A pocas horas de una de las elecciones más decisivas de la historia reciente de Colombia, la relación de Abelardo de la Espriella con los medios de comunicación se ha convertido en uno de los temas que más preocupación genera entre organizaciones de libertad de prensa, periodistas y defensores de derechos humanos.
Mientras el candidato presidencial sostiene que su actuación ha estado encaminada a defender su honra y la de sus clientes frente a informaciones que considera falsas o difamatorias, sectores del periodismo colombiano advierten sobre un largo historial de acciones judiciales, confrontaciones públicas y estrategias que, según denuncian, han contribuido a crear un ambiente de presión contra quienes investigan o cuestionan su trayectoria.
El debate no es nuevo. Mucho antes de su salto a la política electoral, De la Espriella construyó una figura pública como abogado penalista en algunos de los casos más mediáticos y controvertidos del país. Su participación en procesos relacionados con DMG, la Fundación Iniciativas para la Paz y el empresario Alex Saab lo ubicó durante años en el centro de la atención mediática y de numerosas investigaciones periodísticas.
De acuerdo con cifras citadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre 2008 y 2019 existían 109 procesos en los que De la Espriella figuraba como denunciante por los delitos de injuria y calumnia. Para organizaciones defensoras de la libertad de expresión, la magnitud de estas acciones ha encendido alertas sobre posibles efectos intimidatorios contra periodistas y medios de comunicación.
La preocupación se ha intensificado durante la actual campaña presidencial. En un reciente pronunciamiento, la FLIP aseguró que existe un patrón de descalificaciones públicas, cuestionamientos a la independencia periodística y acciones judiciales dirigidas contra comunicadores que han investigado o publicado información relacionada con el candidato y su entorno político.
Investigaciones de medios independientes también han documentado procesos judiciales impulsados contra periodistas que, en algunos casos, derivaron en medidas cautelares y embargos mientras avanzaban los litigios. Diversos analistas sostienen que este tipo de actuaciones puede generar efectos de autocensura en un gremio que ya enfrenta amenazas, precariedad laboral y altos niveles de riesgo.
A las disputas en los tribunales se suma una creciente confrontación en el escenario digital. Reportes periodísticos han señalado que figuras cercanas a la campaña han participado en la difusión de narrativas dirigidas contra periodistas y medios críticos, mientras organizaciones especializadas en desinformación han advertido sobre la circulación de contenidos engañosos y campañas de desprestigio en redes sociales.
Los cuestionamientos también han alcanzado episodios relacionados con el trato del candidato hacia comunicadores, especialmente mujeres periodistas, hechos que han derivado en decisiones judiciales y nuevos debates sobre los límites del discurso político frente al ejercicio informativo.
De la Espriella rechaza las acusaciones y asegura que existe una doble vara de medir cuando se trata de la prensa. En repetidas intervenciones públicas ha defendido el derecho de los ciudadanos a controvertir a los periodistas y ha insistido en que muchos comunicadores actúan sin asumir responsabilidades por los errores o afirmaciones que difunden.
“Muchos periodistas se creen intocables”, ha dicho en distintas entrevistas, argumentando que cuestionar a la prensa no puede convertirse en una conducta censurable dentro del debate democrático.
Sin embargo, para organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, el principal interrogante no gira únicamente alrededor de las acciones judiciales ya conocidas, sino sobre el alcance que podría tener el poder presidencial en medio de una relación históricamente conflictiva con sectores de la prensa.
En un país que sigue figurando entre los más peligrosos de América Latina para el ejercicio periodístico, según organismos internacionales, la posibilidad de que un dirigente con este historial llegue a la Casa de Nariño ha abierto una discusión de fondo sobre el futuro de las garantías para informar, investigar y fiscalizar al poder.
Más allá de las posiciones ideológicas y de la polarización electoral, la controversia ha terminado convirtiéndose en una pregunta central para la democracia colombiana: si la prensa podrá seguir ejerciendo su labor crítica sin presiones, o si el enfrentamiento entre periodistas y poder político entrará en una nueva etapa de tensión.
EFE – Carlos Ortega
tomado de France 24
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