un Oficial de Cumplimiento exigido por la normativa contra el lavado de activos. Esa figura tiene como objetivo reforzar los controles sobre el origen de los recursos que reciben las organizaciones políticas.
El Partido Colorado queda en el centro del problema
El caso más delicado desde el punto de vista de la auditoría corresponde al Partido Colorado.
La organización declaró ingresos por aproximadamente 18 millones de pesos durante 2025 y terminó el ejercicio con un déficit de unos 327.000 pesos. Casi la mitad de sus ingresos provino, según la rendición presentada, de aportes realizados por diputados, senadores, funcionarios de cargos ejecutivos, cargos de confianza y afiliados.
Pero el resultado financiero negativo no es el aspecto más relevante.
El Tribunal de Cuentas decidió abstenerse de emitir una opinión sobre los estados financieros del Partido Colorado porque no pudo acceder a los registros contables que resumían esos estados. El organismo explicó que no obtuvo evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás informaciones incluidas en la documentación presentada. Tampoco pudo aplicar procedimientos alternativos que permitieran obtener una base suficiente para emitir una opinión.
En términos periodísticos, esto no equivale a afirmar que el Tribunal de Cuentas haya determinado que existan irregularidades financieras o dinero no declarado. La abstención tiene otro significado: el organismo no contó con elementos suficientes para verificar la información presentada.
La diferencia es fundamental. Una auditoría que encuentra un error puede formular un reparo específico. Una auditoría que no dispone de información suficiente puede llegar a una abstención porque no tiene elementos para confirmar o descartar determinados saldos.
Todos los partidos tuvieron observaciones
El problema tampoco se limitó al Partido Colorado.
El Tribunal de Cuentas observó que todos los partidos analizados incumplieron el artículo 51 de la normativa vigente, relacionado con la existencia de libros contables y registros de donaciones y contribuciones autenticados por la Corte Electoral.
Esto transforma el episodio en algo más amplio que una controversia entre el órgano de contralor y una única organización política. La primera auditoría bajo el nuevo sistema muestra que el conjunto del sistema partidario uruguayo todavía necesita adaptar sus mecanismos administrativos y contables a las exigencias de la nueva legislación.
La explicación institucional es relevante. Los partidos políticos uruguayos desarrollaron durante décadas sistemas internos de financiamiento con características propias, incluyendo aportes de dirigentes, contribuciones de afiliados, financiamiento público, donaciones y recursos procedentes de campañas electorales. La nueva legislación intenta convertir ese conjunto de prácticas en un sistema más uniforme, trazable y auditable.
Cabildo Abierto: el desplome financiero después del retroceso electoral
El caso de Cabildo Abierto muestra una relación directa entre desempeño electoral y capacidad financiera.
La organización pasó de registrar casi 48 millones de pesos de ingresos en 2024 a poco más de 5 millones en 2025, una caída de enorme magnitud que coincide con su pérdida de peso político después de las elecciones nacionales.
A pesar de esa reducción, el partido logró cerrar 2025 con un pequeño superávit de 349.169 pesos, fundamentalmente porque también redujo sus gastos.
La caída se observa especialmente en los aportes de afiliados. En 2024, la organización había recaudado aproximadamente 382.610 pesos por este concepto, mientras que en 2025 la cifra descendió a apenas 51.000 pesos.
El dato muestra cómo las finanzas partidarias pueden cambiar rápidamente cuando una organización pierde representación, cargos públicos, militancia y capacidad de movilización electoral.
Identidad Soberana: crecimiento político y expansión de gastos
En el extremo opuesto aparece Identidad Soberana, el partido liderado por Gustavo Salle, que consiguió casi 65.000 votos en las elecciones nacionales de 2024 y obtuvo dos bancas en la Cámara de Diputados.
La organización declaró ingresos cercanos a 8 millones de pesos y gastos próximos a 6 millones, cerrando 2025 con un superávit de aproximadamente 1,9 millones de pesos.
Sus cuentas reflejan además el proceso de institucionalización de una fuerza política nueva. Aumentaron los gastos relacionados con sueldos, servicios contratados y representación, categorías que normalmente crecen cuando un partido pasa de ser una organización electoral pequeña a disponer de representación parlamentaria permanente.
Pero el Tribunal de Cuentas también detectó una cuestión específica: la contribución mensual realizada por afiliados que ocupan cargos electivos y políticos superaba el tope establecido por la normativa.
La legislación vigente establece límites para este tipo de contribuciones. La Ley 20.292 permite a las autoridades partidarias establecer aportes mensuales para personas afiliadas que ocupan cargos electivos, políticos o de particular confianza, pero fija un máximo del 15 % de la remuneración líquida percibida en el cargo.
¿Por qué esta auditoría es importante para la democracia uruguaya?
