Bolivia: el Congreso censuró al ministro de Economía por no asistir a una interpelación

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia censuró este martes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, después de que no asistiera a una interpelación convocada para evaluar su gestión. La votación terminó con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, convirtiendo a Espinoza en el primer integrante del gabinete del presidente Rodrigo Paz en recibir una censura legislativa.

La sesión estuvo marcada desde el comienzo por la ausencia del ministro. Espinoza había solicitado que la interpelación fuera reprogramada debido a compromisos oficiales en Santa Cruz relacionados con el abastecimiento de diésel y posteriormente por un viaje previsto a Brasil junto con otros integrantes del gabinete. La mayoría de los legisladores rechazó esos argumentos y consideró que la obligación de responder ante el Parlamento debía tener prioridad.

Antes de votar la censura, la Asamblea rechazó por 81 votos contra 43 el pedido de Espinoza para postergar su comparecencia. A partir de esa decisión, el pleno avanzó con el tratamiento del orden del día que podía derivar en la censura del funcionario.

La interpelación no se limitaba a una cuestión puntual. El cuestionario incluía 29 preguntas sobre la política monetaria, la planificación macroeconómica y la gestión del Ministerio de Economía, además de asuntos relacionados con las dificultades fiscales, el abastecimiento de combustibles, las operaciones con bonos soberanos y el Presupuesto General del Estado.

El episodio adquirió mayor dimensión porque Bolivia atraviesa un escenario económico complejo, con problemas de abastecimiento de combustibles y fuertes restricciones fiscales. En ese contexto, los legisladores buscaban que el ministro explicara las decisiones adoptadas por el Gobierno y las medidas previstas para enfrentar las dificultades económicas.

La ausencia de Espinoza también fue cuestionada porque no era la primera vez que el ministro tenía dificultades para acudir a una interpelación legislativa. En abril había informado que no podía asistir debido a su participación en reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington. Aquella convocatoria terminó suspendida por falta de quórum.

Esta vez, sin embargo, la Asamblea decidió avanzar. El resultado fue una censura que, de acuerdo con la legislación boliviana, implica la destitución del ministro.

La resolución se fundamenta en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de interpelar y censurar a los ministros. La Ley 1350 establece además el procedimiento para ejecutar la decisión una vez aprobada formalmente.

Existe, no obstante, una controversia sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la censura. El presidente de la Asamblea, Edmand Lara, consideró que los dos tercios debían calcularse sobre los legisladores presentes en la sesión. Como participaron 129 senadores y diputados, entendió que los 91 votos favorables superaban el mínimo requerido.

El presidente del Senado, Diego Ávila, cuestionó esa interpretación y sostuvo que la Constitución exige dos tercios del total de integrantes de la Asamblea, no solamente de quienes estaban presentes. Según ese criterio, el número necesario habría sido de 111 votos. Pese a la controversia, la resolución fue aprobada y enviada al Ejecutivo.

La decisión coloca ahora al presidente Rodrigo Paz ante la obligación de ejecutar la destitución de Espinoza en un plazo máximo de 24 horas, una vez que reciba formalmente la resolución legislativa. La normativa vigente establece ese procedimiento para los ministros que son censurados por la Asamblea.

La legislación, sin embargo, ya no contempla una prohibición automática para que un funcionario censurado pueda volver a ocupar un cargo ministerial en el futuro. La Justicia constitucional dejó sin efecto la disposición que establecía una inhabilitación de tres años.

Más allá de la situación personal de Espinoza, la censura representa el primer enfrentamiento de esta magnitud entre la Asamblea Legislativa y un integrante del gabinete de Rodrigo Paz. La decisión puede convertirse en una señal de la relación que tendrá el Ejecutivo con un Parlamento dispuesto a utilizar sus mecanismos de fiscalización.

El caso también pone bajo presión al Gobierno en un momento en que la economía constituye uno de sus principales desafíos. La falta de combustibles, las restricciones presupuestarias y las dificultades para administrar las cuentas públicas han aumentado la presión sobre el Ministerio de Economía.

La censura no resuelve esos problemas, pero obliga al Ejecutivo a tomar una decisión inmediata sobre quién estará al frente de una de las áreas más sensibles del Gobierno.

La salida de José Gabriel Espinoza abre ahora una nueva etapa para la política económica boliviana. El Gobierno deberá definir rápidamente si acepta la decisión legislativa y designa un reemplazante, mientras la controversia sobre la cantidad de votos necesaria para aprobar la censura podría generar nuevas discusiones políticas y jurídicas. El episodio deja además una advertencia para el gabinete de Rodrigo Paz: la Asamblea está dispuesta a utilizar sus facultades de control cuando considere que un ministro no cumple con la obligación de responder ante el Parlamento.