EL DILEMA VENEZOLANO DEL MERCOSUR: EL CAMBIO POLÍTICO EN CARACAS REABRE EL DEBATE SOBRE EL REINGRESO QUE DIVIDE AL BLOQUE EN VÍSPERAS DE LA CUMBRE

El eventual reingreso de Venezuela al Mercosur se ha convertido en uno de los temas políticos más divisivos del bloque en vísperas de la cumbre del 30 de junio, tras el cambio de gobierno en Caracas que reabrió un debate que el bloque mantenía congelado desde 2017. Venezuela ha estado formalmente suspendida del Mercosur desde 2017, cuando los Estados miembros activaron la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, justificando la exclusión por las disrupciones en el orden institucional del país y la erosión de los calendarios electorales. La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por una operación estadounidense, configuró un escenario político inédito que el gobierno de transición venezolano busca aprovechar para retornar a los foros regionales.

El proceso de acercamiento ha avanzado a través de gestiones diplomáticas discretas que involucran a los principales actores del bloque. La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio luz verde a una apertura diplomática crucial de Paraguay, que consultó formalmente al Palacio del Planalto sobre la viabilidad de extender una invitación a la vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez para asistir a la cumbre del Mercosur de junio. Los diplomáticos involucrados en las discusiones subrayan que la invitación a Delcy Rodríguez es estrictamente política y simbólica, y que el restablecimiento de los derechos plenos de membresía para la nación caribeña todavía requerirá un proceso técnico prolongado de armonización tarifaria y cumplimiento aduanero. Esta distinción entre el gesto político y la readmisión técnica es clave para entender el alcance real del acercamiento.

Las posiciones de los miembros del bloque ante el reingreso venezolano son marcadamente divergentes y reflejan las distintas orientaciones ideológicas de sus gobiernos. El gobierno interino de Delcy Rodríguez, apoyado por Trump, eligió sus representantes en el Parlasur y recogió apoyos, mientras que la gestión de Milei, cauta, prefiere esperar a nuevas elecciones. Tras la captura de Maduro por parte de fuerzas norteamericanas, Delcy Rodríguez ha venido buscando reforzar la legitimidad de su gobierno, y se acercó a Lula da Silva, con quien conversó en enero, pese a que el líder de Brasil fustigó la operación de Trump contra el sucesor de Hugo Chávez. Esta paradoja —un gobierno apoyado por Trump buscando el respaldo de Lula— ilustra la complejidad del realineamiento político venezolano y las contradicciones que genera en el bloque.

El marco jurídico que regula el reingreso es inequívoco y establece condiciones estrictas que no pueden ser sustituidas por consideraciones políticas. El artículo 7 del Protocolo de Ushuaia establece que la suspensión cesa cuando los Estados Parte verifican el pleno restablecimiento del orden democrático en el país suspendido, una verificación que requiere el consenso de todos los miembros plenos del bloque. Europa no comparte el optimismo de Estados Unidos y va más lento en materia de confianza, exigiendo señales más claras, como la liberación de todos los presos políticos y un cronograma electoral claro, en el corto plazo y sin restricciones para la oposición. Esta cautela europea contrasta con la velocidad con que algunos sectores del bloque buscan normalizar la situación venezolana, y plantea interrogantes sobre la solidez democrática del gobierno de transición.

Para el Mercosur, el dilema venezolano es mucho más que una cuestión de membresía: es una prueba de la coherencia de su identidad como bloque comprometido con la democracia. Si el bloque readmite a Venezuela sin una verificación rigurosa del cumplimiento de los estándares democráticos, debilitaría la credibilidad de su cláusula democrática; si mantiene la suspensión, tendría que justificar por qué las nuevas circunstancias no son suficientes para levantarla. El debate sobre Venezuela es, en este sentido, un espejo de las tensiones entre soberanía, democracia y pragmatismo comercial que definen la política exterior del Mercosur en 2026, y la cumbre del 30 de junio será el escenario donde estas tensiones se manifiesten con toda su intensidad. La forma en que el bloque resuelva este dilema definirá su carácter para las próximas décadas.