Dos meses después de los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, la emergencia está lejos de terminar. El balance oficial elevó a 6.509 la cantidad de fallecidos, mientras más de 17.900 personas continúan damnificadas y 11.001 viviendas fueron clasificadas como de “alto riesgo”. En La Guaira, la zona más castigada, ya fueron retiradas 600.790 toneladas de escombros, pero todavía quedan edificios destruidos o en proceso de demolición, familias viviendo en refugios improvisados y comunidades que reclaman una respuesta sobre sus viviendas. La tragedia también golpeó la economía local: la Cámara de Comercio estima que el sector productivo perdió alrededor del 80% de sus ingresos y el turismo permanece prácticamente paralizado.

Los dos terremotos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. El primero alcanzó magnitud 7,2 y fue seguido por otro de 7,5, con epicentros en la región de Yaracuy y consecuencias particularmente graves en La Guaira y la Gran Caracas. El impacto fue inmediato: edificios residenciales, hoteles, comercios y otras estructuras colapsaron, mientras miles de personas quedaron expuestas a una emergencia que rápidamente pasó de las operaciones de rescate a una crisis humanitaria y de reconstrucción. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) describió el desastre como una emergencia de enormes dimensiones y lanzó un llamamiento de 50 millones de francos suizos para asistir a unas 300.000 personas afectadas.

La evolución de las cifras muestra que la dimensión de la tragedia fue creciendo con el paso de las semanas. El 3 de agosto, el balance oficial había alcanzado 6.125 muertos; el 10 de agosto subió a 6.301 y ahora llegó a 6.509. El último incremento representa 71 fallecimientos respecto del informe anterior. Al mismo tiempo, las autoridades informaron que 226.696 personas fueron atendidas en hospitales, una cifra que aumentó en 140.338 pacientes respecto del balance del 17 de agosto. El número oficial de viviendas inspeccionadas llegó a 60.785, de las cuales 11.001 presentan daños considerados de alto riesgo. Sin embargo, las familias continúan enfrentando una de las mayores incertidumbres: no existe todavía una lista oficial de desaparecidos.

La ausencia de un registro oficial de desaparecidos se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la emergencia. En La Guaira, familias reportaron 1.579 personas cuyo paradero continúa sin confirmarse, mientras el gobernador Alejandro Terán llegó a mencionar una cifra de 7.265 fallecidos, superior al balance oficial. La diferencia entre los números alimenta la incertidumbre entre familiares que todavía buscan información sobre personas que desaparecieron durante los derrumbes. La falta de una base pública y actualizada de desaparecidos dificulta además dimensionar con precisión el impacto humano de la catástrofe y mantener una identificación transparente de las víctimas.

Mientras las cifras aumentan, la asistencia humanitaria comienza a disminuir. Organizaciones que continúan trabajando en La Guaira describen una situación marcada por la falta de agua fresca, alimentos, productos de higiene y condiciones adecuadas de alojamiento. Más de 17.900 damnificados permanecen afectados por la pérdida de sus viviendas y una parte de ellos vive en refugios improvisados. En una iglesia de La Guaira se alojan más de 50 personas, mientras voluntarios preparan cientos de comidas para médicos, bomberos, rescatistas, damnificados y otras personas que permanecen trabajando en las zonas afectadas.

La emergencia también está generando un problema sanitario que puede prolongarse mucho después de que desaparezcan las noticias sobre los terremotos. El retiro de cientos de miles de toneladas de materiales destruidos produce polvo y partículas que afectan especialmente a personas con problemas respiratorios. Equipos de la Cruz Roja desplazados a La Guaira han informado un aumento de enfermedades respiratorias y mantienen como prioridades el acceso al agua segura, la atención médica y el apoyo psicosocial. La IFRC señaló desde julio que la emergencia ya no podía considerarse solamente una operación de rescate: la población necesitaba asistencia sostenida para afrontar la pérdida de familiares, viviendas, ingresos y acceso regular a servicios básicos.

