Abelardo De la Espriella, Presidente de Colombia
Las autoridades colombianas evitaron lo que habría podido convertirse en uno de los mayores atentados de los últimos años tras interceptar un bus que transportaba 420 kilogramos de explosivos y que, según las investigaciones preliminares, tenía como destino la ciudad de Cali para ejecutar ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública durante la jornada de posesión presidencial.
El operativo fue realizado por unidades de la Policía Nacional sobre la vía Panamericana, en el kilómetro 87, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca. Durante la inspección del vehículo, los uniformados hallaron siete cilindros cargados con nitrato de amonio que, de acuerdo con las autoridades, estaban acondicionados para ser utilizados en una acción terrorista de gran magnitud.
Las primeras líneas de investigación apuntan a que el cargamento estaría relacionado con el frente Jaime Martínez, estructura perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas Farc, organización señalada de operar bajo el mando de alias Iván Mordisco. Información de inteligencia militar indica que la operación habría sido ordenada con el propósito de ejecutar un ataque de alto impacto contra unidades del Ejército y la Policía durante los actos oficiales previstos en Cali.
Especialistas antiexplosivos realizaron la destrucción controlada del material incautado, evitando cualquier riesgo para la población y garantizando la seguridad en la zona donde fue localizado el vehículo.
La incautación se produjo pocos días después de que el presidente Gustavo Petro advirtiera públicamente sobre reportes de inteligencia que alertaban de la existencia de importantes cantidades de explosivos en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, así como de posibles amenazas contra los eventos relacionados con la posesión presidencial.
Frente a ese escenario, las autoridades desplegaron uno de los mayores dispositivos de seguridad recientes en la capital del Valle del Cauca. Más de 11.100 integrantes de la Fuerza Pública fueron destinados para proteger los actos oficiales, que contarán con la asistencia de cerca de 6.000 personas, entre ellas delegaciones internacionales.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que el Ejército asumirá la vigilancia de los principales corredores de ingreso a la ciudad, mientras que 1.500 policías adicionales reforzarán la seguridad en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, la infraestructura hotelera, las sedes oficiales y los puntos estratégicos de concentración.
Toda la operación será coordinada desde un Puesto de Mando Unificado Nacional que permanecerá en funcionamiento permanente durante las actividades. Además, las autoridades mantendrán vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que permita anticipar o neutralizar cualquier amenaza contra la seguridad pública.
Como parte de las medidas extraordinarias, también fue decretada la ley seca en Cali entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de los responsables y determinar el alcance del plan que, según las autoridades, fue desarticulado antes de que pudiera ejecutarse.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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