El 1% desata la primera disputa entre Rodrigo Paz y los gobernadores

La propuesta del Gobierno de Rodrigo Paz de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones, a partir de 2027, abrió una nueva controversia entre el Ejecutivo y las autoridades departamentales. Mientras algunos gobernadores consideran que el porcentaje es insuficiente y no responde a las demandas de las regiones, otros lo defienden como un primer paso hacia una redistribución progresiva de los recursos.
La propuesta fue discutida durante una reunión realizada el viernes 30 de octubre entre representantes de los ministerios de la Presidencia y de Economía con los nueve gobernadores del país. Según las autoridades departamentales, el planteamiento inicial del Gobierno era destinar apenas el 0,4% de los recursos coparticipables, porcentaje que posteriormente fue elevado al 1% tras las negociaciones.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazó públicamente la oferta y la calificó como una falta de respeto para el departamento. Argumentó que Santa Cruz produce cerca del 80% de los alimentos del país, aporta alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y concentra la mayor población nacional. Por ello, sostuvo que las regiones necesitan una mayor participación en los recursos que generan y que no aceptará una asignación de ese nivel.
En la misma línea, la gobernadora de Tarija, María René Soruco, expresó su rechazo y cuestionó que el porcentaje ofrecido esté relacionado con la asignación de ítems de salud. Afirmó que la autonomía departamental y la atención sanitaria no deben convertirse en elementos de negociación. Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, consideró que el 1% es insuficiente y sostuvo que la aspiración de las gobernaciones es alcanzar una participación del 15%.
Una posición diferente asumió el gobernador de La Paz, Luis Revilla, quien calificó el acuerdo como un avance dentro del proceso de descentralización. Explicó que el 1% representaría aproximadamente Bs 460 millones para distribuir entre las nueve gobernaciones desde 2027 y consideró que el porcentaje podría incrementarse progresivamente, dependiendo de la recuperación económica del país. También aseguró que durante la reunión todas las autoridades departamentales estuvieron de acuerdo con el porcentaje finalmente planteado.
Desde el Gobierno, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, cuestionó que algunos gobernadores expresen públicamente desacuerdos después de haber participado en las mesas técnicas. Señaló que el Ejecutivo espera mayor responsabilidad de las autoridades subnacionales y recordó que la situación financiera del país limita la disponibilidad de recursos.
El acuerdo contempla cinco puntos: asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones sin reducir los porcentajes correspondientes a municipios, autonomías indígenas y universidades; incorporar el Régimen Agropecuario Unificado al dominio tributario departamental; evaluar recursos para cubrir el crecimiento vegetativo en salud y educación; analizar incrementos progresivos de la coparticipación según el desempeño económico y permitir la incorporación de alícuotas departamentales adicionales. Como parte del cronograma, el Gobierno debe entregar el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales hasta el 3 de noviembre. Las gobernaciones tendrán hasta el 4 de noviembre para presentar observaciones y el 6 de noviembre está prevista la remisión de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La discusión deja en evidencia las diferencias sobre el alcance de la prometida redistribución 50/50, una de las principales propuestas electorales de Rodrigo Paz. Aunque existe un principio de acuerdo para incorporar a las gobernaciones en la distribución de recursos tributarios, el porcentaje ofrecido y las condiciones de su aplicación amenazan con complicar el diálogo entre el Gobierno y las regiones.