El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto podría generar pérdidas económicas cercanas a los $30 billones de pesos colombianos, de acuerdo con una estimación preliminar difundida en medio de la evaluación de los daños. La dimensión económica de la tragedia se suma a un balance humano que continúa aumentando: 312 personas murieron, 4.611 resultaron heridas y 290 permanecen desaparecidas, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 18 de agosto.
El sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se produjo a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto. El movimiento tuvo una profundidad estimada de entre 96 y 110 kilómetros y fue sentido en amplias zonas de Colombia, además de regiones de Ecuador y Panamá.
Los daños no se limitaron a viviendas particulares. El último balance registra 29.548 viviendas destruidas y otras 134.124 averiadas, mientras que también resultaron afectados 335 centros de salud, 3.421 instituciones educativas, 432 vías, cinco aeropuertos y 97 acueductos. En total, 294.278 personas fueron afectadas y 143.470 familias sufrieron las consecuencias de la emergencia en 15 departamentos y 470 municipios.
La magnitud de las pérdidas económicas todavía no puede considerarse definitiva. La evaluación de una catástrofe de estas características requiere determinar no solo el valor de las construcciones destruidas, sino también los daños en infraestructura pública, establecimientos comerciales, sistemas de agua, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos.
A eso se suma el impacto sobre las actividades productivas. Cuando una vía queda inutilizada, un hospital pierde parte de su capacidad o una zona permanece bajo restricciones de seguridad, las consecuencias económicas se extienden más allá del costo físico de reparar la infraestructura. La interrupción de servicios y actividades comerciales también representa pérdidas para las comunidades afectadas.
El sector sanitario enfrenta uno de los desafíos más importantes. Entre los establecimientos afectados se encuentra el Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde equipos de rescate recuperaron cinco cuerpos entre los escombros. El hospital perdió 407 camas como consecuencia de los daños y trabaja para recuperar al menos 300, además de intentar habilitar otras 100 mediante una alianza con una clínica actualmente fuera de funcionamiento.
La situación hospitalaria tiene una consecuencia directa sobre la atención de los damnificados. Una emergencia sísmica genera un aumento repentino de pacientes precisamente cuando algunos centros médicos sufren daños y pierden capacidad operativa. Por eso, la recuperación de los hospitales constituye una de las prioridades de la reconstrucción.
La infraestructura aeroportuaria también continúa bajo vigilancia. Nueve días después del terremoto, tres aeropuertos permanecían cerrados, mientras otros operaban bajo condiciones especiales debido a los daños provocados por el movimiento telúrico.
El problema de las comunicaciones y el transporte adquiere especial importancia en una emergencia de gran escala. Las carreteras permiten trasladar alimentos, medicamentos, equipos de rescate y maquinaria pesada hacia las zonas afectadas. Cualquier interrupción puede retrasar las operaciones y aumentar los costos de asistencia.
La emergencia tampoco terminó con el cese de los principales trabajos de rescate. Las autoridades continúan evaluando estructuras que quedaron debilitadas. En Pereira, por ejemplo, una vivienda de tres pisos se desplomó el 18 de agosto, ocho días después del terremoto, después de haber sufrido daños durante el sismo inicial.
Este tipo de situaciones representa uno de los peligros posteriores más importantes de un terremoto. Una construcción que permanece en pie después del primer movimiento puede haber perdido parte de su estabilidad y colapsar posteriormente por réplicas, vibraciones o simplemente por la pérdida de resistencia de sus elementos estructurales.
Desde el terremoto principal se registraron 332 movimientos posteriores, aunque la mayoría fueron de menor magnitud. Veintiuno superaron magnitud 3 y dos estuvieron por encima de 4.
Mientras continúa la evaluación, comenzó también una etapa diferente: la reconstrucción. El vicepresidente José Manuel Restrepo informó que solo la recuperación en el departamento de Caldas requerirá alrededor de $1,4 billones, una cifra que permite dimensionar el esfuerzo financiero que deberá realizar el Estado en los territorios más afectados.
La respuesta no depende exclusivamente del presupuesto público. El sector privado comenzó a comprometer recursos importantes. Bavaria anunció $12.000 millones para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción, mientras el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, anunciaron una donación de $200.000 millones destinada a las víctimas y a la recuperación de infraestructura.
La cooperación internacional también comenzó a llegar. Suecia anunció el envío de 150 tiendas de campaña y 720 mantas para las comunidades afectadas, mientras otros países y organismos internacionales ofrecieron asistencia humanitaria.
