No hay confianza en Lustemberg

La crisis del Ministerio de Salud Pública no se resuelve simplemente restituyendo los cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles. La resolución corrige una situación administrativa, pero no responde por sí sola a las consecuencias institucionales de lo ocurrido. Cristina Lustemberg defendió la reducción de la sanción de cinco a tres años. Aquella decisión provocó la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión de Salud Pública, una reacción de excepcional gravedad que puso de manifiesto el deterioro de la relación entre la conducción ministerial y su organismo técnico.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo restableció la sanción original, invocando nuevos antecedentes jurídicos. Esa circunstancia puede justificar la reconsideración del expediente, pero también obliga a examinar las razones por las cuales esos elementos no determinaron una resolución diferente desde el comienzo. El debate sobre la continuidad de la ministra no debería reducirse a una confrontación partidaria. La cuestión de fondo es si la conducción del Ministerio logró preservar la confianza institucional, escuchar las advertencias técnicas y ofrecer explicaciones suficientes sobre decisiones de enorme sensibilidad.

La responsabilidad política tiene una naturaleza distinta de la responsabilidad penal o administrativa. No requiere necesariamente la existencia de un delito. Comprende la obligación de responder por las consecuencias de las decisiones adoptadas durante el ejercicio de un cargo público.

La situación política de la ministra es insostenible. El presidente Yamandú Orsi debe explicar qué evaluación realiza sobre el conflicto con la Comisión de Salud Pública, qué cambió entre ambas resoluciones y qué garantías existen de que las decisiones sanitarias mantendrán su independencia técnica. La familia de Soledad Barrera merece respuestas claras, respeto y garantías de que una tragedia semejante será abordada con el máximo rigor institucional. Una rectificación jurídicamente fundada no equivale a una absolución de responsabilidades políticas. La ministra debe explicar tanto la decisión inicial como las consecuencias que produjo y las razones de su posterior modificación.

El gobierno tiene ante sí una discusión que es  la permanencia de una integrante del gabinete: cómo se preserva la autoridad de las instituciones cuando sus decisiones generan conflictos internos de esta magnitud. La renuncia de Cristina Lustemberg se ha convertido en una demanda política y gremial que exige una respuesta fundada del Poder Ejecutivo.  La continuidad de una autoridad ministerial no puede depender exclusivamente de su respaldo dentro del gobierno; también requiere confianza pública, capacidad de conducción y rendición de cuentas. La gravedad del caso exige algo más que defender la legalidad de los procedimientos. Exige explicar qué ocurrió, identificar las responsabilidades y demostrar que las instituciones sanitarias están por encima de las decisiones individuales.