
Entre el 17 y el 20 de octubre de 2026, luego de una alocución del presidente de la Espriella en la que anunció el comienzo de una “guerra cultural” en contra de lo que él llama “el adoctrinamiento político”, la “apología” de la violencia y el «wokismo», se produjo de manera sistemática el retiro de 63 piezas con valor histórico de las paredes del museo Nacional donde desde hace varios años eran exhibidas:
Los elementos arbitrariamente descolgados de sus sitios de exhibición permanente iban desde afiches de las campañas de Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa, ambos precandidatos asesinados en plena campaña presidencial en 1990 por elementos vinculados con círculos corruptos de la administración de ese entonces en conjunto con esbirros de capos del narcotráfico y autodefensa. También fueron retiradas algunas obras de artistas reconocidos, prendas y otros elementos con valor histórico particularmente de hechos lamentables de violencia que agobiaron al país en épocas pretéritas como el genocidio de militantes de la Unión Patriótica, el conflicto armado, la lucha por los derechos de la mujer y de los miembros de las comunidades LGBTIQ+.
Otras de las piezas retiradas son las siguientes:
- La bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo.
- Afiches de la marcha LGBT de 2006 (pieza lésbica).
- Impresos sobre derechos reproductivos de la mujer (Fundación Sí Mujer).
- Fotografías de marchas por la ciudadanía plena LGBT y ejemplares de la revista La Ventana Gay
- Un brazalete de la Alianza Democrática M-19.
- Impresos electorales de la Unión Patriótica en apoyo al asesinado líder Jaime Pardo Leal (1986)
- El “Balígrafo” (pluma hecha con un casquillo de bala utilizada para firmar el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016).
- El tarjetón electoral de la Séptima Papeleta, antecedente de la Constitución de 1991.
- Minería, de Antonio Caro.
La señora PAOLA HOLGUIN, titular de la cartera de las culturas, las artes y los saberes, quien se ha visto involucrada en acerbas polémicas debido a las dudas en torno a los títulos de posgrado que ostenta, ordenó a un grupo de funcionarios de ese ministerio irrumpir en el Museo Nacional y retirar sin contemplación las piezas aludidas, situación que generó una candente controversia en medios académicos y culturales del país que han denunciado lo acontecido considerando que se trata de un patético y peligroso intento de editar nuestra historia en consonancia con las creencias de un gobierno que se muestra cada día más autoritario y que se cree que puede actuar pasando olímpicamente por alto los mandatos constitucionales y legales que protegen el patrimonio cultural e histórico de Colombia.
Hace dos días la Justicia Especial para la Paz se pronunció al respecto y solicitó tanto al ministerio implicado como a las directivas del Museo Nacional justificar lo ejecutado, presentar una profusa argumentación de tipo legal, un inventario detallado de los elementos retirados, incluyendo el lugar a donde se habrían llevado, un listado de los funcionarios que realizaron y de quienes ordenaron este exabrupto, en el auto que difundió la JEP se justifican las peticiones señaladas con el ánimo de “establecer si tales actuaciones comprometen los derechos a la memoria, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas de desaparición forzada”
El 28 de Octubre, en un contundente fallo de tutela, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre de 2026 en un plazo de 48 horas.
La actuación del citado juzgado se originó en un recurso de amparo constitucional, una acción de tutela, invocada por el congresista del PACTO HISTÓRICO Gabriel Becerra, el activista Javier Virviescas y Kevyn Muñoz Torres, integrante del colectivo Revolución en Rosa. Al respecto el juez señaló que “cualquier proceso curatorial futuro debe involucrar al Comité de Gestión Patrimonial del museo y regirse por criterios de memoria histórica, pluralismo e igualdad.”
En su providencia, que puede ser impugnada en las siguientes 72 horas por el Ministerio de Cultura o por cualquiera de los accionantes, el juez amparó los derechos fundamentales a la memoria histórica y el acceso a la verdad, la libertad de expresión artística y la prohibición constitucional a cualquier tipo de censura institucional, el acceso ala cultura y a la educación y el derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos de orientación sexual, género o filiación política.
El juez, además, sustenta su decisión con base en los siguientes argumentos:
- Ausencia de justificación técnica: Luego de un minucioso análisis de los hechos, el juez pudo establecer que la actuación denunciada no obedeció a un procedimiento técnico o curatorial. Adicionalmente manifestó que excluir expresiones culturales basándose únicamente en su contenido ideológico o político es incompatible con la Constitución de Colombia.
- La orden presidencial no exime de legalidad: Frente a la defensa del Ministerio (que alegó cumplir un mandato directo del presidente Abelardo de la Espriella), el fallo aclaró que «la referencia a una instrucción presidencial no exime a las entidades que intervinieron en su ejecución de justificar la actuación desarrollada dentro del ámbito de sus competencias«.
- Falta de soporte en las actas: El tribunal revisó las actas de movimiento interno del museo y constató que los traslados se ordenaron administrativamente de forma escueta por la Secretaría General del Ministerio, sin un concepto curatorial previo que evaluara el impacto sobre la narrativa histórica de las salas.
En declaraciones a la prensa el congresista Gabriel Becerra señaló de manera lapidaria que “La memoria histórica no se censura ni se borra por decreto”
Lo acontecido constituye una derrota más del gobierno autoritario de la Espriella en su lucha por imponer una narrativa revictimizante y negacionista de nuestro acervo histórico.
POR CARLOS FAJARDO
PARA PRENSA MERCOSUR
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS FAJARDO
Médico, felizmente casado y, como si fuera poca la dicha, pensionado, no dejamos títere con cabeza y a cada i le asignamos con holgura y generosidad su correspondiente punto.



















