El mandatario anunció su salida tras el colapso de la entidad financiera, las protestas de ahorristas y la pérdida de apoyos políticos. La crisis afectó a millones de clientes y abrió investigaciones sobre la gestión del banco.
Santiago Peña presentó este jueves 5 de noviembre de 2026 su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de una crisis política y financiera que se agravó con el colapso de Ueno Bank. El mandatario anunció su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales, mientras el Congreso avanzaba en el debate de un juicio político y miles de ahorristas enfrentaban dificultades para acceder a su dinero.
La salida del presidente se produjo después de tres días de creciente tensión. La intervención de una de las principales entidades financieras digitales del país desencadenó protestas, investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre sus vínculos con el entorno empresarial de Peña. La presión terminó alcanzando a sectores del oficialismo que hasta entonces habían sostenido su administración.
En su mensaje de despedida, el mandatario sostuvo que presentaba su renuncia para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También ofreció disculpas a la ciudadanía, aunque no asumió responsabilidad directa por la crisis bancaria. Peña había llegado al poder el 15 de agosto de 2023 y su mandato debía concluir en 2028.
El colapso de Ueno Bank y la crisis de los ahorristas
La crisis se desencadenó cuando el Banco Central del Paraguay dispuso el proceso de resolución de Ueno Bank, después de detectar un deterioro significativo de su situación financiera. Según los reportes oficiales recogidos por agencias internacionales, el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación bancaria.
La medida afectó las operaciones de un banco que había experimentado un crecimiento acelerado y reunía cerca de tres millones de clientes. Las dificultades para utilizar tarjetas, aplicaciones y servicios de transferencia provocaron incertidumbre entre los usuarios, muchos de los cuales acudieron a las oficinas de la institución para reclamar acceso a sus depósitos.
El caso adquirió especial gravedad por la presencia de recursos estatales y previsionales en la entidad. Los reportes internacionales sitúan los fondos públicos depositados en Ueno en alrededor de USD 800 millones, aunque otras estimaciones difundidas durante la crisis superan esa cantidad. La magnitud de esos recursos amplió el debate sobre los controles financieros y la responsabilidad de las autoridades.
El Banco Central anunció medidas para gestionar la resolución de la entidad y facilitar la recuperación de los depósitos. Sin embargo, las dificultades operativas y la incertidumbre sobre el proceso provocaron movilizaciones en Asunción, donde ahorristas, jubilados y trabajadores exigieron respuestas.
Las investigaciones y los vínculos políticos
La intervención de Ueno también abrió una investigación sobre las operaciones financieras del banco. Los organismos reguladores detectaron problemas relacionados con préstamos a empresas vinculadas, documentación insuficiente y registros contables cuestionados. La Fiscalía avanzó con actuaciones contra directivos y otras personas relacionadas con la entidad.
Según los reportes de Associated Press y medios paraguayos, ocho altos directivos fueron detenidos y 27 personas enfrentan imputaciones relacionadas con las presuntas irregularidades. La existencia de estos procesos no implica que sus responsabilidades penales hayan sido establecidas mediante una sentencia.
Las investigaciones adquirieron una dimensión política por los antecedentes empresariales del mandatario. Peña había mantenido una participación accionaria en el grupo vinculado a Ueno Bank hasta 2025. Además, Carlos Carvallo, quien dirigió la institución financiera antes de asumir la Presidencia del Banco Central, presentó su renuncia el 3 de noviembre a pedido del propio jefe de Estado.
Estos antecedentes alimentaron los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la actuación de los organismos de supervisión. Las acusaciones forman parte del debate político y de las investigaciones en curso, por lo que no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad contra el presidente saliente.
La presión política terminó por aislar a Peña
El miércoles 4 de noviembre, un grupo de 35 diputados presentó una acusación para promover un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Entre los señalamientos figuraban presuntos conflictos de intereses, cuestionamientos sobre fondos previsionales y posibles fallas institucionales en la supervisión bancaria.
La situación política del mandatario se debilitó aún más durante la mañana del jueves. Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y dirigente del Partido Colorado, anunció su respaldo al juicio político. Otros referentes del oficialismo también retiraron su apoyo a Peña, reduciendo sus posibilidades de mantenerse en el poder frente al avance del proceso legislativo.
La renuncia llegó mientras se discutía el futuro político del mandatario. La decisión cerró anticipadamente una administración que había presentado la estabilidad económica y la atracción de inversiones como algunos de sus principales objetivos.
¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay?
La Constitución paraguaya establece que, ante una vacancia definitiva de la Presidencia, corresponde al vicepresidente asumir el cargo y completar el período constitucional. Por ello, Pedro Alliana es el llamado a suceder a Santiago Peña hasta agosto de 2028.
Los reportes disponibles tras el anuncio señalaban que el Congreso debía completar los procedimientos institucionales correspondientes para formalizar la transición. Al momento de esta actualización, no se había confirmado en las fuentes consultadas la finalización de ese proceso ni la toma de posesión del nuevo mandatario.
La renuncia resuelve el futuro inmediato de Peña, pero no cierra la crisis que precipitó su salida. El acceso de los ahorristas a sus depósitos, la recuperación de los recursos comprometidos y el esclarecimiento de las presuntas irregularidades financieras seguirán siendo desafíos centrales para Paraguay, ahora bajo un nuevo escenario político.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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