El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su esposa, María Elena Urquidi, quedaron involucrados en nuevas acciones legales presentadas en medio de las acusaciones y las investigaciones que rodean al consultor argentino Fernando Cerimedo. Los procedimientos fueron impulsados por particulares y, hasta el momento, las acusaciones contra el mandatario y su entorno familiar no constituyen una condena judicial ni han sido probadas ante un tribunal.

Una de las iniciativas fue presentada en La Paz mediante una acción que busca que la Asamblea Legislativa active un eventual juicio de responsabilidades contra el presidente, bajo una acusación de supuesta «traición a la patria». Los promotores sostienen que Cerimedo, ciudadano extranjero, habría ejercido funciones de influencia dentro del Gobierno boliviano. El planteamiento fue presentado por el abogado Wilmer Vázquez junto a Jaime Choque y Óscar Vázquez, y ahora corresponde a las instancias competentes analizar su procedencia.

En paralelo, en Santa Cruz de la Sierra se presentó una denuncia para que la Fiscalía evalúe las acusaciones relacionadas con María Elena Urquidi. El abogado Lucas Torres solicitó que se examine información divulgada por Nadia Beller, expareja de Cerimedo, quien formuló denuncias sobre presuntas irregularidades en negocios vinculados, según sus declaraciones, con combustibles, oro y seguros. La publicación de Infobae señala expresamente que estas acusaciones aún no han sido documentadas judicialmente y que la denuncia pide investigar un eventual beneficio económico indebido.

El caso adquirió mayor repercusión después del ataque armado sufrido por Beller el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. La abogada sobrevivió al atentado y posteriormente realizó acusaciones públicas contra Cerimedo, a quien atribuyó responsabilidad intelectual en el ataque. Cerimedo enfrenta actualmente varios procesos penales en Bolivia y permanece bajo detención preventiva, mientras las autoridades continúan reuniendo elementos dentro de las diferentes investigaciones.

Entre los procesos mencionados se encuentran una investigación vinculada al ataque contra Beller, otra por presunto enriquecimiento ilícito y una tercera relacionada con un supuesto encubrimiento al narcotráfico. Estos procesos se encuentran en etapa de investigación y las acusaciones deben ser esclarecidas por la Justicia boliviana, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por su parte, Rodrigo Paz rechazó que Cerimedo hubiera tenido una representación oficial del Gobierno. El mandatario afirmó que no existió un contrato ni una relación laboral directa como la de un funcionario estatal y sostuvo que el consultor colaboró durante la campaña y al inicio de la gestión, pero que nunca estuvo autorizado para representar a la Presidencia, al Estado boliviano ni a su familia. Paz también defendió públicamente a su esposa, a quien calificó como una persona «intachable».

La evolución del caso mantiene una fuerte atención política y judicial en Bolivia. Las nuevas acciones contra el presidente y su esposa se suman a una trama que ya involucra denuncias de corrupción, investigaciones penales y cuestionamientos sobre la influencia que habría tenido Fernando Cerimedo en el entorno del poder. El desenlace dependerá ahora de las investigaciones de la Fiscalía y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales y constitucionales.

Foto: María Silvia Trigo / Infobae