
La intención del Municipio de Carmelo de contratar una empresa para contar los adoquines que permanecen enterrados en un terreno próximo al cementerio supone una tarea considerablemente más compleja que un inventario convencional, señalaron fuentes políticas, a Carmelo Portal.
Las piezas no se encuentran a la vista: fueron trasladadas al lugar después de su extracción de las calles y posteriormente cubiertas con tierra, en un sector que presenta dificultades de acceso, señalaron.
Según antecedentes documentales correspondientes al 25 de junio de 2008, durante las obras de calle 19 de Abril se registró la extracción de 404.708 adoquines. También se informó sobre unas 30.450 piezas vinculadas a trabajos de renovación de la red de agua. Sin embargo, esos registros históricos no permiten establecer por sí solos cuántas unidades fueron efectivamente depositadas en el terreno ni cuántas permanecen allí.
El problema inicial es, por tanto, determinar qué existe debajo de la superficie.
Un análisis metodológico permite identificar distintas etapas que deberían considerarse antes de ejecutar el trabajo: localizar los depósitos, establecer su extensión y profundidad, evaluar las condiciones de ingreso de maquinaria, remover la tierra, recuperar las piezas y disponerlas en sectores organizados que permitan su conteo y posterior verificación.
La cantidad de trabajadores dependerá de esas condiciones. Como ejercicio de planificación, una cuadrilla de ocho personas capaz de recuperar, contar y ordenar 4.000 unidades por jornada necesitaría 100 días laborables para completar 400.000 adoquines. No obstante, esa productividad es hipotética y no contempla necesariamente las dificultades de excavación, accesibilidad y movimiento del material, nos explicó un Ingeniero Agrimensor al que consultamos.
Por esa razón, una excavación exploratoria podría aportar información decisiva para establecer la cantidad de maquinaria, personal y jornadas necesarias, antes de definir el presupuesto de la contratación.
A las dificultades operativas se agrega otro aspecto: las denuncias de presuntos robos de adoquines que han existido a lo largo de los años. Su alcance y eventual documentación administrativa o policial requieren verificación. La recuperación del material permitiría establecer un inventario físico actualizado, aunque una diferencia entre las cantidades históricas y las recuperadas no demostraría, por sí misma, que hubo sustracciones.
El procedimiento de conteo también exige definiciones. Los adoquines podrían organizarse en lotes numerados, con registros de cantidades, estado de conservación y ubicación dentro del predio. Esa metodología permitiría evitar duplicaciones, controlar el material recuperado y facilitar su utilización futura.
La contratación plantea, además, una cuestión presupuestal: si el trabajo se pagará por jornadas, por volumen de tierra removida, por unidad recuperada o mediante un precio global. Cada modalidad supone una distribución diferente de los riesgos asociados a una cantidad de material que todavía se desconoce.
La información disponible no permite determinar cuánto costaría la intervención ni cuánto tiempo demandaría. Para establecer ambos extremos sería necesario conocer las características del terreno y los alcances concretos del trabajo previsto.
La cuestión central para el Municipio será definir si pretende únicamente conocer cuántos adoquines permanecen enterrados o si procura recuperarlos, clasificarlos, ordenarlos y asegurar su conservación. Son objetivos diferentes y, por consiguiente, requieren procedimientos y presupuestos distintos.
La futura intervención podría representar, además, una oportunidad para reconstruir documentalmente el recorrido de los adoquines desde su extracción en 2008 hasta su depósito y eventual recuperación. El resultado debería permitir conocer no solamente una cantidad, sino también el estado y la ubicación de un conjunto de bienes públicos cuyo inventario actual permanece sin establecer.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
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