El miembro en proceso de adhesión plena del Mercosur, Bolivia, atraviesa la crisis política y social más grave de las últimas décadas, con más de un mes de protestas, bloqueos, represión y un estado de excepción que ha encendido las alarmas de los organismos internacionales de derechos humanos. El presidente Rodrigo Paz promulgó una ley de estado de excepción tras 39 días de protestas en Bolivia, en un contexto de enfrentamientos y fuerte represión. Este lunes se registraron enfrentamientos y fuerte represión en el puente río Kora 2, en el municipio de Vinto, Cochabamba, donde al menos 23 personas fueron detenidas. La escalada de la violencia refleja el agravamiento de una crisis que comenzó en mayo por demandas sectoriales y que escaló hasta convertirse en una exigencia generalizada de renuncia del presidente, impulsada por la Central Obrera Boliviana, la Federación de Campesinos de La Paz y los seguidores del expresidente Evo Morales.
La preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Bolivia ha sido expresada por el máximo organismo del sistema interamericano. El 2 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre graves impactos en los derechos humanos derivados de la crisis social en Bolivia, incluyendo afectaciones al abastecimiento y múltiples fallecidos. Al respecto, el Estado boliviano respondió defendiendo las acciones adoptadas por las instituciones públicas y señaló que la evaluación del conflicto debía considerar también sus consecuencias humanitarias. Esta advertencia del sistema interamericano coloca a Bolivia bajo el escrutinio de la comunidad internacional y plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno de Paz para gestionar la crisis sin incurrir en violaciones a los derechos fundamentales de los manifestantes.
El balance humano de la crisis es trágico y sigue aumentando con cada día de conflicto. Según los registros disponibles, las protestas habían dejado al menos siete muertos y 120 detenidos a fines de mayo, cifras que han seguido creciendo con la intensificación de la represión en junio. El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió luz verde del Congreso, tras 15 horas de debate, para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia. Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país, ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas. El despliegue militar para desbloquear las rutas es una medida de alto riesgo que podría agravar la confrontación y multiplicar las víctimas.
Las advertencias sobre los riesgos para los derechos humanos provienen incluso del propio sistema político boliviano y de la Iglesia. El diputado Edwin Valda alertó sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos, mientras que su colega Sonia Siñani sostuvo que la decisión podía echar «gasolina al fuego» en las protestas. La Iglesia Católica también expresó reparos, señalando que un eventual estado de emergencia «no resolverá el conflicto» y llamando a un diálogo sincero entre el gobierno y los sectores movilizados. El expresidente Evo Morales, por su parte, alertó a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que, según él, debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. Estas voces de alarma, provenientes de distintos sectores, configuran un consenso preocupante sobre los riesgos de la estrategia de mano dura.
Para el Mercosur, la crisis boliviana plantea un dilema institucional de la mayor gravedad. Bolivia es un país en proceso de adhesión plena al bloque, y la activación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático —que el Parlasur ya invocó en su sesión de junio— pone a prueba la coherencia del bloque en la defensa de sus principios democráticos. El Mercosur enfrenta el desafío de pronunciarse sobre la crisis boliviana de manera que preserve la credibilidad de su cláusula democrática sin agravar una situación ya de por sí explosiva, un equilibrio delicado que la cumbre del 30 de junio deberá abordar con la máxima responsabilidad. La forma en que el bloque gestione la crisis de uno de sus miembros en adhesión definirá su credibilidad como custodio de los valores democráticos de la región.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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