El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue declarado culpable del delito de cohecho por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, dentro del denominado caso Sinohydro, una investigación sobre presuntos sobornos relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país. La decisión judicial marca uno de los episodios más relevantes de la política ecuatoriana reciente y alcanza también a personas del entorno familiar y empresarial del exmandatario.

Según la decisión judicial conocida el 28 de agosto de 2026, el tribunal concluyó que Moreno incurrió en cohecho como autor directo por actuaciones realizadas cuando era vicepresidente de Ecuador, entre 2007 y 2013, durante el gobierno de Rafael Correa. Los magistrados determinaron que intervino para favorecer la adjudicación y el financiamiento del proyecto Coca Codo Sinclair a la empresa estatal china Sinohydro, obteniendo beneficios económicos canalizados a través de terceros.

Una trama de más de 76 millones de dólares

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que, entre 2009 y 2018, la estructura investigada movilizó alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, una suma vinculada a la adjudicación del megaproyecto hidroeléctrico. De acuerdo con la acusación y la información expuesta durante el proceso, parte de esos recursos habría circulado mediante contratos de consultoría ficticios, empresas intermediarias y cuentas en diferentes jurisdicciones.

Las investigaciones determinaron que más de un millón de dólares habrían llegado al entorno familiar de Moreno, según los elementos analizados por el tribunal. Entre los procesados figuraron su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno, y otros familiares, además de empresarios y funcionarios vinculados a la causa.

La audiencia de lectura de la decisión se extendió durante varias horas y abarcó la situación individual de 20 personas procesadas. El caso también incluye a ciudadanos ecuatorianos y extranjeros relacionados con el circuito financiero y empresarial investigado.

Coca Codo Sinclair, el centro de la investigación

El proceso gira alrededor de la construcción de la central Coca Codo Sinclair, considerada la mayor hidroeléctrica de Ecuador y uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país. La obra fue ejecutada por Sinohydro y comenzó a operar en 2016, aunque posteriormente enfrentó cuestionamientos y problemas técnicos que mantuvieron al proyecto en el centro del debate público ecuatoriano.

Para la Fiscalía, el caso no se limitó a la adjudicación de un contrato. La investigación buscó reconstruir una compleja red de decisiones políticas, financiamiento internacional, intermediarios empresariales y movimientos de dinero que, según la acusación, permitieron el pago y posterior reparto de recursos ilícitos.

El tribunal consideró probado que existió un esquema de cohecho y determinó la responsabilidad de Moreno dentro de los hechos juzgados. La resolución constituye un duro golpe para quien fue vicepresidente y posteriormente presidente de Ecuador entre 2017 y 2021.

Moreno niega las acusaciones

Tras conocerse el fallo, Lenín Moreno volvió a rechazar cualquier responsabilidad. El exmandatario sostuvo que no recibió dinero de Sinohydro y cuestionó las acusaciones presentadas en su contra.

Moreno regresó a Ecuador desde Paraguay, donde había residido durante los últimos años, para comparecer ante la Justicia. Durante el proceso insistió en que no tuvo participación en la firma del contrato ni en las decisiones que vincularon a la empresa china con la construcción de la hidroeléctrica.

La defensa del exmandatario podrá continuar utilizando los recursos previstos por la legislación ecuatoriana dentro del proceso judicial.

Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción

El caso Sinohydro adquiere una enorme dimensión política porque involucra a uno de los expresidentes más recientes del país y a un proyecto considerado estratégico para la infraestructura energética ecuatoriana.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la larga discusión sobre corrupción, contratación pública y responsabilidad política en Ecuador. El caso también vuelve a colocar bajo la mirada pública la relación entre grandes proyectos de infraestructura, financiamiento internacional y los mecanismos de control estatal.

La situación judicial de Moreno continuaba generando expectativa por las consecuencias definitivas del fallo y las decisiones posteriores del proceso. La Fiscalía había solicitado penas superiores a seis años para algunos de los principales acusados.

El veredicto contra Lenín Moreno tiene una repercusión que trasciende a una sola figura política. Ecuador vuelve a enfrentar el desafío de demostrar que los grandes casos de corrupción pueden ser investigados y juzgados, incluso cuando involucran a quienes ocuparon las más altas responsabilidades del Estado.

Foto: AP / Dolores Ochoa