La reconstrucción avanza a un ritmo que no acompaña las necesidades de las familias. Hasta ahora solamente 335 unidades residenciales fueron entregadas a damnificados, mientras decenas de miles de viviendas ya fueron inspeccionadas y miles quedaron clasificadas como de alto riesgo. La diferencia entre las viviendas evaluadas y las soluciones habitacionales entregadas refleja la magnitud del desafío: no se trata únicamente de reparar paredes o retirar estructuras peligrosas, sino de reconstruir barrios completos, restablecer servicios y devolver a miles de familias un lugar seguro donde vivir.

La economía de La Guaira recibió otro golpe. La Cámara de Comercio local calcula que el sector productivo perdió 80% de sus ingresos después de los terremotos. El turismo, una de las principales actividades económicas del estado costero, permanece prácticamente paralizado debido a la destrucción, la remoción de escombros y la ausencia de visitantes. Comerciantes y trabajadores intentan recuperar lentamente sus actividades en medio de un escenario en el que buena parte de la población perdió capacidad de consumo y muchas empresas dejaron de operar.

Algunos pequeños comerciantes comenzaron a reconstruir sus vidas prácticamente desde cero. Jefferson Zavala, de 27 años, instaló una barbería en la entrada de su vivienda, aunque el inmueble permanece marcado por daños estructurales. Para atraer clientes redujo el precio del corte de cabello a cinco dólares, aproximadamente la mitad de lo que cobraba antes del desastre. En Mare Abajo, Edwar Carpio retomó dos semanas después de los terremotos su puesto de frutas y verduras. Las ventas comenzaron a mejorar lentamente, en parte porque la reducción de la ayuda humanitaria obligó a muchas familias a regresar a sus actividades habituales y volver a cocinar por sus propios medios.

La situación coloca al MERCOSUR ante una responsabilidad regional que va más allá de una declaración diplomática. El 30 de junio, durante la Cumbre de Presidentes realizada en Asunción, los Estados Parte y Asociados expresaron solidaridad con Venezuela y respaldaron las tareas de rescate, asistencia y recuperación. Ese mismo día, los ministros y autoridades de gestión de riesgos del bloque realizaron una reunión extraordinaria para coordinar información sobre las necesidades venezolanas, mientras equipos de distintos países ya participaban en tareas de búsqueda y rescate.

La decisión regional adquiere ahora mayor importancia porque la emergencia venezolana entró en una segunda etapa. El rescate inicial dio paso a la remoción de escombros, la atención sanitaria, la reconstrucción de viviendas y la recuperación económica. Son procesos que pueden durar meses o años. La experiencia internacional demuestra que después de grandes terremotos el número de personas que necesita asistencia puede permanecer elevado incluso cuando la cobertura mediática disminuye y comienzan a retirarse los equipos de emergencia. La propia Cruz Roja Internacional mantiene operaciones en Venezuela y estableció una estrategia de asistencia de largo plazo, con actualizaciones todavía activas en agosto.

La dimensión regional también plantea una oportunidad para que el MERCOSUR convierta su compromiso inicial en una operación permanente de cooperación, especialmente en vivienda, salud, agua potable, ingeniería, reconstrucción de infraestructura, apoyo psicológico y recuperación de pequeñas empresas. El bloque ya posee mecanismos de coordinación para emergencias y gestión de riesgos; la tragedia venezolana ofrece un escenario concreto para ponerlos a funcionar de manera sostenida.

Dos meses después, La Guaira continúa marcada por edificios destruidos, calles cubiertas de polvo y familias que todavía esperan respuestas. 6.509 muertos figuran en el balance oficial, pero detrás de esa cifra existe una crisis mucho más amplia: miles de personas sin vivienda, comunidades sin ingresos, empresas paralizadas, desaparecidos que todavía no figuran en un registro oficial y una población que comienza a recibir menos ayuda precisamente cuando empieza la etapa más larga y costosa de la tragedia.

El terremoto terminó el 24 de junio. Para quienes sobrevivieron, la emergencia continúa.