

La palabra “Biblia” es llana. Se pronuncia sin aspavientos, con el acento en la primera sílaba y sin tilde, como quien habla bajito. Lo que la rodea, en cambio, hoy se ha vuelto esdrújulo. Me refiero a lo político, retórico, estético, estratégico y simbólico; incluso, a veces, se torna bélico, táctico, fanático, apocalíptico y hasta diabólico.
Crecí en un país donde la Biblia ha estado en todas partes sin necesidad de decretos. Estaba en la mesa de noche de mi abuela, y en la sala de su casa había una Biblia gigante que siempre permanecía abierta en el Salmo 91. Nadie tuvo que aprobar una ley para que ese libro fuera parte de nuestra manera de nombrar dolores y esperanzas. Por eso me cuesta entender cuál sería la novedad de un “día nacional” de la Biblia.
Hace unos días, la congresista y pastora evangélica Sara Castellanos anunció un proyecto de ley para declarar el 31 de octubre como Día Nacional de la Biblia. Dice que se trata de reconocer la influencia cultural y religiosa del libro y de ofrecer un espacio de conmemoración a católicos y cristianos. Insiste en que la propuesta “no obliga a nadie” y en que “no se trata de un nuevo festivo”. Puedo entender, incluso, cierta buena fe. Lo que no puedo es ignorar que una cosa es la intención de quien presenta una ley y otra su significado político una vez que existe.
Empecemos por lo básico: esto ya lo vimos varias veces. Desde 2009, el Congreso ha tramitado varios proyectos parecidos. El 51 de 2009 fijaba el mismo 31 de octubre; el 112 de 2009 proponía un “Día del Estudio de la Biblia” con un cambio al Código Sustantivo del Trabajo (otra esdrújula, y no la última de la lista); el 120 de 2010 llegó a ponencia para primer debate; el 144 de 2013 se hundió por no votarse a tiempo. Ninguno prosperó. Quizás muchos congresistas intuyeron lo que hoy un tribunal ha dicho con todas las letras: que el Estado no tiene por qué ponerle fecha oficial al libro sagrado de una confesión religiosa.
En agosto de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el Acuerdo 040 de 2013 del Concejo de Chía, que celebraba cada 30 de septiembre un “Día de la Biblia”. La razón: el acuerdo desconoció los principios de laicidad, igualdad, pluralismo religioso y neutralidad que deben orientar a las autoridades frente a las creencias. Para el tribunal, conmemorar oficialmente un texto sagrado implica reconocerlo y promoverlo con exclusión de otras expresiones religiosas de una sociedad pluralista. Es una sentencia sobre un municipio, no sobre el Congreso, pero su razonamiento resulta incómodo para quien pretende nacionalizar la misma idea apenas semanas después.
Los defensores del proyecto parten de un argumento serio y real: el Estado colombiano no es hostil a la religión. La Ley 133 de 1994 dice que no hay religión oficial, pero que el Estado no es ateo, agnóstico ni indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. La Constitución garantiza la libertad de cultos. ¡Gracias a Dios! Reconocer la Biblia como patrimonio cultural, dicen, no es imponerla, sino admitir un hecho histórico. Pero hay una distancia grande entre no ser indiferente ante la religiosidad de la gente y consagrar, con fecha y firma, un libro concreto. Lo primero es respeto. Lo segundo empieza a parecerse a otra cosa.
Justamente frente a este libro concreto hay una pregunta que ni ellos quieren contestar: ¿el día de cuál Biblia? La que leen los católicos tiene 73 libros; la Reina–Valera 1960 y la Nueva Traducción Viviente, versiones que predominan en las iglesias evangélicas, tienen 66. Faltan Tobías, Judit, los dos libros de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc, además de algunas secciones de Ester y Daniel. Fíjense en el detalle: hasta los adjetivos con los que nos peleamos por el libro son esdrújulos. Católica. Evangélica. Dos palabras que comparten acento y poco más, porque ahora hay diplomáticos fanáticos. En algunas iglesias evangélicas se ha llegado a llamar “idolatría” a la veneración de la Virgen María; en ciertos sectores católicos conservadores, que hoy hacen activismo político y cargan medallas de consagración mariana, se desprecia la Reina–Valera como una Biblia “mutilada” e “ilegítima”. Ni siquiera, entre ellos, tienen un acuerdo sobre qué contiene el libro que se quiere celebrar, ni sobre quién tiene autoridad para leerlo e interpretarlo. Que se hable entonces de una “unidad cristiana” detrás de este proyecto resulta, como mínimo, problemático.