Argentina también decidió enviar ayuda. Dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina trasladaron 32 efectivos y equipamiento humanitario hacia Colombia, incluyendo una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, sistemas de comunicación y otros recursos logísticos. También fueron enviadas 4.000 soluciones alimenticias para apoyar a los damnificados y a los equipos desplegados.
La participación internacional adquiere especial importancia en una emergencia que afecta simultáneamente infraestructura, salud, vivienda y servicios básicos. La cooperación permite complementar las capacidades nacionales en áreas específicas y acelerar la llegada de recursos a las zonas donde son más necesarios.
El impacto sobre las viviendas constituye, sin embargo, uno de los problemas más difíciles de resolver. Casi 30.000 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 134.000 sufrieron daños, lo que significa que cientos de miles de personas deberán enfrentar reparaciones, reubicaciones temporales o soluciones habitacionales permanentes.
La reconstrucción será además un proceso prolongado. No se trata solamente de levantar nuevamente las edificaciones destruidas. Será necesario revisar normas de construcción, determinar cuáles estructuras pueden repararse y cuáles deben ser demolidas y analizar qué zonas presentan mayores niveles de riesgo.
En las áreas donde existen edificios dañados, las autoridades deberán determinar si resulta seguro permitir el regreso de sus habitantes. Esa evaluación puede tomar tiempo y requiere estudios técnicos individualizados.
El terremoto también dejó daños en escuelas, lo que representa otra dificultad para las familias. Más de 3.400 instituciones educativas resultaron afectadas, por lo que el retorno a las actividades normales dependerá en muchos lugares de las condiciones de seguridad de los edificios.
La interrupción educativa puede convertirse en un problema adicional para los niños y adolescentes que perdieron temporalmente sus hogares o debieron trasladarse junto con sus familias. La reconstrucción, por lo tanto, tendrá que contemplar no solo infraestructura física, sino también la recuperación de los servicios esenciales.
En términos económicos, los $30 billones estimados representan un desafío de enormes proporciones. La cifra todavía deberá ser revisada a medida que los equipos técnicos completen los inventarios de daños, pero permite anticipar que Colombia enfrentará una reconstrucción de largo plazo.
También habrá que diferenciar entre los daños directos y las pérdidas económicas indirectas. La destrucción de una vivienda tiene un costo inmediato, pero el cierre temporal de un comercio, la pérdida de producción agrícola, la interrupción del transporte o la reducción de la actividad turística pueden generar efectos que se prolongan durante meses.
La emergencia también afecta las finanzas de las familias. Quienes perdieron sus viviendas o fuentes de ingresos deberán afrontar gastos extraordinarios justamente en un momento en que sus posibilidades económicas pueden haberse reducido.
Por eso, las políticas de reconstrucción deberán combinar ayuda humanitaria inmediata con mecanismos de recuperación económica. Entregar alimentos y refugio permite responder a la emergencia, pero recuperar empleos, comercios, servicios públicos y viviendas será indispensable para que las comunidades puedan volver progresivamente a la normalidad.
El Gobierno colombiano enfrenta ahora una segunda etapa de la crisis. La primera estuvo concentrada en salvar vidas, atender heridos y localizar desaparecidos. La siguiente estará marcada por la reconstrucción de ciudades, viviendas e infraestructura y por la recuperación económica de las zonas afectadas.
El balance humano todavía puede modificarse debido a las 290 personas que permanecen desaparecidas. Al mismo tiempo, la cifra de damnificados puede aumentar conforme las autoridades terminen de inspeccionar viviendas y edificios en zonas rurales y urbanas.
La magnitud de la tragedia explica también la movilización de empresas y gobiernos extranjeros. El terremoto no solo provocó una emergencia inmediata, sino que generó una necesidad de recursos que se extenderá durante un período considerable.
Colombia comienza así una de las etapas más costosas y complejas de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La estimación preliminar de hasta $30 billones en pérdidas muestra que la reconstrucción tendrá una dimensión económica comparable con la magnitud de los daños humanos y materiales. Con cientos de miles de personas afectadas, decenas de miles de viviendas destruidas, miles de centros educativos dañados y una infraestructura sanitaria y vial que necesita recuperación, el desafío ahora será transformar la ayuda de emergencia en un proceso de reconstrucción capaz de devolver viviendas, servicios, empleo y estabilidad a las comunidades golpeadas.
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