Una obra de casi R$ 1.000 millones para ampliar la navegación comercial en el río Tocantins abrió una nueva disputa en la Amazonía brasileña. Comunidades ribereñas, investigadores y el Ministerio Público Federal cuestionan los posibles impactos del proyecto de la Hidrovía Araguaia-Tocantins, que contempla el derrocamiento de formaciones rocosas mediante explosivos en un tramo estratégico del río, en el estado de Pará.

El punto más sensible es el Pedral do Lourenção, una formación rocosa situada entre la Vila Santa Terezinha do Tauiry, en Itupiranga, y la isla de Bogéa, en Nova Ipixuna. En el área viven 23 comunidades ribereñas que dependen directamente del río para la pesca, el transporte y otras actividades económicas. El proyecto prevé intervenir aproximadamente 35 kilómetros del río y forma parte del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bajo responsabilidad del Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

La Hidrovía Araguaia-Tocantins tendrá aproximadamente 1.731 kilómetros, conectando Peixe, en Tocantins, con el complejo portuario de Barcarena, en el área metropolitana de Belém. El objetivo es facilitar durante todo el año el transporte de grandes volúmenes de productos, especialmente commodities agrícolas y minerales, integrando esta vía con el denominado Arco Norte, corredor logístico que en 2025 movilizó 58,6 millones de toneladas de productos en la Amazonía.

El problema aparece durante la época de aguas bajas. Determinadas formaciones rocosas dificultan el paso de grandes embarcaciones y, para ampliar el canal navegable, el proyecto contempla retirar aproximadamente 1,28 millones de metros cúbicos de material rocoso. El DNIT sostiene que el derrocamiento será realizado bajo el agua y que las áreas destinadas a recibir el material fueron definidas mediante criterios técnicos y ambientales incluidos en el proceso de licenciamiento. El organismo también afirma que los estudios hidráulicos e hidrodinámicos continúan siendo complementados mediante modelos físicos del río.

Para los pescadores, las piedras no son un obstáculo: son parte de su vida

La visión de quienes viven en las márgenes del Tocantins es completamente diferente. En la Vila Santa Terezinha do Tauiry, unas 130 familias dependen de la pesca artesanal. Los pescadores explican que las formaciones rocosas modifican la corriente y crean zonas de menor velocidad, conocidas como remansos, donde se concentran los peces y se facilita la colocación de las redes.

Por eso, para los habitantes locales, destruir el pedral significa mucho más que modificar el fondo del río. Significa alterar el territorio del que depende su economía y, potencialmente, su permanencia en la región.

El temor tiene además un componente histórico. Muchas familias de la zona ya fueron desplazadas durante la construcción de la Usina Hidrelétrica de Tucuruí, entre las décadas de 1970 y 1980. Ahora existe el temor de que una nueva intervención termine provocando otra transformación profunda del territorio. Una de las habitantes más antiguas de Tauiry, Gracinha, de 76 años, resumió el sentimiento de la comunidad con una advertencia: si desaparecen los peces, también desaparece la posibilidad de mantener la vida de la población en el lugar.

Científicos cuestionan los efectos de las explosiones

Uno de los principales cuestionamientos proviene de investigadores especializados en la fauna acuática. Alberto Akama, ictiólogo del Museu Paraense Emílio Goeldi, sostiene que la llamada “cortina de burbujas”, prevista por el proyecto para reducir el impacto acústico de las explosiones, no necesariamente protegería a las especies que viven directamente asociadas a las formaciones rocosas.

El investigador sostiene que algunos peces de ambientes de corriente utilizan las piedras como refugio y hábitat. La explosión, por tanto, podría producir un impacto directo sobre esos organismos incluso si se utilizan mecanismos destinados a reducir la propagación del sonido bajo el agua.

Akama también había recomendado realizar durante aproximadamente dos años estudios de telemetría, utilizando dispositivos que permiten seguir los desplazamientos de los peces y establecer sus rutas migratorias antes de avanzar con determinadas etapas del proyecto. Según la investigación periodística, esa recomendación no fue incorporada como se había propuesto.

El problema no termina con la explosión

Otra preocupación científica está relacionada con el destino de las rocas retiradas del río. Los investigadores cuestionan la posibilidad de depositar grandes cantidades de material en zonas profundas del canal, porque esto podría modificar hábitats situados en el fondo.

El debate, por lo tanto, no se limita al ruido generado durante las explosiones. También comprende la alteración física del lecho del río, las corrientes, la profundidad, los refugios de peces, las rutas migratorias y la disponibilidad de áreas utilizadas para reproducción y alimentación. Documentos técnicos citados en el debate ambiental señalan además que existen especies de peces que podrían no haber sido adecuadamente contempladas en los estudios de impacto.

