**El exministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Mauricio Medinaceli, fue aprehendido por orden de la Fiscalía en el marco de la investigación sobre la distribución de gasolina adulterada, un caso que afectó a decenas de miles de vehículos y desencadenó una de las mayores crisis de confianza en el sistema de abastecimiento de combustibles del país. La detención se produjo tras la presentación de un informe de una comisión especial de la Cámara de Diputados, que identificó presuntas responsabilidades administrativas y políticas en la importación, control y comercialización del combustible cuestionado.

Durante su gestión, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, Medinaceli estuvo al frente del ministerio encargado de supervisar la política energética nacional. Según la investigación, en ese período se habría autorizado la distribución de gasolina que presentaba observaciones técnicas sobre su calidad y que previamente había sido inmovilizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La Fiscalía considera que existen indicios suficientes para investigarlo por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, mientras continúan las diligencias para establecer el grado de responsabilidad de otros exfuncionarios.

El denominado caso de la «gasolina basura» comenzó a salir a la luz a principios de 2026, cuando miles de conductores denunciaron fallas mecánicas en sus vehículos después de cargar combustible en estaciones de servicio de distintas regiones del país. Posteriormente, análisis técnicos detectaron la presencia de sustancias como manganeso y residuos de goma, elementos que alteraban la composición del combustible y podían ocasionar daños en motores, sistemas de inyección y otros componentes mecánicos. Hasta finales de junio, YPFB recibió más de 70.000 reclamaciones relacionadas con esta situación.

El informe legislativo sostiene que las irregularidades no se limitaron a fallas técnicas, sino que también estuvieron relacionadas con decisiones administrativas que flexibilizaron los controles de calidad durante la importación de combustibles. Los investigadores señalaron que algunos procedimientos fueron reducidos a verificaciones documentales y visuales, sin realizar todos los análisis de laboratorio exigidos por la normativa. Asimismo, identificaron posibles irregularidades en contratos de importación y en la autorización para distribuir combustible que inicialmente había sido inmovilizado por presentar observaciones de calidad.

La crisis del combustible coincidió con un complejo escenario energético para Bolivia, marcado por problemas de abastecimiento, largas filas en las estaciones de servicio y el retiro del histórico subsidio a los combustibles líquidos. Ante el creciente descontento social, el Gobierno implementó un sistema de compensación económica para los propietarios de vehículos afectados y anunció una revisión integral de los mecanismos de importación, almacenamiento y control de calidad del combustible. Sin embargo, organizaciones de transportistas cuestionaron la eficacia de esas medidas y exigieron mayores responsabilidades políticas por los perjuicios ocasionados.

La aprehensión de Mauricio Medinaceli representa uno de los avances judiciales más relevantes dentro de la investigación sobre el escándalo de la gasolina adulterada. No obstante, el proceso continúa y podría alcanzar a otros exfuncionarios, exdirectivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, además de quienes participaron en las decisiones relacionadas con la importación y distribución del combustible. El desenlace del caso será determinante para esclarecer las responsabilidades institucionales y recuperar la confianza de la población en el sistema energético boliviano.