Los católicos, de hecho, ya tienen su fecha: dedican todo septiembre a la Biblia y el 30 de ese mes, día de San Jerónimo (otra esdrújula en el nombre del santo que tradujo la Biblia al latín), es el centro de la conmemoración. Los evangélicos eligen el 31 de octubre porque recuerda las 95 tesis de Lutero en 1517, es decir, el día en que se rompió la unidad cristiana en Occidente. Escoger esa fecha para un día “nacional” y “de todos” es un gesto estratégico que inclina la balanza cristiana hacia el mundo evangélico. Y es, por cierto, la misma fecha de Halloween, que a nadie se le ocurriría llamar neutral. Quieren volver “evangélico” un día supuestamente “diabólico”, pasando de una esdrújula a otra. Patético.
Quiero ser justo con mis propias convicciones y manifestar que no escribo esto desde el desdén. Todo lo contrario. Creo que la Biblia es una de las bibliotecas más extraordinarias que ha producido la humanidad: poesía, ley, historia, sabiduría, protesta, consuelo. Y precisamente porque la respeto, desconfío de las leyes que pretenden “honrarla”. San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, y la frase vale como advertencia contra la ignorancia, no como excusa para decretar un “día nacional”. El papa Francisco entendió algo parecido cuando creó, en 2019, el “Domingo de la Palabra de Dios”, y aun así advirtió que el día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez al año, sino una vez para todo el año”. Dos años después añadió que hay que acercarse a ella sin “segundas intenciones, sin instrumentalizarla”. Segundas intenciones es la expresión precisa para lo que está pasando en este país esdrújulo.
Creo que el problema no es la ley en abstracto, sino todo su contexto. Este proyecto no cae en un terreno neutral. Estamos en el gobierno de la autodenominada “Patria Milagro”, que citó versículos durante toda su campaña presidencial y que repartió a sus ministros, en un retiro espiritual días antes de la posesión, una Biblia propia: la “Biblia Milagro”. Azul profundo, título dorado, una bandera de Colombia mal proporcionada, un mapa del territorio nacional hecho con inteligencia artificial en el que se perciben deformaciones geográficas, el Sagrado Corazón superpuesto y, en la parte baja, el logo de los Defensores de la Patria, el partido del presidente. En una sola portada conviven el texto sagrado, los símbolos patrios, una devoción católica particular y una marca partidista. Que la bandera y el mapa estén mal hechos sería casi cómico si no fuera revelador: ni siquiera se cuidaron los detalles de aquello que se usa para “consagrar” la nación.
Un presidente tiene todo el derecho de creer, rezar y hasta predicar en su vida privada. Pero una Biblia con el logo de su partido en la portada no es expresión de fe. Es branding. “Para construir una gran nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, dijo De la Espriella. La frase puede incluso ser sincera, pero resulta inquietante en boca de quien está intentando gobernar un país laico, multicultural e interreligioso. ¿Quién decide lo que Dios quiere o no quiere? ¿El presidente? ¿Sus congresistas evangélicos? ¿Sus congresistas católicos? ¿Su asesor espiritual? ¿Quién?
