**La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La decisión judicial está vinculada con los 53 días de bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026, movilizaciones que paralizaron amplias regiones del país, provocaron un severo impacto económico y dejaron víctimas fatales durante los enfrentamientos.
La orden fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, que sostiene que existen elementos suficientes para investigar la presunta responsabilidad del exmandatario en la organización y promoción de las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según la resolución, las movilizaciones no solo interrumpieron la circulación de personas y mercancías en las principales carreteras del país, sino que también afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, ocasionando importantes pérdidas económicas para distintos sectores productivos. Las autoridades consideran que los hechos trascendieron el ámbito de la protesta social y podrían configurar delitos contra la seguridad del Estado.
Durante los más de cincuenta días de bloqueos, Bolivia enfrentó una de las mayores crisis de movilidad de los últimos años. Numerosas rutas nacionales permanecieron cerradas, afectando el transporte de carga, el comercio exterior y la actividad agrícola e industrial. Diversas organizaciones empresariales y cívicas denunciaron millonarias pérdidas económicas, mientras que el Gobierno desplegó operativos policiales y militares para restablecer la circulación. De acuerdo con las investigaciones oficiales, la crisis dejó 22 personas fallecidas, además de decenas de heridos y cuantiosos daños a la infraestructura pública y privada.
Evo Morales rechazó las acusaciones y calificó la decisión de la Fiscalía como una «persecución política», asegurando que el proceso busca apartarlo definitivamente de la vida política boliviana. Desde el Trópico de Cochabamba, donde mantiene su principal base de apoyo, el exmandatario afirmó que no se dejará intimidar y sostuvo que las denuncias judiciales pretenden desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa el país. Sus seguidores también denunciaron que el proceso responde a motivaciones políticas y anunciaron que continuarán defendiendo al exgobernante mediante acciones legales y movilizaciones sociales.
La nueva orden de aprehensión se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el exmandatario. Desde años anteriores, Morales ya era objeto de investigaciones relacionadas con diferentes causas penales, lo que ha incrementado la tensión entre el oficialismo y el movimiento político que continúa respaldándolo. Paralelamente, otros dirigentes sindicales y sociales vinculados a las protestas también enfrentan investigaciones por su presunta participación en los bloqueos, ampliando el alcance de las actuaciones del Ministerio Público en uno de los episodios políticos más delicados de la Bolivia reciente.
La decisión de la Fiscalía profundiza la incertidumbre política en Bolivia en un momento en que el país busca recuperar la estabilidad institucional y reactivar su economía. Analistas consideran que la ejecución de la orden de aprehensión podría generar nuevas tensiones entre las autoridades y los sectores afines a Evo Morales, especialmente en regiones donde conserva un importante respaldo político y sindical. Mientras el Gobierno sostiene que las investigaciones responden al cumplimiento de la ley y a la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos durante los bloqueos, la oposición y los seguidores del expresidente mantienen que se trata de un proceso con motivaciones políticas. La evolución de este caso tendrá un impacto significativo tanto en el escenario político interno como en la imagen internacional de Bolivia.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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