La Defensoría del Pueblo de Colombia lanzó una alerta nacional ante la sucesión de ataques, hostigamientos y acciones con explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en 11 departamentos del país, y pidió al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella adoptar medidas inmediatas para impedir que esta ola de violencia se convierta en una nueva escalada del conflicto armado. El organismo señaló que los hechos incluyeron ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, con especial intensidad en Cauca y Nariño, y advirtió que la población civil no puede convertirse en objetivo ni quedar atrapada en las disputas entre estructuras armadas ilegales. El pronunciamiento adquiere una dimensión política especial porque ocurre apenas dos días después de la llegada del nuevo Gobierno y coloca la seguridad territorial, la protección de las comunidades y la respuesta frente a los grupos armados entre sus primeros grandes desafíos.
La advertencia de la Defensoría no se refiere a un único atentado, sino a una concentración inusual de hechos violentos en diferentes regiones del país durante un período muy corto. Entre el viernes 7 y el sábado 8 de agosto fueron reportados hostigamientos y acciones armadas que involucraron diferentes modalidades, desde disparos contra instalaciones de la Fuerza Pública hasta utilización de drones y artefactos explosivos.
La mayor intensidad se registró en Cauca y Nariño, dos departamentos que durante los últimos años se han convertido en algunos de los principales escenarios de confrontación entre organizaciones armadas, debido a su ubicación estratégica, corredores de movilidad y economías ilegales. La Defensoría también identificó hechos en otros departamentos, ampliando la preocupación sobre una posible coordinación, expansión territorial o aprovechamiento simultáneo de la capacidad operativa de diferentes estructuras.
El organismo defensor de los derechos humanos pidió que la respuesta estatal no se limite a las operaciones militares. Su planteamiento es que la seguridad debe combinarse con prevención, protección de la población civil, atención humanitaria y presencia integral del Estado. La preocupación central es que una sucesión de ataques pueda generar desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad, suspensión de actividades económicas y temor generalizado en comunidades que ya viven bajo presión de actores armados.
Cauca y Nariño, epicentro de la preocupación
El hecho de que Cauca y Nariño aparezcan nuevamente entre los territorios más afectados no es casual. Ambos departamentos forman parte de una región donde confluyen corredores estratégicos para el narcotráfico, cultivos ilícitos, rutas hacia el Pacífico y zonas montañosas que dificultan la presencia permanente de la Fuerza Pública.
La fragmentación de las antiguas estructuras de las FARC también modificó profundamente el mapa de la violencia. En lugar de una única organización con una cadena de mando relativamente definida, el territorio quedó dividido entre diferentes estructuras y facciones que pueden enfrentarse entre sí por rentas ilícitas, corredores, territorios y control social.
La propia Defensoría documentó en su balance de 2025 que la fragmentación de las disidencias de las FARC y la confrontación entre facciones se consolidaron como factores determinantes del recrudecimiento de la violencia. El organismo señaló entonces que estas dinámicas se extendían desde la Amazonía hasta el nororiente del país.
Nariño, por su parte, posee una importancia estratégica adicional por su conexión con la frontera ecuatoriana y el océano Pacífico. El control de corredores en esta región tiene valor para organizaciones que participan en la producción, transporte y comercialización de drogas, pero también para aquellas que buscan ejercer control sobre comunidades y actividades económicas locales.
Los drones cambian la naturaleza de los ataques
Uno de los elementos que más preocupa en la nueva ola de violencia es el uso de drones y artefactos explosivos.
La incorporación de aeronaves no tripuladas de bajo costo permite que grupos armados puedan realizar ataques a distancia sin exponer directamente a todos sus integrantes. Esta modalidad añade una dimensión tecnológica al conflicto y dificulta las tareas de protección de instalaciones militares y policiales.
La Defensoría ya había advertido anteriormente sobre el empleo de drones por parte de estructuras armadas. En su balance de 2025, el organismo señaló que la evolución del conflicto estaba incorporando nuevas modalidades de ataque y que estas tecnologías representaban una preocupación adicional por sus posibles efectos sobre la población civil.
