
Ministro de Hacienda Colombia , Miguel Gomez
Una irregularidad en el trámite legislativo abrió una nueva controversia en Colombia y puso en entredicho la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de 634,9 billones de pesos. La situación se originó por diferencias en el procedimiento de aprobación del artículo 65 del proyecto, que ahora generan dudas sobre la validez del proceso.
Según un comunicado de la Secretaría General del Senado, el artículo fue aprobado en la plenaria de esa corporación sin modificaciones ni proposiciones adicionales. Sin embargo, en la Cámara de Representantes habría sido incorporada una proposición que no figuraba entre los textos avalados previamente por el Senado, lo que encendió las alertas sobre el cumplimiento del procedimiento legislativo.
El secretario general del Senado, Diego Alejandro González González, señaló que las grabaciones, los documentos y los registros oficiales de la sesión permiten verificar lo ocurrido. La corporación también indicó que puso a disposición de las autoridades y de la ciudadanía los registros de las proposiciones debatidas y aprobadas durante la plenaria.
La controversia se centra en determinar si la diferencia entre los textos aprobados por ambas cámaras constituye un vicio de procedimiento capaz de comprometer la validez de la ley. La definición de este punto resulta determinante, pues el presupuesto establece la distribución de los recursos públicos destinados a sectores estratégicos como salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales.
El debate también pone de relieve la importancia del cumplimiento de las reglas constitucionales durante la aprobación de las leyes. Aunque la discusión presupuestal se extendió durante más de diez horas, según la Secretaría General del Senado, la polémica actual gira en torno a la legalidad del trámite de una disposición específica y sus posibles efectos sobre el conjunto del proyecto.
Ante este escenario, el Gobierno nacional deberá acudir al mecanismo legal correspondiente para establecer el presupuesto de 2027, que podría ser decretado si se cumplen las condiciones constitucionales y legales aplicables. El alcance definitivo de la irregularidad y sus consecuencias jurídicas dependerán de la revisión del procedimiento y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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