Foto:MAURICIO MORENO / EL TIEMPO
El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar las obras retiradas de sus exposiciones y abstenerse de intervenir nuevas piezas por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que justifiquen esas decisiones. La determinación se produjo este lunes 19 de octubre, en medio de la controversia nacional por los cambios impulsados por el Gobierno en las exhibiciones del principal museo histórico del país.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la disputa sobre el papel de los museos, la memoria histórica y los límites de las intervenciones institucionales sobre las expresiones artísticas. El despacho consideró necesario adoptar medidas provisionales mientras estudia de fondo una acción de tutela presentada tras el retiro de varias obras.
La acción fue interpuesta por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, miembro del colectivo Revolución en Rosa. Los demandantes cuestionan las decisiones relacionadas con las exposiciones y buscan que se protejan los derechos fundamentales que, a su juicio, podrían estar comprometidos.
En su providencia, el juzgado ordenó mantener todas las piezas retiradas bajo condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación. La medida impide destruirlas, alterarlas, trasladarlas, darlas de baja o devolverlas a terceros mientras se resuelve la controversia. También dispuso que el museo se abstenga de retirar, desmontar o intervenir otras obras por su contenido sin que existan actos administrativos que sustenten esas determinaciones.
El Museo Nacional deberá entregar, además, un inventario detallado de las piezas retiradas de sus salas y del jardín dedicado a la memoria de Miguel Ángel Díaz. La orden busca establecer qué elementos fueron objeto de las intervenciones y garantizar su preservación durante el trámite judicial.
El juez César Enrique Osorio Ortiz también requirió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional para que se pronuncien, dentro de un día hábil, sobre las razones que llevaron a retirar las obras y aporten las pruebas correspondientes. Las entidades deberán precisar si las decisiones estuvieron respaldadas por actos administrativos e informar sobre el alcance de la autonomía del museo frente al Ministerio.
La providencia sostiene que existen indicios razonables de una posible afectación de derechos relacionados con la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística. Por ello, el despacho consideró que las medidas provisionales son necesarias y urgentes para evitar un posible perjuicio irremediable antes de adoptar una decisión definitiva.
El proceso también vincula a la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, a las secretarías distritales de la Mujer y de Integración Social, a la Fundación Sí Mujer y al Partido Comunista Colombiano. Estas entidades y organizaciones tendrán un día hábil, contado desde la notificación, para presentar las pruebas que consideren pertinentes. La Dirección de Diversidad Sexual deberá publicar el documento judicial en su página web.
El presidente Abelardo De La Espriella también fue vinculado al trámite y recibió el mismo plazo para aportar las pruebas que estime necesarias. Su participación en el proceso no equivale a una declaración de responsabilidad ni anticipa el resultado de la tutela.
La controversia se intensificó después de que el Gobierno defendiera los cambios en las exposiciones como parte de una denominada «contrarreforma cultural», presentada por sus promotores como una respuesta al llamado wokismo y a lo que consideran una utilización de la cultura como herramienta de deconstrucción histórica.
Frente a esa posición, el juzgado recordó la especial protección constitucional de las expresiones artísticas y su importancia en la construcción de la memoria colectiva. El despacho advirtió que la conservación de las piezas resulta necesaria mientras se determina si las decisiones cuestionadas respetaron los derechos fundamentales invocados.
Por ahora, la orden judicial tiene carácter provisional y no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad de las decisiones del Gobierno o del museo. La resolución de fondo deberá establecer si hubo vulneraciones constitucionales y qué medidas, en caso de ser necesarias, deberán adoptarse.
El caso abre un debate que trasciende las salas del Museo Nacional: cómo conciliar las decisiones de política cultural de un Gobierno con la protección del patrimonio, la libertad de expresión artística y el derecho de la sociedad a preservar su memoria histórica.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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