El problema no es únicamente militar. Un ataque con explosivos o drones cerca de una zona urbana, una carretera, una estación policial o una comunidad puede provocar víctimas civiles incluso cuando el objetivo inicial sea una instalación de la Fuerza Pública.
Por esa razón, la Defensoría insiste en que cualquier estrategia de seguridad debe incorporar mecanismos específicos de protección de civiles y prevención de daños indiscriminados.
El nuevo Gobierno recibe un problema que ya estaba creciendo
La advertencia llega apenas unos días después de la posesión de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto.
Durante su campaña y en sus primeras declaraciones como mandatario, la seguridad ocupó un lugar central. Ahora la realidad territorial coloca esa promesa frente a una prueba inmediata: demostrar que el Estado puede recuperar capacidad de respuesta en zonas donde las organizaciones armadas han consolidado presencia durante años.
La Defensoría pidió precisamente que el nuevo Gobierno fortalezca desde sus primeros días una respuesta estatal integral. La expresión es importante porque el organismo no está planteando únicamente aumentar el número de soldados o policías, sino combinar seguridad con prevención, protección de comunidades y atención a las víctimas.
El desafío es especialmente complejo porque muchas de las zonas afectadas no presentan únicamente problemas de seguridad. Allí también existen pobreza, economías ilegales, ausencia institucional, dificultades de acceso, débil infraestructura y falta de oportunidades para jóvenes, condiciones que facilitan el reclutamiento y permiten que las organizaciones criminales ejerzan formas de control social.
El mapa armado colombiano se ha transformado
Para comprender la situación actual es necesario mirar varios años hacia atrás.
El acuerdo de paz de 2016 provocó la desmovilización de miles de integrantes de las FARC, pero no eliminó todas las estructuras armadas ni las economías ilegales que existían en los territorios donde operaba la antigua guerrilla.
Con el paso del tiempo surgieron disidencias y nuevas organizaciones, mientras grupos como el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia ampliaron o consolidaron su presencia en diferentes regiones.
La Defensoría informó en su rendición de cuentas correspondiente a 2025 que el Ejército Gaitanista de Colombia era la estructura armada ilegal de mayor alcance territorial, con presencia permanente o intermitente monitoreada en 429 municipios. El ELN, por su parte, registró accionar en 243 municipios durante ese año.
Esos números ayudan a explicar por qué un episodio de violencia en Cauca puede formar parte de un problema nacional. Colombia no enfrenta un único conflicto localizado, sino una combinación de conflictos regionales y disputas entre organizaciones con intereses diferentes.
El narcotráfico continúa siendo uno de los motores
La economía de la droga continúa desempeñando un papel central.
Las alertas tempranas de la Defensoría han señalado reiteradamente que las economías ilícitas, particularmente el narcotráfico, son uno de los factores determinantes para comprender la persistencia de los escenarios de riesgo. Los grupos armados buscan controlar territorios estratégicos no solamente para combatir al Estado, sino para asegurar ingresos.
Esto explica por qué determinadas regiones permanecen atrapadas en ciclos de violencia incluso después de operaciones militares o acuerdos temporales.
Cuando una organización pierde el control de una zona productora o de un corredor de transporte, otra estructura intenta ocuparlo. La confrontación puede provocar asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos, confinamientos y ataques contra comunidades.
En consecuencia, una política de seguridad que únicamente capture o neutralice integrantes de las organizaciones puede producir resultados inmediatos, pero no necesariamente elimina las condiciones económicas que permiten que nuevas estructuras ocupen el espacio dejado por las anteriores.
La población civil vuelve a estar en el centro de la crisis
El mayor riesgo de la actual escalada no está únicamente en las instalaciones atacadas.
La experiencia colombiana demuestra que cuando aumenta la confrontación territorial, también crecen las consecuencias humanitarias: desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, extorsiones, reclutamiento de menores, desapariciones y restricciones de movilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recogido información de la Defensoría sobre disputas entre grupos armados que han producido asesinatos selectivos y múltiples, atentados, reclutamiento de niños y adolescentes, retenciones ilegales, desplazamientos y confinamientos.
