Germán Calderón España
El abogado constitucionalista, Germán Calderón España decidió llevar a los estrados judiciales su disputa con la Revista Raya. Ante la Fiscalía General de la Nación presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de injuria y calumnia, al considerar que un reportaje publicado el pasado 28 de junio contiene información falsa, descontextualizada y orientada, según sostiene, a afectar su reputación personal, profesional y política.
La acción judicial sostiene que el artículo, titulado «Germán Calderón, abogado del presidente electo, fue condenado por corrupción en la Alcaldía de Soacha», presenta como hechos definitivos afirmaciones que, de acuerdo con el denunciante, desconocen decisiones posteriores de la justicia y omiten actuaciones de organismos de control que terminaron favoreciendo su posición jurídica.
En el documento radicado ante la Fiscalía, Calderón afirma que el titular del reportaje constituye el principal agravio contra su honra y buen nombre, al presentar como una verdad absoluta que fue condenado por corrupción. Según expone, la publicación omite que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de casación, modificó parcialmente la decisión adoptada en instancias anteriores y declaró extinguida la acción penal respecto del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La defensa sostiene que la Revista Raya dejó por fuera elementos determinantes del expediente y construyó un relato que buscó asociarlo con actos de corrupción, pese a que, según afirma, las decisiones posteriores y otros pronunciamientos oficiales desvirtúan esa interpretación.
Entre los principales argumentos de la denuncia también figura que el medio habría afirmado erróneamente que Calderón recibió dos contratos para la instalación de señales de tránsito en Soacha, cuando, según la documentación aportada, únicamente celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 034 de 1998.
El escrito asegura igualmente que la publicación sostuvo que las 650 señales de tránsito nunca fueron instaladas. Sin embargo, la defensa afirma que existe un Acta de Recibo a Satisfacción expedida por la Alcaldía de Soacha el 16 de marzo de 1999, en la que se certifica la entrega e instalación de las señales contempladas en el contrato, documento que, según Calderón, fue omitido por el medio.
Otro de los puntos centrales de la denuncia hace referencia a la actuación de los organismos de control. De acuerdo con Calderón y su equipo jurídico, la Contraloría absolvió el caso tanto en primera como en segunda instancia, mientras que un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable a su defensa y solicitó su absolución durante el trámite del proceso.
La defensa insiste además en que la acción penal terminó prescrita y sostiene que, con la prescripción, desaparecen las consecuencias penales dentro de la vida jurídica del procesado, razón por la cual considera improcedente presentar actualmente a Calderón como una persona condenada por corrupción.
En la denuncia también se cuestiona que el reportaje atribuya a la Corte Suprema una supuesta confirmación integral de la condena. Según Calderón, la decisión del alto tribunal estuvo concentrada en aspectos estrictamente jurídicos relacionados con su condición de particular y no de servidor público, circunstancia que, asegura, fue omitida por la publicación para reforzar una narrativa que lesionara su imagen.
El abogado sostiene igualmente que la Revista Raya dejó de lado información oficial que, según afirma, podía verificarse fácilmente, como la consulta de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, donde asegura no registrar asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Para Calderón, la publicación no solo afectó su honra y buen nombre, sino que también perjudicó su trayectoria profesional y su imagen pública en momentos en que ejerce actividades de relevancia nacional como abogado y asesor constitucional. En la denuncia sostiene que el contenido del reportaje responde a una intención de desacreditarlo mediante información que considera falsa, inexacta y descontextualizada.
Antes de acudir a la vía penal, el jurista informó que presentó una solicitud formal de rectificación por información que considera no veraz, mecanismo previsto para la protección de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Sin embargo, sostiene que esa actuación resulta insuficiente frente al alcance de los perjuicios ocasionados por la publicación.
Además de la denuncia penal, Germán Calderón anunció que también promoverá una demanda ante la jurisdicción civil ordinaria por el presunto daño reputacional que, asegura, le ocasionó el reportaje. Según explicó, reclamará una indemnización superior a los 1.000 millones de pesos, cifra que, de acuerdo con su versión, ya fue certificada mediante un dictamen elaborado por su contador. El abogado sostiene que ese monto corresponde a los perjuicios económicos, profesionales y reputacionales derivados de la publicación, por lo que solicitará a los jueces que ordenen la reparación integral de los daños que afirma haber sufrido. La controversia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la libertad de prensa, el deber de verificar la información y la protección constitucional de la honra y el buen nombre
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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