El regreso a clases en Venezuela comenzó esta semana bajo una situación excepcional. Más de 86.000 estudiantes tuvieron que ser trasladados a otros centros educativos después de que los terremotos del 24 de junio dañaran o dejaran inutilizadas numerosas escuelas. La medida permitió mantener el calendario escolar, pero también está generando aulas saturadas, cambios de turnos, mayores gastos de transporte y presión sobre servicios básicos que ya presentaban deficiencias.

El Ministerio de Educación informó que 86.031 alumnos fueron incluidos en el proceso denominado “rezonificación”, mediante el cual los estudiantes de planteles afectados son asignados a instituciones educativas próximas a sus viviendas. El objetivo es evitar que los daños estructurales de sus escuelas originales les impidan continuar con el año lectivo 2026-2027. El proceso comenzó antes del retorno general a las aulas previsto para el 14 de septiembre.

La dimensión del problema se entiende al observar el estado de la infraestructura educativa. Según el balance presentado por el Ministerio de Educación, de unos 27.000 planteles existentes en el país, 900 sufrieron daños leves y permanecen en reparación, mientras que 87 presentan daños severos y requieren rehabilitación profunda. Otros 11 establecimientos colapsaron completamente. El Gobierno también informó que escuelas utilizadas temporalmente como refugios para familias afectadas debían ser liberadas progresivamente para recuperar su función educativa.

Aulas llenas y doble turno

La llegada masiva de alumnos a escuelas que ya funcionaban con una capacidad determinada constituye uno de los principales problemas. El proceso puede obligar a utilizar doble turno, con estudiantes que antes asistían por la mañana pasando a la tarde, o viceversa.

El ministro Héctor Rodríguez explicó que la rezonificación puede implicar que un estudiante deje de asistir a la escuela de su propia comunidad y tenga que trasladarse a otra cercana. En aquellos establecimientos que ya están llenos, la alternativa es distribuir la matrícula entre diferentes horarios.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que esta solución puede producir hacinamiento y una mayor presión sobre agua, electricidad, instalaciones sanitarias e internet. La organización sostiene que el problema es especialmente delicado porque el sistema educativo ya presentaba deficiencias antes de los terremotos.

De acuerdo con datos citados por Provea de la plataforma de organizaciones de la sociedad civil HUM Venezuela, para 2025 alrededor del 65% de los planteles presentaba fallas físicas y el 75% carecía de agua constante. En ese contexto, incorporar decenas de miles de alumnos adicionales a las escuelas que permanecen operativas supone un desafío que va más allá de disponer de pupitres y aulas.

Familias que ahora deben recorrer mayores distancias

La reubicación también modifica la rutina de miles de hogares. Algunos alumnos fueron asignados a establecimientos que no se encuentran en su entorno inmediato, lo que puede significar más tiempo de viaje y mayores gastos en transporte.

El profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que la distancia, los cambios de ambiente y las diferencias en los niveles de aprendizaje pueden convertirse en obstáculos adicionales para los estudiantes reubicados. Los docentes, a su vez, tienen que trabajar con grupos nuevos y con alumnos que pueden presentar trayectorias educativas diferentes.

Esta situación también puede afectar especialmente a las familias con menos recursos. Un traslado diario adicional, aunque parezca pequeño, puede convertirse en un gasto significativo cuando se repite durante todo el año escolar.

El riesgo de una mayor deserción

Provea y especialistas consultados por Infobae expresaron preocupación por la posibilidad de que las dificultades acumuladas terminen afectando la permanencia de algunos estudiantes en el sistema educativo.

Ramírez advierte que distancias más largas, aulas saturadas, dificultades de adaptación y vacíos pedagógicos pueden incrementar el riesgo de abandono escolar. La preocupación no se refiere únicamente al cambio físico de escuela: los estudiantes también tienen que adaptarse a nuevos profesores, compañeros, horarios y métodos de trabajo.

El impacto puede ser mayor entre niños y adolescentes que ya enfrentaban dificultades económicas o familiares como consecuencia de los daños provocados por los terremotos.

Los profesores también enfrentan una nueva carga

La reorganización alcanza igualmente a los docentes y trabajadores administrativos. Profesores provenientes de escuelas afectadas pueden incorporarse a instituciones receptoras que ya cuentan con sus propias plantillas.

Además, un aula con alumnos provenientes de distintos establecimientos puede presentar niveles de aprendizaje diferentes. El docente necesita entonces identificar rápidamente qué contenidos fueron alcanzados por cada grupo y cuáles quedaron pendientes debido a las interrupciones provocadas por los terremotos.

Ramírez señala que esta situación obliga a los profesores, que ya enfrentaban condiciones laborales difíciles, a dedicar tiempo adicional a diagnósticos y nivelaciones mientras trabajan en aulas con mayor cantidad de estudiantes.

El problema no termina con abrir las escuelas

Las organizaciones de derechos humanos y especialistas consideran que la respuesta debería incluir espacios provisionales cuando una escuela receptora no tenga capacidad suficiente.

Una de las alternativas planteadas es habilitar temporalmente locales comunitarios u otros edificios públicos para mantener juntos a determinados grupos de alumnos y profesores. Esto permitiría reducir la presión sobre los planteles que ya se encuentran al límite de su capacidad y, al mismo tiempo, disminuir los desplazamientos.

El Ministerio de Educación, por su parte, estableció medidas para facilitar la incorporación de los estudiantes. Las autoridades instruyeron a las escuelas a permitir la inscripción incluso cuando las familias no dispongan inicialmente de toda la documentación, con la posibilidad de completar los expedientes posteriormente. También se anunció preparación para los docentes en materia pedagógica, psicológica y logística.

Una vuelta a clases marcada por el temor

La infraestructura no es la única preocupación. En las zonas más afectadas permanece el temor de estudiantes, familias y profesores ante la posibilidad de nuevas réplicas.

En La Guaira, uno de los territorios más afectados, algunos establecimientos comenzaron el nuevo período con una asistencia inferior a la esperada. Reportes de medios internacionales señalan que el miedo continúa presente entre familias que todavía recuerdan el impacto de los terremotos de junio.

Por ello, especialistas y organizaciones educativas plantean que la recuperación debe incluir acompañamiento psicológico, simulacros y capacitación en gestión de riesgos, además de la reconstrucción física de los edificios.

El propio Ministerio anunció que el calendario escolar incorporará simulacros ante emergencias sísmicas y que los docentes recibirán preparación específica para enfrentar este tipo de situaciones.

Una solución urgente que deberá ser evaluada

La rezonificación permitió que decenas de miles de estudiantes regresaran al sistema educativo después de que sus escuelas quedaran afectadas. Sin embargo, el traslado de los alumnos no resuelve por sí mismo el problema de infraestructura generado por los terremotos.

El desafío inmediato será comprobar si las escuelas receptoras pueden soportar la nueva matrícula sin que se deterioren las condiciones de enseñanza ni los servicios esenciales. También será necesario determinar cuánto tiempo permanecerán los estudiantes en esos establecimientos y cuándo podrán regresar a sus escuelas originales.

Para las familias venezolanas afectadas, el retorno a las aulas representa una recuperación necesaria de la normalidad, pero también el comienzo de una nueva etapa marcada por traslados, cambios de horarios y adaptación. La reconstrucción de las escuelas será, en consecuencia, una parte fundamental de la recuperación posterior a los terremotos: no solo para recuperar edificios, sino para devolver a miles de estudiantes un espacio educativo estable, seguro y cercano a sus comunidades.

Foto: Ariana Cubillos / AP / Infobae