Las comunidades indígenas agrupadas en la Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) iniciaron este lunes 10 de agosto una movilización que continuará durante el martes 11, con acciones y cierres de rutas en distintos puntos del departamento de Presidente Hayes, para exigir al Estado paraguayo respuestas concretas sobre la compra de tierras, el financiamiento destinado a recuperar y ampliar territorios indígenas y la construcción y reparación de caminos transitables durante todo el año. La protesta se desarrolla pocos días después del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado el 9 de agosto, y coloca nuevamente en el centro del debate una deuda histórica del Paraguay con las comunidades originarias del Chaco. Entre las principales reivindicaciones figura la situación de la comunidad Tooshe Qaltaq, del pueblo Qom, que reclama desde hace años el acceso a tierras propias y para la cual la organización exige que el Presupuesto General de la Nación incluya recursos suficientes para concretar la adquisición pendiente. La CLIBCh también reclama respuestas para otras comunidades con reivindicaciones territoriales abiertas y advierte que la precariedad de los caminos limita el acceso a salud, educación, alimentos, asistencia estatal y oportunidades económicas.

La movilización no representa una protesta aislada ni surgida en las últimas semanas. Durante 2026, distintas comunidades del Bajo Chaco ya habían advertido públicamente sobre la falta de respuestas del Estado y habían planteado reclamos ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Congreso y otras instituciones. En febrero, por ejemplo, representantes de la CLIBCh denunciaron abandono institucional y reclamaron que las autoridades conocieran directamente las condiciones en las que viven las comunidades. En marzo, la organización volvió a cuestionar la falta de atención en la oficina regional del INDI en Villa Hayes, mientras que en junio la comunidad Tooshe Qaltaq volvió a plantear su histórica reivindicación territorial.

La cuestión territorial constituye el núcleo más delicado del conflicto. Para los pueblos indígenas, la tierra no representa únicamente un activo económico o un lugar donde construir viviendas. Está relacionada con la identidad cultural, la organización comunitaria, la producción, la alimentación, el acceso a recursos naturales y la continuidad de sus formas tradicionales de vida. Por eso, la falta de un territorio legalmente reconocido puede afectar prácticamente todas las dimensiones de la vida comunitaria.

El caso de Tooshe Qaltaq refleja esa problemática. La comunidad Qom permanece vinculada a una situación territorial que se prolonga desde hace décadas y, según antecedentes difundidos en junio, familias indígenas continúan viviendo en condiciones precarias en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la altura del kilómetro 153 de la ruta PY12, cerca de General Bruguez, en Presidente Hayes. La comunidad sostiene que necesita una solución definitiva y no medidas temporales que mantengan la incertidumbre sobre su territorio.

La propia documentación legislativa paraguaya muestra que el problema relacionado con la Ruta PY12 tiene antecedentes recientes. En junio de 2026, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados asumió el compromiso de mediar en reclamos de comunidades del Bajo Chaco que denunciaban haber sido afectadas por la construcción de esa ruta sin mecanismos adecuados de compensación por el impacto generado sobre sus territorios.

Esto agrega una dimensión importante al conflicto actual. La infraestructura vial, que para el Estado constituye una herramienta fundamental para integrar el Chaco y facilitar el transporte, puede convertirse simultáneamente en una fuente de tensión cuando atraviesa territorios utilizados o reivindicados por comunidades indígenas y cuando las obras no van acompañadas de mecanismos adecuados de consulta, compensación o solución territorial.

Un derecho reconocido por la Constitución

El reclamo de las comunidades no se basa únicamente en demandas políticas. La Constitución paraguaya reconoce expresamente derechos específicos de los pueblos indígenas.

El artículo 62 reconoce la existencia de los pueblos indígenas como grupos culturales anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo. El artículo 63 garantiza su derecho a preservar y desarrollar su identidad étnica dentro de su hábitat, mientras que el artículo 64 reconoce el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra y establece que el Estado debe proveer gratuitamente tierras en extensión y calidad suficientes para conservar y desarrollar sus formas particulares de vida.