El dinero de los partidos políticos no es un asunto exclusivamente administrativo. Está directamente relacionado con la calidad de la democracia, porque determina cómo se financian las organizaciones que compiten por el poder, de dónde provienen sus recursos y qué mecanismos existen para impedir que intereses privados compren influencia política.
La reforma aprobada en 2024 buscó precisamente aumentar la trazabilidad de ese dinero. La legislación establece límites a determinadas donaciones, exige que los aportes sean identificables y regula los recursos destinados tanto al funcionamiento permanente de los partidos como a las campañas electorales.
Para las campañas, por ejemplo, las donaciones están sujetas a límites por donante y deben ser nominativas. Para el funcionamiento permanente de los partidos, la legislación exige que las donaciones o cesiones procedan de personas físicas o jurídicas identificadas y establece límites anuales.
El objetivo es reducir el espacio para el financiamiento anónimo, el dinero de origen desconocido y la utilización de estructuras partidarias para canalizar recursos que deberían ser transparentes.
El caso Orsi mostró que el problema no termina en los balances partidarios
La discusión sobre las cuentas de 2025 llega después de una polémica que involucró directamente al presidente Yamandú Orsi y que puso en evidencia una zona gris del sistema: la relación entre los recursos de una campaña y el patrimonio personal de un candidato.
La controversia alrededor de la camioneta de Orsi incluyó una donación en especie, una diferencia de precio, una rifa y posteriormente una transferencia de fondos al Frente Amplio. El episodio generó cuestionamientos no necesariamente porque se hubiera demostrado una ilegalidad, sino porque expuso la dificultad para seguir con absoluta claridad el recorrido de determinados bienes y recursos desde la campaña hasta después de la elección.
El País identificó entonces un problema más amplio: la existencia de zonas grises entre los aportes a candidatos, los recursos partidarios, las donaciones en especie y las declaraciones patrimoniales. La nueva legislación pretende precisamente reducir esos espacios de incertidumbre.
Antes, ahora y después: Uruguay está probando un nuevo modelo de control
Antes de la reforma de 2024, Uruguay ya disponía de normas de financiamiento político y de mecanismos de rendición de cuentas, pero el sistema tenía limitaciones para realizar controles financieros con una profundidad comparable a una auditoría integral.
Ahora, por primera vez bajo el nuevo marco, el Tribunal de Cuentas intervino directamente en la revisión de los balances partidarios, y el resultado fue revelador: las principales organizaciones pueden presentar balances con resultados positivos o negativos, pero al mismo tiempo existen deficiencias documentales y administrativas que dificultan la verificación completa de la información.
Después vendrá la etapa más importante: corregir las deficiencias detectadas y convertir el nuevo sistema de control en una práctica habitual.
La propia Ley 18.485, modificada por la Ley 20.292, establece que los partidos tienen 120 días desde el cierre del ejercicio económico para presentar sus estados contables, mientras que la Corte Electoral dispone de 90 días para auditarlos y visarlos, pudiendo recurrir al Tribunal de Cuentas. Una vez auditados, los estados deben publicarse.
Esto significa que el ejercicio 2025 debe ser entendido como una primera prueba de un modelo que todavía está en proceso de consolidación.
El verdadero desafío: que la transparencia no sea solamente formal
La información disponible deja una conclusión más compleja que una simple clasificación de partidos con superávit y déficit.
El Frente Amplio presenta el mayor volumen de ingresos entre los casos analizados y terminó con un resultado positivo; el Partido Nacional también cerró en positivo, aunque con obligaciones importantes vinculadas a multas; Identidad Soberana muestra el crecimiento financiero de una fuerza nueva; Cabildo Abierto evidencia el impacto económico de su retroceso electoral; y el Partido Colorado enfrenta el dato institucional más delicado por la abstención del Tribunal de Cuentas.
Pero la cuestión de fondo es otra: ¿puede el ciudadano uruguayo conocer con suficiente precisión quién financia a los partidos, cuánto aporta cada actor y cómo se utiliza ese dinero?
La respuesta todavía no es completamente satisfactoria.
La nueva legislación representa un avance porque introduce mayores controles, límites, obligaciones contables y mecanismos de auditoría. Sin embargo, las primeras revisiones demuestran que una ley más exigente necesita también estructuras administrativas capaces de cumplirla, profesionales especializados, registros adecuados y una cultura política de transparencia.
La auditoría de 2025 no constituye, por tanto, el final de un proceso, sino el comienzo de una nueva etapa. Uruguay está intentando pasar de un sistema basado principalmente en la declaración de los propios partidos a otro en el que sus números puedan ser verificados con mayor profundidad por organismos independientes. El resultado de esa transición será determinante para la confianza pública en el sistema político y para garantizar que el financiamiento de la democracia no se convierta en uno de sus principales puntos de opacidad
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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