Estados Unidos — Juicio YPF: mucho ruido y una premisa equivocada

Quince Estados de los EE.UU presentaron un amicus curiae (Tercero que no es parte del juicio) ante la Corte Suprema de los EE.UU para apoyar la revisión del fallo que favoreció a la Argentina.

Ciertamente, la presentación tiene impacto político y mediático pero desde lo estrictamente legal, su argumento central presenta un problema serio: parte de una premisa equivocada.

¿Por qué? Dichos Estados sostienen -en esencia- que permitir a un país invocar su propia legislación para evitar las consecuencias de una demanda en EE.UU debilitaría la aplicación de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), que es la ley federal que regula cuándo un Estado extranjero puede ser demandado ante los tribunales estadounidenses.

El problema es -sencillamente- que eso no fue lo que hizo la Court of Appeals for the Second Circuit (SC); es decir, la Corte de Apelaciones –Segundo Circuito– con jurisdicción geográfica en New York, Connecticut y Vermont.

En efecto, la SC no negó jurisdicción sobre el caso; muy por el contrario, analizó la FSIA, consideró aplicable la excepción vinculada con actividades comerciales y ejerció jurisdicción. Y acto seguido, evaluó qué derecho debía utilizar para resolver el fondo de la controversia.

Y allí aparece una distinción fundamental: una cosa es poder demandar y otra -muy diferente- determinar qué ley debe aplicarse para decidir quién tiene razón (se denomina “Choice-of-Law”). La FSIA puede abrir la puerta del tribunal norteamericano pero de ninguna manera garantiza que el demandante vaya a ganar ni -mucho menos- que el caso deba resolverse necesariamente aplicando derecho de los EE.UU. Ergo, siendo YPF una sociedad anónima constituida en Argentina, la SC entendió que correspondía resolver la cuestión bajo derecho argentino. Punto.

Por eso, el argumento de los peticionantes -a mi juicio no inocentemente- confunde dos planos jurídicos distintos: jurisdicción y derecho aplicable. Y por ello es jurídicamente endeble.

Finalmente, no hay que ignorar un dato institucional relevante: el gobierno federal de EE.UU., a través del Departamento de Justicia y del Solicitor General (abogado del Gobierno ante la Corte Suprema), ya intervino en este litigio sosteniendo posiciones favorables a la Argentina en materia de inmunidad soberana. Por eso, más importante que el amicus curiae de los 15 Estados, será observar si la Corte Suprema activa un procedimiento llamado Call for the Views of the Solicitor General (solicitar la opinión de aquél funcionario); y en tal caso, aguardar la opinión del mismo, aunque no sea vinculante para una decisión final.

Por ahora, el amicus curiae sólo agrega presión política y ruido mediático, pero -en mi opinión- no modifica el punto jurídico esencial porque la Second Circuit no dijo que Argentina estuviera fuera del alcance de los tribunales estadounidenses; dijo que tener jurisdicción sobre un caso no significa que el fondo de ese caso deba resolverse aplicando derecho estadounidense.

Parece una diferencia técnica. No lo es.