
En la denuncia, formulada por el abogado Juan Pablo Decia, se acusa a los empresarios de crear un esquema piramidal al estilo Ponzi mediante inversiones ganaderas falsas que eran canalizadas por las empresas de Silveira, conocido empresario agropecuario oriundo de Cerro Largo.
En el texto se asegura que el perjuicio verificado de los denunciantes asciende a US$ 491.339, pero se señala que la cifra total de damnificados y capital afectado sería “considerablemente superior”.
Las marcas operativas a través de las que se canalizaban las inversiones son Silveira Agronegocios, Silveira Inversiones y Bono Ganadero. En el documento, se pide que tanto Silveira como Seoane sean imputados por estafa, apropiación indebida, libramientos de cheques sin fondos, asociación para delinquir y eventuales antecedentes de lavado de activos.
“Los contratos garantizaban al inversor la devolución del capital y la renta ‘en todo caso y sin perjuicio del resultado del negocio ganadero’, y declaraban que el inversor no era parte del negocio. Se ofrecía, en suma, un rendimiento fijo y asegurado, desvinculado del resultado de la actividad que supuestamente lo generaba”, indica la denuncia con respecto a los documentos firmados por los damnificados.
Sin embargo, Decia aseguró que el respaldo alegado de cabezas de ganado resultó ser ficticio o incluso duplicado entre varios clientes. “Las víctimas nunca recibieron constancias del SNIG ni guías ni los vales. Distintos contratos, con distintos inversores, indican como respaldo el mismo establecimiento rural, lo que hace presumir que un mismo stock —en caso de existir— se ofreció en garantía a una pluralidad de inversores”, detalla.
El esquema de empresas utilizaba una “caja única”. Es decir, los fondos salían de un origen, pero tenía varias entidades comerciales dependientes. “El fiduciario Seoane no era un tercero independiente, sino una pieza del esquema (…) prestó así su nombre, su función y la cuenta del fideicomiso para dotar al negocio de la apariencia de seguridad que necesitaba para captar inversores, sin que la garantía ofrecida tuviera existencia real”, acusa la denuncia.
Entre marzo y julio de este año, Silveira libró a las víctimas, en representación de diferentes sociedades del grupo empresarial, cheques que resultaron rechazados o no han sido pagados. “Lo que revela que el libramiento de cheques no tuvo por finalidad el pago, sino ganar tiempo y desactivar los reclamos de los inversores”, apunta el texto presentado ante la Justicia.
La denuncia solicita, a su vez, el embargo genérico e inhibición general sobre los bienes de Silveira y de Seoane, así como también sobre los de Daniel Silveira, el padre del empresario.
Se pide la inmovilización de cuentas bancarias de las sociedades del grupo que no fueron concursadas: Silveira Consignataria SAS, Daniel Silveira SA, AIF Management Partners SAS, Mibrelco SA.
Daniel Silveira no está denunciado en el texto presentado, pero sí se piden medidas cautelares, dado que es una de las personas físicas cuya declaración de concurso necesario decretó la Justicia en setiembre. Silveira es un reconocido empresario y consignatario de ganado de Cerro Largo. Además, es fundador de la histórica firma Daniel Silveira Negocios Rurales, que luego se transformó en Silveira Negocios Rurales.
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