La Justicia argentina se va en contra del régimen de Daniel Ortega

La Justicia de Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, indagará sobre los abusos de Daniel Ortega sobre desapariciones, asesinatos y torturas.

La Justicia argentina abrió una investigación para determinar si el Gobierno de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad, confirmaron este jueves fuentes de la Fiscalía del caso.

La causa, dirigida por el juez federal Ariel Lijo, se abrió tras una denuncia interpuesta por los abogados Dario Richarte y Diego Pirota contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega; su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, «y otros cómplices de las desapariciones, asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores a la dictadura», expresó Richarte en su cuenta de Twitter.

«Hacer la denuncia fue posible por el aporte testimonial de los que sufren en 1a persona la violencia criminal y por el trabajo previo de OEA, ONGs y medios. Se pide la indagatoria y eventual captura internacional de Ortega y cómplices. Se inicia un camino para lograr justicia», agregó el letrado.

El abogado recordó que la Justicia argentina tiene una «extensa tradición en materia de defensa de los derechos humanos y aceptación del principio de jurisdicción universal«, y se mostró optimista en «el avance de la investigación para establecer las responsabilidades penales de Ortega y sus cómplices».

Lijo ordenó que se envíe un exhorto a la Justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas donde se investiguen delitos como torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas.

Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica desde 2018, -que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

En los últimos años, la Justicia de Argentina -cuya Constitución avala que en el país se puedan tramitar causas en las que se investiguen delitos cometidos «fuera de los límites» de la Nación– ya aceptó otras denuncias para investigar, por jurisdicción universal, los crímenes del Franquismo en España o los cometidos contra el pueblo Rohinyá en Birmania.