La Constitución también establece que esas tierras tienen características jurídicas especiales: son inembargables, indivisibles, intransferibles e imprescriptibles, además de estar exentas de tributos. Asimismo, se prohíbe remover o trasladar a los pueblos indígenas de su hábitat sin su consentimiento expreso.

El artículo 65, por su parte, garantiza la participación de los pueblos indígenas en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos tradicionales, la Constitución y las leyes nacionales. La Ley 904/1981, Estatuto de las Comunidades Indígenas, también establece como objetivos la preservación social y cultural, la defensa del patrimonio y el acceso a un régimen jurídico que garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos.

Por ello, el reclamo de compra y regularización de tierras debe entenderse dentro de un marco constitucional que ya reconoce esos derechos. La discusión política se concentra, en buena medida, en cómo y cuándo el Estado cumple efectivamente esas obligaciones.

La lista de comunidades pendientes

La movilización del 10 y 11 de agosto no está limitada al caso de Tooshe Qaltaq. La CLIBCh reclama además avances para las comunidades Rodolfito, Makxwawaya, Yámockyaha-Espinillo, El Estribo, Xákmok Kásek y Keyeyhmagategma, que mantienen diferentes reivindicaciones relacionadas con tierras y territorio. La organización sostiene que el problema requiere una política presupuestaria capaz de atender simultáneamente los expedientes pendientes y evitar que nuevas comunidades ingresen en ciclos de espera que pueden durar años.

El caso de Xákmok Kásek resulta especialmente significativo dentro de la historia reciente paraguaya porque se convirtió en uno de los casos emblemáticos de reivindicación territorial indígena y llegó al sistema interamericano de derechos humanos. Esa trayectoria demuestra que los conflictos por tierras indígenas no son solamente asuntos administrativos nacionales, sino que pueden adquirir dimensión internacional cuando las soluciones internas no llegan.

La experiencia acumulada también explica por qué las organizaciones indígenas reclaman que los recursos para compra y restitución de tierras tengan continuidad presupuestaria. Una comunidad puede obtener reconocimiento jurídico, pero si no dispone de un territorio suficiente y seguro, buena parte de los demás derechos continúa siendo difícil de ejercer.

Los caminos son el segundo gran conflicto

El segundo eje de la movilización es aparentemente más cotidiano, pero tiene consecuencias profundas: los caminos.

Las comunidades del Bajo Chaco reclaman que las vías de acceso sean transitables durante todo el año. La exigencia tiene especial importancia en una región donde las condiciones climáticas pueden modificar radicalmente la circulación. Una carretera que permite el paso durante la temporada seca puede quedar prácticamente inutilizada después de lluvias intensas.

La CLIBCh sostiene que esta situación dificulta el acceso a salud, educación, alimentos y otros servicios esenciales, además de limitar las posibilidades de comercialización de productos y el desarrollo económico de las comunidades.

El problema adquiere una dimensión adicional ante la advertencia de la organización sobre posibles efectos asociados al Fenómeno de El Niño. Los líderes reclaman que las obras de prevención comiencen antes de que las condiciones climáticas compliquen todavía más el acceso a las comunidades.

En términos prácticos, un camino en mal estado puede significar que una ambulancia tarde horas en llegar, que un estudiante no pueda trasladarse regularmente a un centro educativo, que una familia tenga dificultades para adquirir alimentos o que un productor no pueda sacar su producción para venderla.

Por eso, las comunidades consideran que la infraestructura vial no debe tratarse como una cuestión secundaria frente a la compra de tierras. Territorio y conectividad forman parte de una misma cadena de derechos y oportunidades.

El Bajo Chaco y una deuda histórica

La situación actual tiene raíces mucho más profundas que las protestas de 2026. La historia territorial de los pueblos indígenas del Chaco paraguayo está marcada por procesos de desplazamiento, pérdida de tierras, expansión de actividades productivas y transformación acelerada del territorio.