El mexilhão-dourado ya es otro problema

Las comunidades también relatan cambios ocurridos desde que aumentó el tránsito de grandes embarcaciones. Según los habitantes, el ruido y el movimiento de las barcazas afectan la pesca y la presencia de fauna acuática.

A esto se suma la aparición del mexilhão-dourado, o mejillón dorado, una especie invasora que se ha extendido por diferentes sistemas fluviales de Sudamérica. Los pobladores atribuyen su presencia en la zona al incremento del tránsito de embarcaciones y señalan que los animales se adhieren a las piedras, generan olores y pueden provocar heridas cuando las personas entran en contacto con ellos.

El Ministerio Público Federal cuestiona el licenciamiento

La controversia no es únicamente ambiental. El Ministerio Público Federal (MPF) ha cuestionado desde 2025 el proceso de licenciamiento y sostiene que las comunidades tradicionales tienen derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que puedan afectar sus territorios y formas de vida.

El MPF afirmó que existieron deficiencias en los estudios socioambientales y que no se habría garantizado adecuadamente la Consulta Previa, Libre e Informada, prevista para pueblos y comunidades tradicionales por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En junio de 2025, el MPF pidió a la Justicia Federal la suspensión de la licencia que autorizaba las obras de derrocamiento, argumentando que persistían problemas jurídicos y administrativos relacionados con la viabilidad ambiental del proyecto y con la participación de las comunidades afectadas.

La disputa llegó también a la esfera del patrimonio cultural.

Las comunidades quieren convertir el Pedral en patrimonio nacional

En agosto de 2026, alrededor de 200 personas participaron de un “tombamento popular” simbólico para defender la protección del Pedral do Lourenção. Días después, la Asociación de la Comunidad Ribereña Extractivista de Vila Tauiry presentó formalmente ante el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) una solicitud para reconocer el área como patrimonio cultural.

La propuesta no se basa únicamente en la belleza natural del lugar. Sus impulsores argumentan que las piedras están vinculadas con la pesca, la memoria, las prácticas tradicionales, la historia de las comunidades y la propia relación cultural de los habitantes con el río.

Investigadores del Museu Goeldi también llaman la atención sobre el patrimonio arqueológico de la región. Estudios realizados desde la década de 1970 identificaron 37 sitios arqueológicos a lo largo del río Tocantins. Parte de esos sitios quedó posteriormente afectada por la construcción de la represa de Tucuruí y, según los investigadores citados por G1, algunos no aparecen actualmente en la base georreferenciada del Iphan.

El Iphan informó que analizará la pertinencia de continuar el proceso de reconocimiento, pero aclaró que todavía no puede anticipar una decisión sobre un eventual tombamento.

El gobierno defiende la obra

El DNIT sostiene que el proyecto fue desarrollado a partir de estudios técnicos, hidráulicos, hidrodinámicos y ambientales, considerando las variaciones naturales del río entre los períodos de crecida y estiaje. El organismo afirma que las intervenciones buscan eliminar restricciones físicas que dificultan la navegación durante los períodos de menor nivel del agua.

El organismo también señala que la obra no contempla intervenir directamente en el punto conocido como Pedral do Lourenção, aunque sí contempla el derrocamiento de obstáculos rocosos dentro del tramo de la hidrovía. Esta diferencia técnica forma parte de una de las discusiones centrales del proyecto: qué áreas serán efectivamente modificadas y cuáles serán preservadas.

Una decisión que enfrenta logística y supervivencia

El caso del Pedral do Lourenção resume uno de los grandes desafíos de la Amazonía brasileña: cómo ampliar la infraestructura necesaria para transportar la producción nacional sin destruir los ecosistemas y los modos de vida que existen alrededor de los ríos.

Para el sector logístico y las autoridades de infraestructura, una hidrovía de gran capacidad puede reducir costos de transporte y ampliar la competitividad del llamado Arco Norte. Para los pescadores y las comunidades tradicionales, en cambio, una transformación irreversible del río puede comprometer una economía que existe desde generaciones.

La discusión ya no es solamente si una explosión puede abrir un canal para las barcazas. La pregunta más profunda es qué ocurrirá después: con los peces, con las comunidades, con los sitios arqueológicos, con la dinámica del río y con un territorio que para sus habitantes no es simplemente una ruta de transporte, sino su lugar de vida.

El proyecto tiene previsto avanzar hacia el uso de explosivos a partir de 2027, mientras continúan las controversias judiciales, ambientales y patrimoniales.

Foto: Taymã Carneiro / G1