La Revolución Ciudadana competirá en las seccionales de noviembre bajo alianzas con el Partido Socialista y Unidad Popular, en medio de un debate nacional sobre el deterioro de la seguridad frente a etapas anteriores

Quito/Guayaquil. El escenario electoral ecuatoriano volvió a moverse esta semana con la confirmación de que la Revolución Ciudadana, el movimiento fundado por el expresidente Rafael Correa, participará en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre pese a la suspensión que le impide inscribir candidaturas bajo su propio nombre. La organización, liderada actualmente por Gabriela Rivadeneira, anunció una alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular (UP) que le permitirá presentar aspirantes en distintas circunscripciones del país a través de la personería jurídica de esas fuerzas. El mecanismo no contempla una candidatura única de alcance nacional, sino una estructura flexible que se adaptará provincia por provincia: en algunos territorios los candidatos correístas aparecerán respaldados por el PSE, en otros por Unidad Popular, y en otros más mediante coaliciones con movimientos locales. La decisión pone fin a semanas de incertidumbre sobre la participación del principal bloque opositor en los comicios locales, considerados una prueba clave de su capacidad de movilización tras perder su registro propio.

La estrategia tiene, además, una carga simbólica que no pasó inadvertida entre analistas políticos en Quito. Unidad Popular fue durante años uno de los críticos más persistentes de los gobiernos de Correa, sosteniendo confrontaciones frecuentes en materia educativa, sindical e institucional con el correísmo en el poder. Que ambas fuerzas compartan hoy una plataforma electoral remite a la coalición de izquierda que respaldó la primera candidatura presidencial de Correa en 2006, alianza que terminó fracturándose una vez que este asumió el gobierno. Las primeras definiciones territoriales ya circulan: en Quito, el alcalde Pabel Muñoz buscará la reelección respaldado por una coalición que integra a las organizaciones del acuerdo, mientras que en Guayaquil la candidatura impulsada por el correísmo se inscribirá bajo el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral deberá ahora calificar las listas presentadas por las distintas alianzas antes de que quede definido el mapa completo de postulantes a prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales.

Este resurgimiento electoral del correísmo ocurre en un contexto nacional dominado por la discusión sobre seguridad, un tema que sus dirigentes han utilizado reiteradamente para contrastar la gestión de Correa con la situación actual. Los datos oficiales respaldan que Ecuador atraviesa su período más violento desde que existen registros sistematizados. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), el país cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia reciente, equivalente a un promedio de 25 muertes violentas por día. InSight Crime, centro de pensamiento especializado en crimen organizado, ubicó a Ecuador como el país más violento de América Latina en 2025 por tasa de homicidios, por delante de Colombia y Honduras, con un salto interanual del 31,2% frente a 2024, cuando la tasa había sido de 38,8. El deterioro frente a la década pasada es igualmente pronunciado: el país pasó de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2020 a cifras cercanas a 45 en 2024, y el primer semestre de 2026 registra un incremento del 731% respecto al mismo período de 2016.

La geografía de la violencia también se ha reconfigurado. Aunque Guayas continúa concentrando el mayor número absoluto de homicidios —hasta el 44% del total nacional en enero de 2026—, la provincia de Los Ríos emergió como el territorio con la tasa más alta del país, alcanzando 130,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, un nivel comparable al de las zonas más violentas de la región. Especialistas de la Policía Nacional y de organizaciones como GI-TOC atribuyen este recrudecimiento a la disputa territorial entre Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas más poderosas del país, cuya fragmentación se aceleró tras la captura en 2025 de líderes de alto perfil como Adolfo Macías Villamar, alias «Fito». Paradójicamente, esas capturas —lejos de pacificar el territorio— desataron nuevas olas de violencia entre facciones rivales que compiten por controlar las rutas del narcotráfico. A esto se suma el reposicionamiento de Ecuador como corredor estratégico de la cocaína producida en la región andina, un fenómeno que organizaciones especializadas vinculan al desplazamiento de rutas tradicionales y al aumento de más del 50% en el número de bandas activas entre 2023 y 2024. Pese a los sucesivos estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, el primer semestre de 2026 registró 4.154 homicidios intencionales —una reducción del 10,8% frente a 2025, pero todavía el segundo semestre más violento de la serie histórica—.

El contraste entre esos números y la etapa correísta alimenta un debate político que trasciende lo estadístico. Dirigentes y simpatizantes de la Revolución Ciudadana sostienen que, durante los gobiernos de Correa (2007–2017), Ecuador combinó tasas de homicidios sensiblemente más bajas con un período de expansión del gasto social y de infraestructura financiado por los altos precios del petróleo, además de un posicionamiento del país como destino turístico regional en ascenso. Sectores críticos, en cambio, señalan que ese ciclo coincidió con el fin del boom petrolero, un endeudamiento externo creciente hacia el tramo final del mandato y denuncias documentadas por organismos de prensa y derechos humanos sobre persecución judicial a medios y opositores. También apuntan que la baja violencia de esos años respondía en buena medida a una geografía del narcotráfico regional distinta a la actual, previa al desplazamiento de rutas hacia Ecuador que se aceleró después de 2017, ya bajo los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el propio Noboa. Es decir: el quiebre estructural de la seguridad ecuatoriana es, según el consenso de los observatorios de crimen organizado, un fenómeno posterior a la salida de Correa del poder, aunque la interpretación sobre cuánto explican los gobiernos sucesivos frente a factores externos —como la reconfiguración de los carteles mexicanos y colombianos— sigue siendo objeto de disputa entre analistas.

Con las seccionales de noviembre como próximo test electoral, el correísmo intentará capitalizar el malestar ciudadano por la inseguridad para recuperar terreno político, aun operando bajo el paraguas de otras organizaciones. La consolidación de la alianza con el PSE y Unidad Popular será determinante para medir si la marca correísta conserva capacidad de movilización pese a las restricciones legales que enfrenta, mientras el gobierno de Noboa continúa defendiendo sus políticas de mano dura como respuesta a una crisis que, según los propios datos oficiales, aún está lejos de resolverse. El resultado de noviembre funcionará, en ese sentido, como un termómetro tanto de la vigencia electoral del correísmo como de la paciencia ciudadana frente a casi una década de escalada de violencia ininterrumpida.