La historia ofrece advertencias que no conviene tomar a la ligera, aunque tampoco hay que exagerar las comparaciones. No somos la Guatemala de Efraín Ríos Montt, presidente evangélico que leía pasajes bíblicos por televisión cada domingo mientras su ejército cometía masacres bajo la idea de una lucha contra las fuerzas del mal. Tampoco somos la República Dominicana de Rafael Trujillo, que gobernó afirmando: “Dios en el cielo, Trujillo en la tierra”. Nadie en este debate propone nada parecido, y decir lo contrario sería injusto. Pero el patrón de fondo es el mismo en escala distinta: el uso de lo sagrado como argumento de autoridad y como identidad partidista. La advertencia no es que toda mención de la Biblia en política sea peligrosa, sino que el riesgo comienza justo donde se confunde la lealtad al gobernante con la lealtad a Dios. El biblista Rafael Aguirre ha insistido en que existe una estrategia global de utilización política de la Biblia, con los peligros de una lectura esdrújula de la Biblia: fanática, bélica, demagógica, mesiánica, tiránica y apocalíptica. Y, por ello, también fundamentalista, patriarcal, xenófoba, racista, homofóbica y supremacista.
Creo que, en todo esto, hay una ironía histórica que me cuesta pasar por alto. Durante La Violencia, en las décadas de 1940 y 1950, los evangélicos colombianos sufrieron hostigamientos, cierres de templos y agresiones. El conservatismo veía con recelo a las misiones protestantes porque asociaba el catolicismo con la “unidad nacional”. Una minoría creyente perseguida por no encajar en la identidad religiosa oficial pesa hoy enormemente en lo sociopolítico; su propia historia debería hacerla la más alerta frente a cualquier religión erigida en identidad estatal. Sí, el Estado laico no protege solo a los ateos: protege, sobre todo, a las minorías religiosas de hoy y a las que nadie ha imaginado todavía. La laicidad es el seguro de vida de quien cree distinto. Queda, además, una pregunta que alguien tendrá que responder en el Congreso. Si se aprueba un día de la Biblia, ¿vendrá luego el del Corán, el de la Torá, el de los libros sagrados de nuestros pueblos originarios, el de los textos de las comunidades afrocolombianas? Si la respuesta es afirmativa, tendremos un calendario saturado de fechas que nadie pidió. Si la respuesta es negativa, habremos admitido que unos libros sagrados valen más que otros ante la ley, que es exactamente lo que dijo el tribunal que no se puede hacer.
Hace unos días, Alberto Linero dijo que entiende el interés por promover la lectura de la Biblia pero que no considera indispensable una fecha oficial, y que lo importante es que la gente viva sus valores. Coincido, y me parece la frase más sensata de todo este episodio. Lo que la Biblia necesita no es un decreto, sino lectores y practicantes. Quien la ama la abre cualquier martes por la noche, sin ceremonia ni cámaras. Quien la usa de estandarte suele ser quien menos la lee. Me viene a la mente un viejo versículo de la carta a Tito, el que habla de quienes profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan (Tito 1,16). No lo digo contra nadie en particular; lo digo como recordatorio de que la fe siempre se juzga por las obras y sus frutos de justicia y paz, no por los seguidores en redes sociales, ni por los tiktoks y los reels que graban mientras oran.
Sara Castellanos dijo: “Hay libros que se leen y libros que construyen país”. Tiene razón, y por eso mismo la Biblia no necesita que el Estado la proteja. Un libro que ha sobrevivido a imperios, inquisiciones, censuras y prohibiciones, que cruzó el Atlántico escondiendo sus imágenes para burlar controles, no se va a debilitar por la falta de un artículo en el Diario Oficial. Lo que sí se está debilitando es el pacto que nos permite creer y vivir juntos en la diferencia. Ese sí necesita cuidado. Y se cuida dejando que cada quien lea el libro que quiera, el día que quiera.
Que la Biblia siga siendo llana y, por ello, profunda e insondable. Las esdrújulas, que se las queden quienes las necesitan. Aprovecho para recordar algunas de las más importantes: amor al prójimo, denuncia profética, ánimo pacífico y espíritu benévolo.
https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-social/la-biblia-no-necesita-un-decreto-sino-lectores-y-practicantes/
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