
La bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por su actuación en el caso de la anestesista María Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La interpelación estará a cargo del diputado Federico Casaretto. El Partido Colorado ya anticipó que acompañará la iniciativa.
El caso se remonta a 2023, cuando Soledad Barrera falleció tras una cirugía de vesícula. Durante la intervención sufrió un paro cardiorrespiratorio, quedó en estado vegetativo y murió meses después. La anestesista María Inés Miralles fue condenada por homicidio culposo por mala praxis. La Comisión Honoraria de Salud Pública le impuso inicialmente cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la medicina.
En octubre de 2025, Lustemberg redujo esa sanción a tres años. El martes, el presidente Yamandú Orsi revocó esa decisión y restableció los cinco años originales. El mandatario explicó que el Ministerio de Salud Pública fue “inducido a error”. Señaló que la Jurídica del MSP había recomendado bajar la sanción, pero la Jurídica de Presidencia no compartió ese criterio. “Hubo una definición de la Jurídica del Ministerio que la Jurídica de Presidencia no compartió. A partir de eso tomamos una definición entre los dos”, afirmó Orsi.
El presidente respaldó a la ministra y descartó la necesidad de que renuncie.
Lustemberg, por su parte, aseguró que no se plantea dejar el cargo. “Por ahora, no me planteo la renuncia. La disposición siempre la tiene el presidente de la República”, declaró. La ministra sostuvo que nunca dudó de la gravedad de los hechos ni del manejo de la situación. “Nunca dudé de la gravedad de los hechos ni de cómo fue el manejo, solamente fue el quantum de la sanción”, expresó.
Explicó que la reducción inicial se basó en un informe técnico y que la decisión final de mantener los cinco años se tomó tras un recurso presentado por la madre de la víctima y la aparición de nuevos elementos jurídicos. El informe de Jurídica del MSP incluyó hechos graves como modificaciones en la historia clínica y antecedentes de actitudes irregulares de la profesional.
Cuestionamientos desde el Partido Nacional
El Partido Nacional cuestionó con dureza tanto la decisión original de la ministra como el respaldo político del presidente. En un comunicado, los diputados blancos afirmaron que Lustemberg “benefició a una profesional condenada por homicidio” e ignoró el sufrimiento de la familia Barrera. Señalaron que su actuación provocó “descreimiento y pérdida de prestigio” del Ministerio de Salud Pública, lo que derivó en la renuncia de once prestigiosos médicos y académicos que integraban la Comisión Honoraria.
Los legisladores sostienen que reducir la sanción a una profesional con antecedentes penales implica que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud “pierdan las garantías sanitarias”. También criticaron que el MSP haya dejado pasar plazos legales en una demanda presentada por la anestesista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que según la oposición fortaleció la posición jurídica de la médica.
Si bien reconocen que Orsi corrigió el error, cuestionan que mantenga a Lustemberg en el cargo. “Al respaldarla políticamente, el gobierno avala que la salud pública de nuestro país se maneje por intereses corporativos”, afirmaron. El Partido Nacional considera que «liderar la máxima autoridad sanitaria exige humanidad, seriedad, profesionalismo, transparencia y ética pública, y que la interpelación es necesaria para restablecer las garantías y la confianza en el sistema sanitario».
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