Esta situación es particularmente grave en comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, donde abandonar el territorio puede significar no solamente perder la vivienda, sino también la tierra, los cultivos, las redes comunitarias y formas tradicionales de subsistencia.
Por ello, la advertencia de la Defensoría tiene un componente que va mucho más allá de la seguridad pública: se trata también de evitar una nueva crisis humanitaria.
El antecedente de 2025 muestra la dimensión del problema
Los informes de la Defensoría correspondientes a 2025 ya advertían que el conflicto estaba adquiriendo una dimensión territorial cada vez mayor.
El organismo identificó la expansión de diferentes estructuras y señaló que el ELN mantenía presencia en corredores estratégicos como la frontera con Venezuela, el sur de Bolívar, la Serranía de San Lucas, Catatumbo, Chocó y Cauca, además de registrar expansión hacia el suroccidente y el sur del Cesar.
También alertó sobre la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia y sobre disputas con otras organizaciones.
El resultado es un escenario fragmentado en el que las alianzas pueden cambiar rápidamente y los enemigos de una organización pueden convertirse en aliados circunstanciales frente a un tercer actor.
Esta dinámica hace mucho más difícil construir una estrategia de seguridad uniforme para todo el territorio nacional.
Antes, ahora y después
Antes de la actual escalada, Colombia ya había experimentado una transformación profunda de su conflicto armado. La firma del acuerdo de paz con las FARC redujo determinadas formas de confrontación, pero también dejó espacios territoriales y economías ilegales que posteriormente fueron disputados por nuevas organizaciones.
Ahora, el país enfrenta un escenario más fragmentado. Once departamentos afectados en apenas dos días, ataques con explosivos, utilización de drones y hostigamientos muestran que la capacidad de las estructuras armadas sigue siendo considerable.
Después, el verdadero desafío será determinar si estos hechos constituyen una serie de acciones independientes de diferentes grupos o si representan el comienzo de una fase de mayor coordinación, presión territorial o demostración de fuerza frente al nuevo Gobierno.
La respuesta será determinante. Si el Estado logra contener rápidamente los ataques, proteger a las comunidades y evitar que la violencia se extienda, el episodio podría quedar como una nueva advertencia dentro de un conflicto prolongado.
Pero si los ataques continúan multiplicándose, especialmente mediante drones, explosivos y acciones simultáneas en diferentes departamentos, el Gobierno podría enfrentarse a una situación mucho más compleja: una nueva etapa de violencia territorial con capacidad para afectar la seguridad, la economía, las carreteras, las comunidades rurales y las principales ciudades.
El primer gran desafío de seguridad de De la Espriella
La advertencia de la Defensoría coloca al nuevo Gobierno ante una prueba inmediata. La seguridad fue una de las principales promesas políticas de Abelardo de la Espriella y ahora los grupos armados están poniendo esa promesa a prueba desde los primeros días de su administración.
La respuesta deberá combinar operaciones de inteligencia y seguridad con protección humanitaria, presencia institucional, control de economías ilegales y una estrategia específica para impedir el reclutamiento de menores.
También será fundamental que el Gobierno comunique con precisión qué está ocurriendo. Una respuesta exclusivamente militar puede transmitir fuerza, pero una estrategia integral debe demostrar que el Estado puede recuperar territorios, proteger comunidades y garantizar que los ciudadanos vuelvan a vivir sin depender de las reglas impuestas por grupos armados.
La advertencia de la Defensoría, por tanto, no es solamente un llamado de atención sobre los ataques ocurridos entre el 7 y el 8 de agosto. Es una señal sobre el estado de la seguridad colombiana al comienzo de una nueva administración.
Colombia entra en esta nueva etapa con un mapa armado fragmentado, economías ilegales todavía poderosas y organizaciones capaces de utilizar tecnologías cada vez más accesibles para atacar. El desafío del nuevo Gobierno será evitar que una sucesión de hechos violentos se transforme en una nueva escalada nacional y, sobre todo, impedir que la población civil vuelva a pagar el precio de una guerra que durante décadas ha demostrado su capacidad para cambiar de forma, pero no desaparecer.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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