Ecuador no puede medir su seguridad solo con los homicidios

Entre enero y septiembre de 2026, Ecuador registró 6 285 homicidios, 553 menos que en el mismo periodo de 2025, según el Ministerio del Interior. Es una buena noticia y conviene reconocerla. Sin embargo, en estos nueve meses, el ECU 911 coordinó 32 947 emergencias por agresiones, 10,9% más que el año anterior. En promedio: 121 cada día. Los homicidios bajan y la violencia que no mata sube.

Pero, el dato exige cautela. Las alertas del ECU 911 son pedidos de la ciudadanía. La propia institución aclara que no puede determinar las causas de las variaciones y confirma que su forma de clasificarlas no cambió. Además, el repunte de 2026 es el primero desde 2022, y la cifra todavía está 37,6% por debajo de ese año. Esto, debido a que las agresiones verbales siguieron bajando. El aumento más bien se concentra en las agresiones a personas, que pasaron de 12 394 a 16 333, casi un tercio más, y en las agresiones físicas, que subieron 8%.

Aun así, estas cifras obligan a mirar más a fondo. El contraste territorial del Ecuador lo muestra. Dos ejemplos claros, que EL COMERCIO identificó en su reportaje: Las alertas por agresiones suben en Ecuador mientras bajan los homicidios. Ambato registró 105,5 emergencias por agresión física por cada 100 mil habitantes y apenas 8,1 homicidios. Guayaquil, en cambio, tuvo 16,4 alertas por agresión física y 53,8 homicidios.

Son registros distintos y no prueban una relación entre ambos fenómenos. Pero dejan claro que la violencia no se distribuye igual. Si el país solo mira los homicidios, Ambato, Riobamba o Ibarra parecen ciudades tranquilas. Sus vecinos, sin embargo, reportan riñas, peleas y consumo de licor u otras sustancias en parques y calles.

Por eso, el experto en seguridad ciudadana César Díaz advierte que medir la violencia solo con las muertes es un error: “Pretender concluir disminuciones o aumentos en base a un subindicador como es los homicidios es apresurado, es inexacto y poco técnico”. El sociólogo e historiador Pablo Meriguet añade otro riesgo: “Si se reduce la violencia al puro acto de ‘matar’, se pierde otras formas que muchas veces naturalizan a la misma muerte”.

Esa naturalización tiene una expresión concreta en la respuesta del Estado. En los juzgados, de las 3 005 causas por lesiones que ingresaron en 2024 y 2025, el 58,5% terminó con un auto resolutivo, según el Consejo de la Judicatura. Es decir, el juez cerró una parte del proceso, como un sobreseimiento o una extinción, sin decidir sobre el fondo. Solo el 20,5% llegó a una sentencia o a un acuerdo conciliatorio. Esto no significa necesariamente impunidad. Pero sí muestra que casi seis de cada diez causas por lesiones no terminan con una respuesta sobre lo ocurrido.

La respuesta policial también retrocede. Entre enero y agosto de 2026, la Policía detuvo a 703 personas por delitos contra la integridad personal, 40% menos que en el mismo periodo de 2024. Ese dato mide la acción policial, no el número de agresiones. Precisamente por eso preocupa: mientras las alertas suben, las detenciones bajan. Para Díaz, la Policía “es la llamada también a actuar en los niveles primarios de manifestación de violencia”, como las riñas, las agresiones y los escándalos.

Además, una parte de esa violencia ni siquiera llega a los registros. Díaz la llama “violencia callada”. Según él, muchas personas no denuncian “por temor (…) al vecino prepotente o al delincuente que tiene control de un barrio”. Por eso propone líneas de denuncia que garanticen el anonimato. Hoy, sostiene, quien denuncia queda expuesto a represalias.

Quito ofrece otro ejemplo de esta tensión. En la capital, las alertas del ECU 911 por libadores pasaron de 27 552 a 53 319 entre enero y septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026, un aumento de 93,5%. En el resto de Pichincha, en cambio, subieron apenas 3%.

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito reconoce que el consumo de alcohol en la calle es “una problemática real”, pero sostiene que la subida de reportes “debe interpretarse como un indicador de la confianza institucional por la presencia en el territorio”.

Sin embargo, si la ciudadanía confía más y llama más, la ciudad necesita más capacidad para responder. Y esa capacidad bajó. El presupuesto para el control del espacio público pasó de 34,22 millones de dólares en 2024 a 31,56 millones de dólares en 2026. Los agentes metropolitanos a cargo del control en el espacio público bajaron de 509 a 458 en dos años.

La Agencia Metropolitana de Control impuso 4 100 sanciones por consumo de alcohol en el espacio público este año, pero las alertas se duplicaron. Como resume Meriguet, “para que una ley se aplique se requiere de una estructura estatal que esté dispuesta y que sea capaz de hacerla cumplir”.

Nada de esto resta valor a la baja de homicidios. Tampoco permite afirmar que las agresiones crecen por una sola causa. Pero sí obliga a los ecuatorianos a ampliar la mirada. La seguridad también se juega en una pelea de madrugada, en una amenaza entre conductores o en un parque que los vecinos dejan de usar. Meriguet lo explica así: “Cuando hay un mayor temor a la delincuencia, las personas abandonan el espacio público. El espacio público se carga de miedo”.

Por eso, el Gobierno y los municipios deben medir la seguridad con más de un indicador y rendir cuentas sobre todos. Las alertas, las denuncias, las detenciones y las causas judiciales cuentan una historia que los homicidios no alcanzan a contar. El Ministerio del Interior debe explicar por qué bajan las detenciones mientras suben las alertas. El Municipio de Quito, a su vez, debe aclarar cómo sostendrá su estrategia de convivencia con menos agentes y menos presupuesto. Un Ecuador más seguro no es solo un país con menos muertos. Es un lugar donde una agresión no se vuelve parte normal del paisaje.

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