A pocos días de la asunción presidencial de Keiko Fujimori, organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos comenzaron a coordinar una estrategia común para enfrentar los desafíos del nuevo escenario político. Los movimientos sociales sostienen que la unidad será fundamental para defender los derechos ciudadanos, el medio ambiente y las garantías democráticas frente a un gobierno que genera preocupación en diversos sectores de la sociedad peruana.
Perú se prepara para una nueva etapa política con la próxima asunción de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República el 28 de julio. En paralelo, numerosas organizaciones sociales han iniciado un proceso de articulación nacional con el propósito de coordinar acciones conjuntas frente a las políticas que podría impulsar la nueva administración. Representantes de movimientos indígenas, organizaciones campesinas, sindicatos, colectivos ambientalistas y defensores de los derechos humanos coinciden en que actuar de manera coordinada será determinante para preservar los espacios democráticos y proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Los dirigentes sociales sostienen que la principal preocupación no radica únicamente en el cambio de gobierno, sino en el conjunto de reformas legislativas aprobadas durante los últimos años por un Congreso donde el fujimorismo ejerció una fuerte influencia política. Según diversas organizaciones civiles, algunas de esas normas podrían limitar el derecho a la protesta, modificar la investigación de presuntos abusos cometidos por fuerzas de seguridad y reducir los mecanismos de protección para defensores ambientales y líderes comunitarios.
Uno de los sectores más activos ha sido el movimiento indígena y campesino de las regiones andinas y amazónicas. Sus representantes expresan preocupación por la expansión de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura en territorios donde existen conflictos socioambientales desde hace varios años. También reclaman mayores garantías para el acceso al agua, la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de los procesos de consulta previa establecidos en la legislación peruana y en convenios internacionales.
Las organizaciones de derechos humanos también advierten sobre el riesgo de retrocesos en materia de justicia. Diversos colectivos sostienen que modificaciones recientes al marco legal podrían dificultar la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas tanto durante el conflicto interno de las décadas de 1980 y 1990 como en las protestas sociales ocurridas entre 2020 y 2025. Familiares de víctimas han solicitado al nuevo gobierno garantizar la independencia judicial y evitar cualquier forma de impunidad.
El escenario político peruano llega a este cambio de gobierno después de más de una década marcada por una profunda inestabilidad institucional. En los últimos diez años el país atravesó sucesivas crisis presidenciales, cambios de mandatarios, enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y una creciente polarización política. Analistas consideran que este contexto debilitó la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y aumentó la movilización de organizaciones sociales en distintas regiones del país.
Los movimientos sociales afirman que su estrategia estará centrada en la coordinación nacional y en la movilización pacífica. La intención, según varios dirigentes, es evitar que las distintas demandas sociales permanezcan aisladas y fortalecer una agenda común que incluya la defensa de los derechos laborales, ambientales, territoriales y de participación ciudadana. El lema «ni pesimismo ni dispersión» resume esa voluntad de construir una respuesta colectiva frente a los desafíos que anticipan durante el nuevo mandato.
Especialistas en política peruana señalan que la relación entre el nuevo gobierno y las organizaciones sociales será uno de los principales factores para determinar el nivel de estabilidad institucional durante los próximos años. Un escenario de diálogo podría reducir las tensiones acumuladas, mientras que una escalada de confrontaciones aumentaría el riesgo de nuevas movilizaciones y conflictos sociales, especialmente en regiones donde existen disputas vinculadas con actividades extractivas y desarrollo territorial.
La presidenta electa, por su parte, ha manifestado que buscará impulsar un gobierno orientado a la recuperación económica, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil sostienen que observarán con atención las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo antes de definir el alcance de futuras movilizaciones.
Con la toma de posesión prevista para el 28 de julio, Perú inicia un nuevo ciclo político marcado por grandes expectativas y profundas divisiones. Mientras el nuevo gobierno prepara sus primeras medidas, los movimientos sociales buscan consolidar una red nacional de coordinación que les permita responder de manera organizada a los cambios políticos, convencidos de que la unidad será un elemento clave para defender los derechos ciudadanos y participar activamente en el futuro democrático del país.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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