Investigaciones sobre la situación territorial indígena en Paraguay documentaron durante décadas la inseguridad de los derechos sobre las tierras ancestrales y el hecho de que numerosos títulos comunitarios no cubren necesariamente la totalidad de los territorios tradicionalmente utilizados por los pueblos.

La particularidad del Chaco hace que este problema tenga características diferentes de las existentes en la Región Oriental. Es un territorio extenso, con grandes distancias, condiciones climáticas extremas y una baja densidad de población. El Chaco representa más del 60 % del territorio paraguayo, pero concentra una proporción reducida de la población nacional. Esa combinación hace que la construcción y el mantenimiento de infraestructura tengan costos elevados y que las comunidades más alejadas puedan quedar aisladas con relativa facilidad.

Al mismo tiempo, la región ha experimentado una fuerte transformación económica. La expansión de actividades ganaderas, infraestructura vial y otros emprendimientos ha aumentado el valor estratégico del territorio chaqueño y, con ello, la importancia de resolver adecuadamente las reivindicaciones territoriales indígenas.

El desafío para el Gobierno de Santiago Peña

La movilización también constituye un cuestionamiento directo a la gestión del presidente Santiago Peña. La CLIBCh sostiene que las comunidades continúan esperando políticas públicas capaces de resolver sus necesidades fundamentales y considera insuficientes las respuestas obtenidas hasta ahora.

Para el Gobierno, el desafío consiste en transformar los reclamos en una agenda institucional con presupuesto, cronogramas, responsables y resultados verificables. Las comunidades no están reclamando únicamente declaraciones de buena voluntad: exigen que los expedientes territoriales avancen y que las obras viales tengan plazos concretos.

El Congreso también tendrá un papel importante. La Comisión de Pueblos Indígenas ya intervino en algunos conflictos durante 2026, incluida la situación de comunidades afectadas por obras de la PY12. La continuidad de esa mediación podría ser determinante para evitar que los reclamos vuelvan a desembocar en bloqueos y protestas recurrentes.

Antes, ahora y después

Antes, el problema territorial indígena del Chaco fue acumulándose durante décadas mediante expedientes, promesas, procesos administrativos y reivindicaciones que muchas veces pasaron de un gobierno a otro sin una solución definitiva.

Ahora, en agosto de 2026, las comunidades decidieron volver a las rutas para recordar que los derechos reconocidos por la Constitución necesitan convertirse en políticas públicas concretas. La movilización de los días 10 y 11 no se limita a una celebración o protesta simbólica por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas: constituye un reclamo político y territorial dirigido directamente al Estado paraguayo.

Después de la movilización, el punto decisivo será determinar si habrá una respuesta institucional capaz de evitar que el conflicto vuelva a repetirse. Para las comunidades, una solución real implicaría avanzar en la compra y regularización de tierras, aumentar los recursos destinados a las reivindicaciones territoriales pendientes y garantizar caminos transitables durante todo el año.

Si esas medidas no llegan, es probable que el conflicto continúe trasladándose periódicamente a las rutas y a las instituciones públicas. Si, en cambio, el Gobierno consigue establecer un calendario verificable para las tierras, recursos presupuestarios suficientes y un programa permanente de infraestructura vial, la movilización podría convertirse en el punto de partida de una nueva etapa de diálogo.

El debate de fondo es mucho mayor que una protesta de dos días. Paraguay tiene reconocidos constitucionalmente los derechos territoriales, culturales y participativos de sus pueblos indígenas; el verdadero desafío es demostrar que esos derechos pueden hacerse efectivos en el territorio, especialmente en regiones como el Bajo Chaco, donde la distancia, el clima, la infraestructura y la presión sobre la tierra convierten cada decisión pública en una cuestión directamente vinculada con la supervivencia y el desarrollo de las comunidades.