¿ El camino de legalizar polizontes como docentes certificados sin títulos ?

La aprobación del Plan de Egreso y Titulación de Docentes en Ejercicio de Educación Media por parte del Codicen abrió una enorme controversia y que además busca incumplir el artículo 163 de la LUC – ratificada expresamente- que claramente estableció que “En Educación Media el título habilitante será condición indispensable será acceder a la efectividad en cargos u horas de docencia directa”. Aunque adicionalmente la norma estableció que se desarrollaran acciones tendientes a que quienes realizan tareas docentes obtengan el título a través de programas diseñados a tal efecto, es claro que son programas académicos como educación virtual o cursos intensivos para concluir los estudios.  La propuesta presentada habilita sin embargo la titulación de docentes con ocho o más años de ejercicio, al menos 50% de la carrera cursada, puntaje mínimo de 71 en el último trienio y desempeño en Secundaria o UTU y no constituye un programa académico sino que crea una vía excepcional de certificación que altera los estándares académicos de la carrera, habilitando un camino para polizontes académicos. Desde una perspectiva de calidad, el título docente no es una constancia laboral, sino la certificación pública de un perfil profesional de egreso construido mediante contenidos disciplinares, didácticas específicas, práctica preprofesional, evaluación sistemática y cumplimiento de un plan de estudios.

El Reglamento de las carreras del CFE, Plan 2023, vincula la formación de grado con trayectos, unidades curriculares, evaluación y requisitos académicos. Por tanto, la norma es establecer el cumplimiento de la titulación en primera instancia y excepcionalmente cualquier mecanismo  debe establecer estándares equivalentes académicos (cursos, exámenes, etc.) y no meramente requisitos administrativos. Sin embargo, las autoridades justifican la medida en que la existencia de más de 6000 docentes sin título, muchos de los cuales comenzaron a trabajar antes de egresar y luego no culminaron sus estudios, y en la demanda de ellos de poder concursas. Se argumenta además que la baja de matrícula prevista hacia 2029, dejará expuestos a estos docentes no titulados al riesgo de perder sus horas de clase.

Sin embargo, es claro que el hecho de que exista un mandato de promover la titulación no implica que cualquier procedimiento sea válido ni que cumpla estándares de calidad. La norma no autoriza a reducir el peso de la formación inicial ni crear caminos de polizontes como sustitutivos de la carrera, sino exigir la titulación e impulsar que aquellos que no concluyeron tengan mecanismos para poder flexibilizar esos recorridos incompletos. Se debe incentivar la formación y no sustituirla, por presiones corporativas dirigida a determinados docentes sin formación completa, dada la exigencia tanto de requisitos legales de garantías académicas establecidas como las conveniencias de los propios estudiantes. El plan es un atajo administrativo para permitir polizontes y que compitan en igualdad de condiciones que los que han hecho los esfuerzos. Ello más que reconocer trayectorias (que todos tienen)  desestimulará la carrera regular agravando un problema histórico de bajo egreso al poner en igualdad de condiciones a aquellos que no tienen los méritos que son constitucionalmente la única causa de diferenciación. Esta norma hace que la calidad docente dependa menos de la formación institucional que de la experiencia acumulada, en contra de las tendencias globales ante la obsolescencia del conocimiento. Se ha planteado que la norma implica una degradación del título.

El Sidfe (Sindicato del CFE) calificó como “títulos de cartón”, y APLU cuestionó su legalidad, defendiendo el papel histórico de las didácticas específicas y advirtió que titular a quienes no cursaron la carrera completa implica desprofesionalización y caída de la calidad. La representante docente en el CFE sostuvo que este camino más fácil puede desestimular la carrera regular. Todos coinciden que el impacto institucional será significativo, y que este acceso a la efectividad, afectara los indicadores futuros de titularidad,  deteriorará simbólica y académicamente el título e impactará en la evaluación y los méritos, ya que la formación completa y el egreso real quedará desplazado por una validación de antigüedad docente frente al mérito. Esto afectará además el ingreso de jóvenes profesores que culminen la carrera regular, siendo una política que generará nuevas desigualdades entre titulados por trayectoria, titulados por carrera completa y estudiantes que aún cursan.

Las causas de esta propuesta se ubican entre política y méritos. A contramano de las propuestas de la LUC y la gestión anterior, se opta por populismo académico y no por profesionalización docente. Los problemas del CFE son la baja eficiencia de egreso, la inserción laboral temprana, la escasez de titulados en áreas críticas y la incapacidad de ofrecer trayectorias flexibles sin debilitar estándares, y esta propuesta no es la solución en términos de calidad ni incentivo a la graduación. Sin duda que no se debe rechazar toda acreditación de experiencia pero tampoco aceptar una titulación abreviada sin controles. Una política de calidad exigiría separar apoyo al egreso y titulación excepcional, definir perfiles equivalentes, evaluar didácticas específicas, exigir práctica supervisada, establecer tribunales independientes, transparentar créditos y asegurar una conducción académica en el CFE. La experiencia puede ser reconocida, pero no debe reemplazar la formación; debe ser evaluada, contrastada y complementada, y no en una docencia que allí todos tienen.

En definitiva, el plan es una propuesta institucionalmente riesgosa en tanto es más probable que no transforme trayectorias inconclusas en una formación efectiva y que apenas convierta un déficit estructural en una falsa estadística favorable. Desde la calidad, la pregunta decisiva no es cuántos títulos se otorgarán, sino qué garantía tendrá de reforzar una lógica endogenista, de baja calidad y alejarse de la política del mérito que es la base de una formación docente integral, universitaria, verificable y equivalente para todos.

Publicado por: Eco. Claudio Rama

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